Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, queda libre tras indulto de Trump en caso por corrupción
Este martes, una jueza federal en la isla desestimó los casos contra la exfuncionaria y dos coacusados, por lo que el procedimiento penal quedó paralizado
Wanda Vázquez fue gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló en el 2019. Crédito: Dennis M. Rivera Pichardo | AP
NUEVA YORK – La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien se declaró culpable en un caso federal por corrupción, quedó libre del procesamiento criminal en su contra tras el indulto que el presidente Donald Trump le concedió este mes.
La exgobernadora está oficialmente en libertad luego de que la Fiscalía pidiera ayer la desestimación de los casos en respuesta al indulto.
En una audiencia este martes, la jueza que encabeza el caso Silvia Carreño Coll, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, dejó sin efecto los procedimientos contra Vázquez.
También desechó los casos que pesaban contra el banquero ítalo venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI (Negociado Federal de Investigaciones), Mark Rossini, coacusados en el expediente por soborno.
Los tres habían llegado a negociaciones con el Departamento de Justicia federal (DOJ) y asumido responsabilidad, en agosto de 2025, de aceptar promesas de donativos para financiar la campaña electoral para la primaria de 2020 que enfrentó sin éxito a Vázquez con el exgobernador Pedro Pierluisi.
A raíz del acuerdo, la acusación contra todos se redujo a un cargo menos grave de violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe aportes extranjeros para campañas políticas
Inicialmente, el aviso, que incluía la fecha del 15 de enero, mencionaba los cargos de conspiración; soborno en un programa federal y fraude electrónico contra la integridad de los servicios públicos.
Posteriormente, el 20 de enero, el indulto fue enmendado o modificado para reflejar solamente la ofensa por la que se declararon culpables: contribución de un ciudadano extranjero.
El indulto presidencial a Vázquez, quien endosó públicamente a Trump durante su primera campaña a la Casa Blanca, marca un precedente, ya que no ha habido antes un caso de un exgobernador (a) de Puerto Rico que haya recibido clemencia por parte de un presidente estadounidense.
“Es la primera vez que se da un indulto a un exgobernador (a). Nosotros tuvimos un exgobernador que fue acusado de delito federal, que fue Aníbal Acevedo Vilá y él se defendió hasta el final, hasta que se dio una sentencia que fue de no culpabilidad”, dijo en entrevista exclusiva con El Diario Vivian Godineaux Villaronga, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
El indulto libró a la exmandataria de cumplir aproximadamente un año de cárcel, según había solicitado la fiscalía federal como sentencia.
El Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente el poder de conceder indultos, perdones, conmutaciones y remisiones por delitos federales, y que esa facultad puede ejercerse antes, durante o después de una condena, excepto en los casos de juicio político (impeachment).
Al confirmar la desestimación de los casos, Carreño Coll también canceló las audiencias de sentencia pautadas para mañana.
La vista judicial de ayer se dio luego de que cada uno de los acusados aceptara la modificación del indulto por parte de Trump.
El pliego acusatorio original también quedó desactivado.
“Los acusados en este caso consiguieron lo que muchos que enfrentan cargos criminales desean, pero solo a un grupo selecto se le ha concedido: indultos totales e incondicionales de parte del presidente de Estados Unidos”, manifestó Carreño Coll, según citada por El Vocero.
“Debido a que ningunas de las excepciones limitadas que restringen el poder del indulto presidencial son aplicables en este caso y el récord refleja que los acusados aceptaron dicho perdón, cualquier asunto pendiente en este expediente se considera irrelevante, tal y como solicitó la fiscalía (federal)”, planteó la jueza.
Este periódico conversó con Godineaux Villaronga antes de la audiencia en la que oficialmente quedaron paralizados los procedimientos contra Vázquez y sus asociados.
La licenciada confirmó que, tras la clemencia, “ya no hay un procedimiento como tal criminal en contra de Wanda Vázquez. Eso era antes de que bajara este indulto”.
“La Constitución de EE.UU. autoriza y faculta al presidente a la clemencia, al indulto de manera parcial o total, y, en el caso de Wanda Vázquez, fue absoluto. Hay una declaración de culpabilidad en el caso de Wanda Vázquez, pero no va a tener ningún efecto, porque se eliminó y se perdonó la sanción que se le hubiese impuesto”, abundó la abogada.
“Tras el indulto, ¿entonces no hace diferencia que ella se haya declarado culpable?”, indagamos.
“Para fines penales, no la hace; no hace diferencia porque se elimina la pena que establece el delito. Ella se declaró culpable en este caso por una negociación que hubo en el que se declaró culpable de un delito menos grave. Las imputaciones eran unas de delitos que envuelven corrupción, mendacidad, en el proceso de su campaña política. Eso fue eliminado desde el punto de vista penal”, respondió.
