Demandan a Administración Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela
Organizaciones argumentan que el Ejército de EE.UU. no puede, bajo ninguna circunstancia, “ejecutar” a civiles que solo son sospechosos de contrabando de drogas
Protesta en Washington D.C. contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Crédito: José Luis Magana | AP
NUEVA YORK – Con la demanda presentada este martes ante un tribunal federal en Nueva York, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Center for Constitutional Rights (CCR) buscan que la Administración Trump detenga los ataques a embarcaciones en el Caribe Sur que el gobierno estadounidense atribuye a una batalla contra grupos del narcotráfico.
Las entidades consideran que los ataques a embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela son ilegales o carecen de base legal.
Los demandantes solicitaron la divulgación de la opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y otros documentos relacionados con los ataques letales ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.
“El público merece saber cómo nuestro Gobierno está justificando como lícito el asesinato a sangre fría de civiles”, consideró Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, a través de un comunicado. “La administración Trump debe detener estos ataques ilegales e inmorales, y las personas funcionarias que los han llevado a cabo deben rendir cuentas”, agregó.
Ify Chikezie, abogada de la ACLU de Nueva York, indicó que, en aras de la transparencia, el tribunal debe ordenar la divulgación de la información.
“Al afirmar que estos ataques son legales mientras se niega a ofrecer cualquier evidencia o explicación, Trump demuestra una vez más su desprecio por la transparencia básica, los derechos humanos y el estado de derecho. Los tribunales deben intervenir y ordenar a la Administración que divulgue estos documentos de inmediato”, planteó Chikezie.
El parte de prensa en el que se anuncia la demanda especifica que, desde el 2 de septiembre, la Administración Trump ha realizado uno 22 ataques y asesinado al menos a 87 civiles, “en clara violación del derecho doméstico e internacional”.
Las organizaciones argumentan que el Ejército de Estados Unidos no puede, bajo ninguna circunstancia, “ejecutar” a civiles que solo son sospechosos de contrabando de drogas.
Antes de recurrir a la fuerza letal, el gobierno federal debe utilizar medidas como el arresto. Para usar fuerza letal, debe probarse que es absolutamente necesario como protección ante una amenaza concreta, específica e inminente de muerte o daño físico grave.
La opinión de la OLC, adscrita al Departamento de Justicia, aparentemente avala los ataques al catalogarlos como actos lícitos en un supuesto “conflicto armado” con “carteles de droga” no especificados.
La demanda fue radicada luego de que el gobierno federal no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para proveer los datos.
Para Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, la postura de la Administración Trump pone en riesgo a toda la región caribeña, incluyendo al territorio.
“La mayoría de estos asesinatos ilegales han ocurrido en aguas del Mar Caribe, al sur de Puerto Rico, colocando a la región caribeña y su población en un riesgo que, no solo es innecesario, sino que responde a un supuesto conflicto cuya veracidad la Administración Trump ha sido incapaz de evidenciar”, planteó Martínez Orabona. “Esto ocurre mientras la Administración Trump utiliza nuestro archipiélago como una base militar flotante, exponiendo a la población puertorriqueña a nuevas violaciones de derechos humanos, al peligro constante de operaciones militares y a las secuelas ambientales y de salud que ya conocemos por la experiencia de Vieques“, añadió la activista quien ha litigado casos contra el gobierno de Estados Unidos y otros en América Latina y el Caribe.
Los demandantes sostienen que, contrario al argumento público de Gobierno, EE.UU. no está ni podría estar en un conflicto armado con los carteles de droga latinoamericanos, ya que, de acuerdo con el derecho internacional, “un conflicto armado entre un Estado y un actor no estatal solo existe si el actor no estatal es un ‘grupo armado organizado’ estructurado y disciplinado como unas fuerzas armadas regulares y está involucrado en una ‘violencia armada prolongada’ contra el Estado”.
A juicio de Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights, la Administración Trump está violentando los fundamentos del derecho internacional “con la retórica bélica falsa de un autócrata básico”.
“Si la opinión de OLC busca disfrazar una justificación para encubrir la evidente ilegalidad de estos homicidios en serie, el público necesita ver ese análisis y, en última instancia, responsabilizar a todas las personas que facilitan asesinatos en nombre de Estados Unidos”, señaló.
“El público merece saber cómo la Administración Trump está aprobando, sin cuestionamientos, el bombardeo de civiles en el Mar Caribe, sin ningún tipo de rendición de cuentas”, cuestionó.
El texto de la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York destaca que la divulgación inmediata de estos documentos es de vital importancia para garantizar un debate público informado sobre los ataques sin precedentes del ejército estadounidense, que han causado la muerte de más de ochenta civiles desde septiembre, en clara violación del derecho nacional e internacional.
“La divulgación también es necesaria dadas las informaciones que indican que el dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) pretende eximir de futuras acciones penales al personal que autorizó o participó en estos ataques ilegales”, lee el recurso en el que aparecen como demandados el Departamento de Justicia y la Oficina de Asesoría Jurídica, el Departamento de Estado y el de Defensa.
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