“PR No Se Vende” resalta hallazgos de informe de la GAO sobre evasión de impuestos federales por beneficiarios de la Ley 22
Ane Hernández y Julio López, miembros de la coalición, consideran que la liberación del reporte demuestra que el tema ha ganado atención a nivel federal
La campaña "PR No Se Vende" surgió hace unos tres años para batallar contra los abusos de los beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico. Crédito: Julio López | AP
NUEVA YORK – Portavoces de la campaña “PR No Se Vende” consideraron que el reciente informe divulgado por la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos) confirma lo que llevan alertando desde hace al menos tres años: que estadounidenses relocalizados en Puerto Rico bajo la Ley 22 abusan del estatuto para evadir impuestos federales.
Ane Hernández y Julio López, representantes de Center for Popular Democracy (CPD), una de las organizaciones que forma parte de la coalición que impulsa la campaña, coincidieron en que el hecho de que la GAO haya liberado los resultados de la investigación en estos momentos demuestra que el tema ha ganado más atención a nivel federal.
A juicio de López, lo anterior apunta, además, a que bajo la Administración Trump hay probabilidades de avanzar en la discusión si el mensaje se centra en el impacto que los decretos bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” tienen en el fisco federal.
“Antes de que Trump ganara, nosotros nos acercamos a varias oficinas de legisladores republicanos y el argumento más efectivo para que ellos se interesaran era la cuestión de cómo esto afecta el fisco y la capacidad que tiene el Gobierno de operar eficientemente. Lo otro que fue bastante efectivo en algunos casos fue hablar con estos republicanos y demócratas es que este dinero, no solo no se está quedando en Puerto Rico, no se está quedando en ningún lado. Esta gente se está embolsillando el dinero sin contribuir nada a ninguna economía”, expuso López.
“Aunque no te importe el desplazamiento (de locales), aunque no te importe la gente pobre, te debería importar que la economía esté funcionando…”, añadió en referencia a las denuncias de mayor gentrificación y menos vivienda asequible debido a los efectos de la ley.
El informe titulado “El IRS debería mejorar la supervisión de los contribuyentes que reclaman exención de impuestos federales” arrojó que, en promedio, quienes recibieron los incentivos contributivos, aunque tenían ingresos altos, pagaron significativamente menos impuestos federales tras mudarse a Puerto Rico.
Los beneficiarios estadounidenses de la Ley 22, parte de la Ley 60 o Código de Incentivos de Puerto Rico, están exentos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. para ciertos ingresos como intereses, dividendos y ganancias de capital generados después de mudarse a la isla. Sin embargo, estas personas deben pagar impuestos federales sobre ingresos de fuentes estadounidenses y seguir cumpliendo con otras obligaciones tributarias federales.
Los requerimientos que impone la Ley 22 a los extranjeros para que obtengan los decretos son mínimos e incluyen la compra de una vivienda, pasar 183 días del año en la isla y donar $10,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro.
La ley, aprobada en el 2012 en Puerto Rico, no establece un mínimo de creación de empleo o de inversión, que era el fin principal del estatuto.
La GAO, que viene a ser una entidad fiscalizadora del gobierno federal, divulgó el reporte el pasado 8 de diciembre.
En el 2021, el último año sobre el que la GAO obtuvo datos completos, había,
aproximadamente, 2,200 beneficiarios del incentivo para inversionistas
residentes en Puerto Rico.
“El análisis de la GAO constató una disminución marcada en el promedio de la renta imponible a nivel federal y en los impuestos federales que esta población pagó en el período entre 5 años antes y 5 años después del traslado a Puerto Rico (ver a la figura). El análisis de la GAO encontró que la disminución en los ingresos de los impuestos federales podría ascender a cientos de millones de dólares por año”,lee parte de las conclusiones de la pesquisa.
Los beneficiarios de los incentivos eran, en su mayoría, contribuyentes de altos ingresos. “Descubrimos que el ingreso bruto ajustado (AGI) de los beneficiarios de estos incentivos antes de mudarse era de, aproximadamente, $900,000 dólares. En los niveles de ingresos más altos, observamos que el 17.4 % de los beneficiarios de los incentivos para inversores residentes declararon un AGI promedio de $1 millón de dólares o más, incluyendo un 1.5 % con un AGI promedio de $10 millones de dólares o más. Esto contrasta con el 0.5 % de todos los contribuyentes estadounidenses que declararon un AGI promedio de $1 millón de dólares o más y el 0.02 % que tenían un AGI promedio de $10 millones de dólares o más”, añade el documento.
