Comisionado residente Pablo José Hernández apuesta a su proyecto de ley para aumentar fondos Medicare Advantage en Puerto Rico
El H.R.6031 o Ley de Integridad de Medicare Advantage que presentó busca que se establezca un límite mínimo de ajuste geográfico promedio
Más de 600,000 personas en Puerto Rico se benefician de Medicare Advantage. Crédito: Jenny Kane | AP
NUEVA YORK – El comisionado residente Pablo José Hernández, dijo que el reciente proyecto de ley que presentó relacionado con la aplicación de Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico busca que se le asigne más dinero al programa en la isla para que “los doctores tengan mejores pagos y los pacientes mejores servicios”.
“Medicare Advantage beneficia como a 660,000 personas en Puerto Rico o 86% de las personas que reciben Medicare. Que el programa funcione bien beneficia a esos pacientes, beneficia a los doctores que cobran cuando tratan a esos pacientes y benefician a las aseguradoras porque reciben más dinero para pagar por esos servicios”, declaró Hernández quien confirmó haber recibido el insumo de organizaciones que representan a las aseguradoras y a médicos, así como de pacientes antes de introducir la medida.
En entrevista con El Diario, Hernández especificó que la propuesta de ley incluye una disposición para que no menos del 50% de los fonos se destinen al pago de las prestaciones básicas.
“Nosotros incluimos una provisión para que el aumento en fondos para Medicare Advantage, 50% sea reinvertido en el cuidado de pacientes como las visitas a los doctores, los hospitales, las recetas y servicios preventivos para asegurarnos que el dinero no se concentre en unas pocas manos”, resaltó el congresista.
“Tendrían más servicios disponibles porque aumentaría la capacidad para pagar por esos servicios y habría más médicos para proveerlos”, añadió sobre el impacto de la propuesta.
Hernández argumentó que, a pesar de que Puerto Rico representa al porcentaje más alto de beneficiarios en planes de Medicare Advantage de cualquier jurisdicción de Estados Unidos, el territorio experimenta una disparidad en los reembolsos.
Los parámetros de referencia de Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico siguen estando significativamente por debajo tanto del promedio nacional como de las Islas Vírgenes de EE.UU. (USVI). Puerto Rico se ubica 41% por debajo del promedio estadounidense y 22% por debajo de los niveles de USVI, que también es un territorio.
“El problema que tenemos es que esto funciona con base a unas tarifas de reembolso y el por ciento que se le da a Puerto Rico es más bajito que en otras regiones. Puerto Rico tiene un dato único y es que es la única región donde Medicare Advantage representa el 84% de las personas que reciben Medicare, así que si tú pones eso (la provisión) te aseguras que Puerto Rico reciba más recursos”, explicó Hernández sobre el alcance del proyecto de ley.
El H.R.6031 o Ley de Integridad de Medicare Advantage de la que son co-auspiciadores los representantes de Florida, María Elvira Salazar y Darren Soto, republicana y demócrata, respectivamente, también persigue que se establezca un límite mínimo de ajuste geográfico promedio para 2026 y años posteriores. Según el texto de la legislación, “el ajuste geográfico promedio no será inferior a 0.70 para ninguna zona”.
“Yo creo que lo más importante más allá de los tecnicismos es que se entienda que lo que esto busca es darle más dinero al programa Medicare Advantage en Puerto Rico para que los doctores tengan mejores pagos y para que los pacientes tengan mejores servicios”, recalcó.
A preguntas de El Diario, el entrevistado afirmó que este tipo de cambio puede hacerse, ya sea administrativamente o mediante legislación, como en este caso.
“Se puede hacer de las dos formas, pero, mínimo, este tipo de proyecto de ley pone presión sobre la agencia administrativa y comunica lo que debería ser una de sus prioridades”, consideró Hernández.
Por los pasados años, diversas organizaciones del sector de la salud liderados por la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) han impulsado esfuerzos con el fin de que los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid (CMS) adscritos del Departamento de Salud federal (HHS) implementen un ajuste geográfico promedio mínimo (AGA) de 0.70 “coherente con los indicadores de áreas similares”, lo que “estabilizaría el reembolso a los proveedores, mantendría la infraestructura comunitaria y preservaría el acceso a servicios complementarios vitales para las personas mayores de bajos ingresos”.
Aunque reconoció que el tema de financiamiento para cuidado de salud divide a demócratas y republicanos en el Congreso, como se evidenció en la reciente discusión por la extensión de los subsidios bajo “Obamacare” (Ley de Cuidado de Salud Asequible) en medio del cierre de gobierno, el comisionado planteó que los republicanos son más receptivos a programas como el MA.
“La ventaja que tiene el programa de Medicare Advantage es que es un programa que los republicanos favorecen, porque lo ven como una especie de alianza público privada, y eso aumentaría la receptividad. Pero, reconocemos los retos a raíz de todos los recortes que se están haciendo alrededor del área de la salud”, apostó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico.