Godineaux Villaronga resaltó que, en el caso de Vázquez, la clemencia fue “absoluta”.
“Puede haber un indulto que no sea sobre la totalidad de la pena impuesta, sino que puede ser parcial o con condiciones específicas. Pero en este caso fue absoluta, lo que significa que se elimina la sanción en su totalidad”, especificó.
La presidenta del CAAPR explicó que las fases del proceso de indulto también implican una serie de trámites administrativos por parte del DOJ para restituirle los derechos a estas personas.
“Debe haber una aceptación del indulto antes que todo. Debe entonces completarse el procedimiento, eso que hablan de la vista para que entonces el caso, esa información, se le lleve al tribunal de manera formal…y abrir unos procedimientos administrativos para fines del Departamento de Justicia en cuanto a restaurar los derechos civiles que estaban detenidos por el proceso del caso”, expuso.
Aparte de poder desplazarse libremente, al no habérseles aplicado la pena, tienen, por ejemplo, el derecho a salir de Puerto Rico.
“No tienen ninguna de las condiciones que tuvieron durante el procedimiento criminal. Si es que no podían salir de la jurisdicción, esos son derechos que se restituyen en su totalidad”, indicó.
La representante de los abogados colegiados en Puerto Rico aclaró, sin embargo, que en el récord de los tres permanecerá información sobre la radicación de los cargos y las declaraciones de culpabilidad.
“Queda en el récord, porque hay un récord jurídico de la radicación de los cargos, de qué contenían esos delitos que se le imputaron. Hay un récord de su declaración de culpabilidad. Eso está ahí. Eso no se elimina en el récord histórico y judicial, pero no tiene efecto de que se le impone una sanción. Está ahí porque pudiera tener implicaciones en otras áreas”, especificó.
Lo que está por verse, según la entrevistada, es si Vázquez podrá volver a ejercer como abogada.
Eso dependerá de las acciones que se tomen para iniciar un proceso ético disciplinario a través del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Dicha corte tiene la autoridad para desaforar (suspender o separar indefinidamente) a abogados por conducta inmoral, convicción de delitos graves o violaciones a los Cánones de Ética Profesional.
“Para fines de lo que es el procedimiento ético, tiene unos efectos. Hay unos efectos colaterales que pueden mantenerse y existir, porque ella es abogada. Ella sigue sujeta a la jurisdicción del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el organismo que tiene jurisdicción sobre la profesión de los abogados e impone los procedimientos éticos”, señaló.
“El tribunal tendría que establecer un procedimiento disciplinario en su contra que para eso tienen la jurisdicción. Ella estaría sujeta a lo que disponga el tribunal que pudiera ser que pudiera haber una suspensión de la profesión por un término o pudiera haber una suspensión indefinida o el desaforo total de la profesión, lo que no ha ocurrido y está sujeto a lo que disponga el tribunal”, añadió la portavoz del CAAPR.
Sobre la posibilidad de que Vázquez, quien fue secretaria del Departamento de Justicia local, pueda aspirar nuevamente a un cargo electivo, planteó: “Bajo mi punto de vista, como yo lo veo, bajo mi interpretación, como es una declaración de culpabilidad por ese tipo de delito (financiamiento campañas), eso afectaría los requisitos para que ella pueda correr para un cargo público, porque el indulto solo elimina la pena, la sanción, pero esa admisión de culpabilidad permanece”.
La licenciada argumentó que, debido a la jurisprudencia establecida bajo el caso Pueblo vs. Sánchez Valle, como Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de la isla a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales.
“Ya este caso que se llevó a nivel federal constituiría entonces doble exposición si se le radicara nuevamente por los mismos cargos en Puerto Rico con base del caso de Sánchez Valle, que establece que Puerto Rico es un territorio, y, para fines de esto, sería una doble exposición”, anticipó
“Y si, en relación con esas alegaciones por las que se procesó a Wanda Vázquez se presentarán a nivel estatal otros cargos que no sean exactamente los cargos que se presentaron a nivel federal, ¿eso se podría hacer?”, cuestionamos.
“Habría que hacer un análisis si, exactamente, por los mismos hechos…Habría que evaluar. Se supone que con esos hechos se hubieran radicado los cargos que ameritan y que constituyen los elementos de los delitos por los cuales hubo los hechos. Se supone que eso se hubiera cubierto en su totalidad. Pero, en esa pregunta, si en Puerto Rico se le puede radicar cargos por otro delito, ahí habría que evaluar si es por exactamente los mismos hechos, porque por los mismos hechos ya se le imputaron unos cargos. Pero habría que evaluar. Ahí diría yo que sería sujeto a interpretación”, contestó.