Sobre la reducción “significativa” del ingreso imponible federal promedio de los beneficiarios de la ley 22 tras mudarse a Puerto Rico, el análisis encontró que disminuyó en $341,409 (un 39%), pasando de $875,241 a $533,832, ajustado por la inflación. En el caso del impuesto federal anual promedio pagado, este disminuyó en $127,143 (un 46%), pasando de $278,112 a $150,969, ajustado por la inflación.
En este contexto, Hernández destacó que la ley, no solo se traduce en menos recaudos por impuestos a nivel federal, sino para el Departamento de Hacienda en Puerto Rico.
“Estamos de acuerdo con el informe de la GAO en el sentido de que Puerto Rico está perdiendo dinero anualmente, millones de dólares…El Departamento de Hacienda nos dice que en su proyección de (ingresos), del 2024 al 2030, vamos a perder $18,000 millones de dólares, y eso ha ido en incremento. Si ves el informe, en cada proyección aumenta más la proyección (de pérdida de ingresos)”, argumentó.
La entrevistada se refiere al Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda que calculó que, como resultado de estas exenciones contributivas a beneficiarios de la Ley 22, las pérdidas al fisco local superarán los $18,400 millones entre los años 2024 y 2030. La cifra anterior cuadruplica el estimado previo de $4,400 millones para el periodo entre 2020 y 2026.
“En los últimos tres años que nosotros hemos estado investigando esto, encontramos que Hacienda ha querido colaborar con nosotros para entender esta información, y que ha sido el DDEC (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio) el que se ha negado rotundamente a proveernos información. Tanto así que nosotros tuvimos que demandar al DDEC hace un año y medio para requerirle la información que, en primera instancia, resultó en lo mismo que pasó con los archivos de (Jeffrey) Epstein, un montón de papeles redactados, y tuvimos que ir a la corte más de tres veces para conseguir que nos dieran más de 3,000 documentos con información del DDEC. Así que ha sido extremadamente difícil conseguir esa información”, añadió López.
Hernández subrayó que le corresponde al DDEC fiscalizar el cumplimiento de los inversionistas residentes con los decretos y retirar la exención a cualquiera que esté violando la ley.
“El DDEC se supone que nos dé una lista de quiénes tienen los decretos…Manejar los decretos y determinar quién cumple con la ley, eso lo tiene el DDEC. Hacienda lo que hace o trata de hacer es el análisis económico de cuáles son los impactos, pero eso tampoco lo pueden hacer mucho”, contrastó.
La agencia ha insistido en los últimos meses en que está fiscalizando más proactivamente los decretos de exención contributiva.
En octubre, por ejemplo, informaron sobre la implementación de nuevas medidas para reforzar la evaluación.
De acuerdo con los datos provistos, desde principios de año hasta esa fecha, la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) había auditado unos 1,798 decretos. Adicional, se implentaron nuevas verificaciones previas a las aprobaciones y se creó un comité asesor para evaluar los procesos de revocaciones.
Investigación de la GAO fue a pedido de demócratas
El informe de la GAO se realizó a raíz de una solicitud de demócratas en la Cámara de Representantes en el 2023. Los congresistas pidieron a la GAO investigar cómo ciertas exenciones fiscales de la Ley 60 de 2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico) bajo la que se encuentra la Ley 22 estarían creando un paraíso fiscal para extranjeros multimillonarios, principalmente estadounidenses, sin que otorgue beneficios para los residentes locales.
El análisis la GAO se basó en datos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (DH) y del Servicio de Rentas Internas (IRS).
El IRS, que está adscrito al Departamento del Tesoro, es la oficina que debe garantizar que los contribuyentes cumplan con la ley tributaria federal.
Hacienda es la entidad a nivel local encargada de formular e implementar la política fiscal y contributiva en la isla.
Precisamente, un ángulo que abordó la investigación fue la falta de fiscalización del IRS a los inversionistas cobijados bajo la Ley 22.
En general, la ley federal exime a los residentes en Puerto Rico del impuesto federal sobre la renta de fuentes dentro de Puerto Rico. En ese sentido, el IRS es la entidad responsable de asegurar que los contribuyentes que reclaman el incentivo para inversionistas residentes en Puerto Rico cumplan sus obligaciones tributarias federales.