Sobre la coordinación con la Administración de la gobernadora Jenniffer González con respecto a este tema, dijo que, junto al de la transición a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) son los dos asuntos en los que están “totalmente alineados”.
“A mí me consta que ella también tiene la misma meta que yo tengo, de mejorar el financiamiento de Medicare Advantage, así como prevenir el precipicio fiscal de Medicaid a finales del año que viene”, dijo.
Luego de la presentación del H.R.6031, la gobernadora envió un comunicado en el que destacaba que la oficina de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C.), trabajaba junto a la del comisionado residente para adelantar la legislación.
En el parte de prensa, la Administración González resaltó que el Medicare Advantage Integrity Act era la cuarta medida introducida por Hernández que ella había presentado mientras era comisionada residente.
A esto, Hernández señaló: “Yo simplemente estoy cumpliendo con mi promesa de campaña cuando yo dije que medidas que la gobernadora, entonces comisionada, haya presentado que sean buenas para Puerto Rico y no hayan sido aprobadas, yo las iba a reintroducir, y eso es lo que he hecho. No obstante, son una minoría del total de proyectos que yo he presentado, y yo soy ya el comisionado residente que más proyectos ha presentado en su primer año, por lo menos desde el 2000, pero suponemos que desde mucho antes también”.
Poco más de una semana después de que la medida fuera radicada en la Cámara, MMAPA notificó de una carta al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que insisten en su llamado de equiparar los pagos de Medicare Advantage en Puerto Rico, mínimo, a los de las Islas Vïrgenes.
En la misiva, con fecha del 20 de noviembre, 33 organizaciones encabezadas por la asociación, argumentan que con el 96% de la población puertorriqueña elegible para Medicare inscrita en la cobertura Advantage, los beneficiarios, la mayoría adultos mayores, dependen casi por completo de dicho programa.
“El uso continuado por parte de CMS de datos poco fiables del sistema de pago por servicio (FFS), que representan solo una pequeña fracción de los beneficiarios, ha creado una distorsión estructural que ya no refleja la realidad de la prestación de atención médica en un mercado donde Medicare Advantage es, en la práctica, el sistema de Medicare”, dijo Elliot Pacheco, presidente de Empresarios por Puerto Rico.
El grupo cuestionó, además, que la disparidad y los costos subyacentes más bajos de EE.UU.
persistan en Puerto Rico a pesar de que la isla demuestra resultados “excepcionales” en cuanto a calidad clínica, atención preventiva, experiencia del paciente y manejo de enfermedades crónicas.
Según los datos que maneja la coalición sanitaria, el 99% de los beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico están inscritos en planes de 4.5 estrellas o superiores, y el 81% en planes de 5 estrellas, “lo que refleja una excelencia constante en todo el sistema”.
Lo anterior incluye a más de 20,000 profesionales de la salud y organizaciones proveedoras de servicios médicos.
Los peticionarios subrayan que la situación se agrava con la realidad de que la isla está excluida de programas como Medicare Savings Programs (MSPs), “Servicios y Apoyos a Largo Plazo” (LTSS), “Subsidio para Personas con Bajos Ingresos” (LIS) o la Parte D de Medicare, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y SNAP.
Entre las recomendaciones específicas para el Aviso Anticipado del Año Calendario 2027, los integrantes de la coalición insistieron en el Ajuste Geográfico Promedio (AGA) mínimo de 0.70.
“Un AGA estandarizado de 0.70, consistente con los indicadores de áreas similares, estabilizaría el reembolso a los proveedores, mantendría la infraestructura comunitaria y preservaría el acceso a servicios complementarios vitales para las personas mayores de bajos ingresos”, lee la misiva dirigida a la Casa Blanca.
Las organizaciones también pidieron el establecimiento del nivel mínimo de referencia para Puerto Rico equiparable al de las Islas Vírgenes.
“Según el Título XVIII de la Ley de Seguridad Social, el secretario del HHS tiene la autoridad para ajustar los parámetros de referencia cuando los datos de pago por servicio no son confiables o no son comparables. Establecer un nivel mínimo de referencia para Puerto Rico no inferior a la tasa de las Islas Vírgenes de EE. UU. proporcionaría previsibilidad, evitaría una mayor disminución y estabilizaría el programa sin aumentar el gasto federal de manera desproporcionada”, detalla la carta enviada al presidente.
Finalmente, emplazaron a la Administración Trump a colaborar con el Congreso para extender a Puerto Rico los programas federales antes mencionados.
“Apoyar los esfuerzos legislativos para extender los programas MSP, LTSS, LIS, SSI y SNAP a los beneficiarios en Puerto Rico. Apoyar la elegibilidad de los pacientes para estas ayudas federales reduciría las cargas no compensadas en Medicare Advantage, mejoraría la adherencia al tratamiento y los resultados, y promovería los objetivos nacionales de prevención de enfermedades crónicas y envejecimiento saludable”, reclamaron.
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