Las acusaciones contra Wanda Vázquez y compinches
Según el pliego acusatorio, desde diciembre de 2019 hasta junio del 2020, Vázquez participó en un esquema de soborno con el resto de los acusados.
El caso salpicó a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), que en aquel momento investigaba las transacciones y operaciones de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini, alegadamente, prometieron apoyar la campaña electoral de Vázquez si esta despedía al entonces comisionado de OCIF y nombraba a otro seleccionado por el banquero. La acusación contra la exgobernadora señala que esta aceptó el soborno en febrero de 2020, y, tras despedir al comisionado -que en ese momento era George Joyner- en mayo de ese mismo año, nombró al puesto a un exconsultor del banco. El acuerdo se tradujo en el pago de más de $300,000 dólares para la campaña política de la entonces aspirante.
Parte de la alegación de la defensa de la exgobernadora es que el soborno no se concretó.
De acuerdo con Godineaux Villaronga, precisamente, ese argumento habría sido el que llevó a las negociones de Vázquez con fiscales para declararse culpable del delito menos grave.
“A raíz de eso es que se da la negociación de ella por el delito menos grave porque sí había un delito de soborno que se le imputó. Se dice que ella iba a coger un dinero a cambio de que destituyera del puesto al comisionado de instituciones financieras, a cambio de que Veluttini y el otro coacusado le dieran un dinero. Eventualmente, aunque hubo esa destitución, pues no hubo el intercambio del dinero, y ella dice que, como no recibió dinero a cambio como tal, que fue lo que se alegó, pues no se dio el soborno”, argumentó.
La abogada matizó con el punto de que, el hecho de que un acusado se declare culpable, no necesariamente es prueba de la comisión de delito.
“Allí yo tendría que hablar en general y más allá de Wanda Vázquez. Una declaración de culpabilidad no necesariamente significa que alguien sea culpable o no. Muchas personas se declaran culpables por el riesgo que puede constituir el proceso”, planteó.
“Una declaración de culpabilidad no necesariamente significa que yo fui culpable del delito, pero para fines legales, lo es; para fines legales, obviamente, te declaraste culpable del delito, eso ocurrió”, puntualizó.
Un mensaje de impunidad
A juicio de la portavoz de los togados, independientemente de lo anterior, el caso de Vázquez tiene efectos “terribles” en la percepción de los ciudadanos sobre la gestión pública, las instituciones gubernamentales y el sistema de justicia en general.
“En el caso de Wanda Vázquez (la declaración de culpabilidad) es terrible, porque ella fue gobernadora de Puerto Rico, así que hay unas implicaciones mayores por lo que representa eso para el país, para la confianza pública de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes. El hecho, nada más, de que se hayan presentado estos cargos, aún cuando ella dijo que no hubo ese soborno, pues hay una desconfianza a sobre nuestros líderes, sobre las campañas políticas en Puerto Rico, etc.”, afirmó.
La fuente consideró que el indulto de Trump agrava el escenario, ya que envía un mensaje de impunidad a favor de funcionarios electos que cometen actos de corrupción.
“Aunque sea legal, afecta la percepción de la Justicia, porque, de alguna manera, se normaliza la idea esta de impunidad, de que no todos somos iguales en la aplicación de la ley, así que esa percepción del público, de nuestras instituciones, de lo que dispone nuestra Constitución, se debilita; se debilita la confianza en el sistema de justicia y en la democracia”, puntualizó la experto.
Luego de que trascendieran los reportes iniciales sobre la clemencia presidencial a Vázquez y los coacusados, un portavoz de la Casa Blanca indicó a FOX News que el presidente otorgó los indultos porque el procesamiento criminal supuestamente fue motivado políticamente.
“Todo este caso es un ejemplo de persecución política. En agosto de 2022, Wanda Vázquez se enfrentó a cargos de soborno relacionados con la financiación de su campaña para gobernadora en 2020.Los documentos de la solicitud de indulto de la Sra. Vázquez afirman que nunca existió ningún tipo de acuerdo de quid pro quo y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas. La investigación contra la Sra. Vázquez comenzó 10 días después de que ella respaldara al presidente Trump en 2020″, declaró el funcionario bajo condición de anonimato ya que el presidente aún no había anunciado oficialmente los indultos.
El vocero argumentó que la pesquisa federal a la exgobernadora implicó vigilancia a la campaña de Trump en el 2020.
“Según ella, la investigación no solo vigiló su campaña, sino que también incluyó la vigilancia de la campaña de Trump. Además, la Sra. Vázquez cree que no hubo soborno alguno, ya que las conversaciones con el banquero se referían a un acuerdo sobre políticas con un posible donante, y no a la realización de acciones a cambio de un beneficio material. Este caso presenta similitudes con el de Alexander Sittenfeld, quien recibió un indulto en mayo de 2025”, agregó la persona.
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