El escrito señaló que la campaña que inició el IRS en el 2021 para auscultar el supuesto abuso de estadounidenses de la Ley 22 comenzó a mostrar resultados hace poco tiempo, “debido a la complejidad de las auditorías de ingresos altos y patrimonios elevados, la falta de priorización por parte del IRS de la iniciativa, y las brechas de comunicación entre el IRS y Puerto Rico”.
En una entrada en su sitio web en julio el 2023, el IRS había notificado que estaba trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos pagaran los impuestos que debían. “Antes de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee el aviso bajo el subtema “Asegurar que los contribuyentes de altos ingresos paguen impuestos adeudados”.
Bajo “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, la oficina especificó que había identificado a alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. “Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, precisó la información.
Deficiente fiscalización del IRS
Según los hallazgos de la GAO, el IRS no pudo obtener datos completos sobre los contribuyentes que reclamaban el incentivo para inversionistas residentes en Puerto Rico con números del Seguro Social para garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias federales. Además, la oficina carece de un plan documentado para obtener de manera sistemática los datos actualizados de las autoridades en la isla.
“La obtención de dichos datos de forma sistemática mejoraría la capacidad del IRS para garantizar el cumplimiento”, resaltó el informe.
El análisis además reveló que el IRS no le dio seguimiento a las referencias de funcionarios del gobierno de Puerto Rico que identificaron a contribuyentes estadounidenses cuyo cumplimiento con el requisito de residencia no pudieron confirmar.
En respuesta a la deficiente fiscalización, los funcionarios del IRS manifestaron que las auditorías de estos contribuyentes requieren muchos recursos, tardan un promedio de dos años en completarse y exigen la participación de agentes fiscales altamente capacitados. “Confirmar la residencia y la fuente de ingresos resulta particularmente complejo”, detalló el informe federal.
En cuanto al requisito de residencia, el reporte indicó que el lugar y el período de residencia de un contribuyente se determinan en función de datos que a menudo son difíciles de obtener y verificar, ya que el IRS puede necesitar revisar información detallada, como extractos de tarjetas de crédito y registros de viajes.
Con respecto a la fuente de ingresos, la misma puede provenir de múltiples jurisdicciones, lo que dificulta su verificación, especialmente para contribuyentes con numerosas fuentes de ingresos, alegó la oficina.
A pesar de los desafíos expresados, el IRS se adjudicó haber tomado algunas medidas para mejorar sus esfuerzos de cumplimiento durante el último año.
“En concreto, la campaña del IRS ha incrementado el número de auditorías iniciadas y finalizadas, y los responsables de la campaña celebraron su primera reunión formal de coordinación con la Hacienda Pública en abril de 2025”, lee la recopilación.
El informe hace la especificación de que el IRS perdió el 38% de su personal de fiscalización por las cesantías y otras medidas impuestas por la Administración Trump, lo que se tradujo en una falta de personal para verificar que se cumplieran con los requisitos de elegibilidad. Un ejemplo de lo anterior fue el caso de 179 personas que obtuvieron la exención fiscal a pesar de no cumplir con el requisito básico de residir en Puerto Rico durante al menos la mitad del año.
Escaso o nulo crecimiento de la economía de Puerto Rico
Otra parte importante de la evaluación de la GAO fue el impacto económico tanto de la Ley 22 como de la Ley 20 o “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”.
Los hallazgos apuntan a que, “en términos reales”, la economía de Puerto Rico ha mostrado un crecimiento escaso o nulo desde que se introdujeron por primera vez estos incentivos en el 2012, “pero no es posible medir cuál habría sido el crecimiento o la disminución sin dichos incentivos”.
“El producto nacional bruto (PNB) real en Puerto Rico es un 4.4 % inferior en 2024 que en 2014, pero el crecimiento fue positivo en 2021, 2022, 2023 y 2024…”, agregó la evaluación.
Otros indicadores económicos también muestran una falta de crecimiento económico en la última década, de acuerdo con el análisis. Con base en el Índice de Actividad Económica del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE), “la actividad económica ha fluctuado en respuesta a diversos eventos, pero ha mostrado un crecimiento mínimo a lo largo del tiempo”.
“El índice en noviembre de 2014 era, aproximadamente, el mismo que en noviembre de 2024, la fecha más reciente para la que se disponía de información en el momento de nuestro análisis”, especificó el texto.
