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Continúa tranque entre gobierno de Puerto Rico y New Fortress para suplido de gas natural

La gobernadora Jenniffer González dijo que su Administración no descarta acciones legales para recuperar el muelle de San Juan

Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González

Foto de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Crédito: La Fortaleza | Cortesía

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que el contrato heredado con New Fortress Energy (NFE) para gas natural tiene de manos atadas al gobierno local, por lo que no descartan iniciar acciones legales para recuperar la titularidad del muelle de San Juan que controla la empresa extranjera.

“Otro contrato heredado, para dejar las cosas bien claras”, inició la gobernadora en una conferencia el domingo.

“Otro contrato donde se le dio el muelle a esta compañía, un muelle que era propiedad del gobierno de Puerto Rico, de la Autoridad de los Puertos, se le cede como parte de la contratación a esta compañía. La compañía construye esta planta gasificadora que opera actualmente junto a personal de New Fortress y LUMA, lo que nos puso a nosotros en una condición, hace dos semanas, como nunca antes, donde a mi juicio se negaron a proveernos el servicio y tampoco podíamos utilizar el muelle porque son los titulares del muelle como parte de ese contrato”, continuó la primera ejecutiva.

González argumentó que el tranque entre su Administración y New Fortress continúa y no se ha tomado una decisión sobre el rumbo del convenio.

Así que este es un tema que todavía estamos evaluando legalmente en términos de la titularidad de ese muelle. Si nosotros hubiéramos adquirido contratación para recibir gas con otra compañía la planta como quiera trabaja con empleados de New Fortress y LUMA, así que ciertamente el gobierno de Puerto Rico está en una situación de indefensión porque, aún si adquiriéramos nuevamente, el muelle como yo creo que debería ocurrir, tendríamos que tener los empleados de LUMA y de New Fortress que son los que operan la planta manejando el gas, así que tenemos un problema contractual aquí. Los términos para los que se emitieron las subastas para nuevo suplido de gas no fueron aceptados por New Fortress. Nosotros tampoco íbamos a aceptar los términos de New Fortress. Estamos operando ahora mismo en una contratación semanal para las 14 unidades de generación temporera”, expuso.

“Estamos buscando un mejor postor”

Estamos buscando un mejor postor, esa es la realidad. Estamos buscando lo que mejor le convenga al pueblo de Puerto Rico, no lo que mejor le convenga a esa compañía”, añadió.

Para la primera mandataria, la compañía quiere chantajear el Gobierno y no actúa de buena fe.

Yo creo que el intento de chantaje al gobierno de Puerto Rico no demuestra buena fe. Ese es mi parecer. Las Alianzas Público-Privadas a través de la contratación que se le otorgó al 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, AAPP), que es la firma que evalúa y hace todo esto -el Gobierno no tiene injerencia sobre esa contratación- quien se sienta con la compañía es la figural del 3PPO, que hacen las recomendaciones…son los que van a decidir si al final del camino esta compañía cumple o no cumple con los requisitos. A mí lo que me preocupa es que estamos todavía en una situación, gracias a Dios no hemos tenido los apagones que todo el mundo vaticinó en diciembre que nos decían que íbamos a tener apagones todos los días…”, planteó.

El “Zar de energía” y encargado de las AAPP, Josué Colón, había dicho el viernes que aún había posibilidad de que las partes regresaran a la mesa de negociación.  

New Fortress Energy es una de las compañías que suple gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la isla, al tiempo que opera el puerto de importación en San Juan. 

Parte de las denuncias de grupos medioambientales como EarthJustice es que la empresa construyó la terminal de gas sin notificar a la comunidad y ha estado operando en la zona sin el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC).

El conflicto entre la Administración González y NFE se desató luego de que hace más de dos semanas, la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) detuvo un contrato de 15 años y $20,000 millones con la empresa.

Preocupaciones de la Junta

El argumento de la Junta, ente federal que administra las finanzas del territorio desde el 2016, es que las condiciones del contrato atentaban contra el interés público y se distanciaban de lo que disponen los parámetros de la solicitud de propuestas (RFP).

Estas “inconsistencias” se encuentran consignadas en una carta que el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, remitió recientemente a la AAPP y a la firma Recoms Group, quienes participaron directamente de la negociación del contrato.

“Nuestro análisis ha profundizado las preocupaciones relacionadas con los términos del contrato propuesto, la competencia del mercado, inconsistencias con la solicitud de propuestas (RFP) y otra documentación, e inconsistencias con el plan fiscal de la AEE. Estas discusiones han generado más preguntas que respuestas”, lee parte de la misiva que cita El Nuevo Día.

“Notablemente, no hemos encontrado aún ninguna parte del lado gubernamental que pueda proveer una justificación racional para los términos del contrato propuesto o abogar por su aprobación. Esta ausencia de defensa levanta cuestionamientos serios sobre la conveniencia del acuerdo y la necesidad de mayor escrutinio”, agrega la carta firmada por Mujica.

El 9 de julio, el organismo federal paralizó el contrato bajo el argumento de que sus cláusulas colocaban a New Fortress a la cabeza de un monopolio en el mercado de gas natural, ya que facilita que la empresa supla combustible a todas las plantas de generación en la isla, menos la de Mayagüez.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, envió la semana pasada una carta a Mujica, en donde reiteró que la Junta tiene jurisdicción sobre el contrato con New Fortress para la operación de los muelles A, B y C en el área de Puerto Nuevo.

De acuerdo con el funcionario, aunque el contrato es por por un canon de renta mensual de $34,277.78 que se traduciría en $8,269,975.80 al culminar el mismo, el acuerdo fue la base para que se le otorgaran otros contratos a la empresa que superan los $10 millones, por lo que la Junta tiene facultad para examinar el convenio.

“Se encuentra establecido en los parámetros de la Junta que todo contrato sobre la cantidad de $10 millones de dólares expedido por el Gobierno, algunas de sus instrumentalidades y/o los municipios, debe ser evaluado, en detalle. por el ente federal creado mediante la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016. Este acuerdo para el manejo de gas licuado en los muelles de San Juan no debe ser la excepción, porque el mismo fue la base que se utilizó para la firma de otros acuerdos relacionados al suplido de gas natural. Sin el terminal que NFE construyó en esos muelles, no podían suplir el gas que se contrató, posteriormente, para hacerlo. Reiteramos nuestra posición que la Junta tiene jurisdicción sobre el acuerdo”, expuso Negrón.

La controversia a su vez está afectando el suministro de gas para generadores temporeros a los que el Gobierno ha estado apostando para evitar apagones.

Tras la pausa en el contrato, 14 generadores administradores por Genera PR quedaron inoperantes debido a la falta de suministros.

Este viernes, el Gobierno y la Junta extendieron por una semana más el contrato para el suplido de gas natural. El nuevo plazo expira el 1 de agosto. 

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