La demanda de PR No Se Vende contra el IRS
PR No Se Vende presentó una demanda a nivel federal contra IRS en reclamo de la divulgación de información relacionada con las auditorías a alegados evasores de impuestos federales cobijados bajo la Ley 22.
El pleito inició con una solicitud bajo FOIA (Ley de Libertad de Información) en el 2023 que no fue contestada por la oficina.
“Hubo mucho ‘back and forth’ (para adelante y para atrás), más o menos igual que con el DDEC; mucho back and forth de ellos (IRS) tratando de contestar la FOIA, pero realmente no nos daban la información que estábamos requiriendo, así que tuvimos que demandar”, reveló Hernández.
“En verano, ellos contestaron con el paquete (grande) de información que, obviamente, en lo que uno se sienta con eso; tampoco fue que nos hicieron la información accesible…”, continuó.
Según López, el contenido provisto aún está bajo análisis.
“Lo más que prevalece de esa información es el proceso de ellos de decidir si van a mover información a nosotros y al resto del público, así que lo que recibimos fue el proceso de ellos increpar sobre la capacidad que tienen y cuándo van a soltar la información”, detalló.
“La información de los decretos fue bien limitada y se mantuvieron bastante fuertes en que ellos no podían dar esa información por ser privada”, resaltó.
Otras investigaciones e informes sobre beneficiarios de la Ley 22
Aparte del esfuerzo anterior, la coalición ha realizado varias investigaciones por su cuenta para exponer las maniobras de algunos beneficiarios de la Ley 22 para salir ganando.
Uno de estos fue el titulado “Dolor y lucro: las organizaciones ‘filantrópicas’ de la Ley 22 que toman de los puertorriqueños y dan poco a cambio”.
El informe divulgado en abril del 2024 explica “cómo estas personas ricas adoptan prácticas dudosas de donaciones filantrópicas para mantener sus exenciones contributivas en Puerto Rico”.
La pesquisa reveló como beneficiarios de estos decretos se estarían valiendo de tecnicismos para fundar sus propias organizaciones sin fines de lucro para cumplir con el requisito de la ley que establece la donación anual de $10,000 a estas entidades.
La recopilación reúne varios ejemplos.
Uno hace referencia a Act 20/22 Society, grupo fundado por un beneficiario de la Ley 22 que está sujeto el requisito de los donativos de $10,000 anuales. El estudio plantea que, aunque alegan ser una voz para los beneficiarios de la Ley 22, en la práctica, Act 20/22 Society “funciona como una asociación comercial o un grupo de cabildeo, en vez de como una organización sin fines de lucro”.
“Las donaciones de la Ley 22 siguen influyendo las elecciones de Puerto Rico” fue otro de los informes desarrollados por PR No Se Vende.
El contenido, dividido en dos partes, el más reciente publicado en octubre de 2024, reveló la influencia que los beneficiarios de la Ley 22 tienen sobre funcionarios electos en Puerto Rico.
Entre 2013 y 2023, las personas beneficiarias de la Ley 22 donaron más de un millón de dólares a políticos, detalló el reporte.
“Cabe destacar a Pedro Pierluisi, el actual gobernador, a Jenniffer González Colón, la actual comisionada residente (y candidata a la gobernación en 2024), e integrantes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, así como a las alcaldías de los pueblos con el mayor número de personas exentas por la Ley 22, como San Juan y Dorado”, nombró el escrito.
Como solución a los problemas que ha desencadenado la Ley 22, los miembros de la coalición recomiendan la abolición del estatuto a nivel local.
La realidad es que al momento no existe consenso en la Legislatura para derogar el estatuto.
Al cuestionamiento sobre si favorecerían enmiendas a la ley para garantizar que los beneficiarios de estos decretos tengan que cumplir con requisitos de creación de empleo e inversión, López planteó: “Nosotros hemos sido claros desde el principio en que creemos que la ley no debería existir y que debería ser abolida. Dentro de eso, nosotros estamos dispuestos a tener todas las conversaciones posibles para educar a legisladores y legisladores sobre qué es lo que está pasando y cuáles son las opciones. Yo entiendo que no hay consenso, pero sí hay interés en tener esta conversación y hay preocupación real sobre el impacto que tiene la Ley 22 porque el impacto sobre el desplazamiento se vive en Puerto Rico”.
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