Puerto Rico se beneficia de exención a la Ley Jones anunciada por Trump para tratar de bajar precio del combustible por guerra en Irán
La isla depende en más de 80% de importaciones, por lo que el conflicto en Oriente Medio afecta significativamente a sus residentes
Boricua abastece un contenedor con gasolina tras un apagón general en Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
NUEVA YORK – La Administración Trump anunció formalmente que ordenó una dispensa de 60 días en la aplicación de las leyes de cabotaje o “Ley Jones” con el fin de atajar el problema de flujo de petróleo y reducir el precio de productos como la gasolina por los efectos de la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán.
Karoline Leavitt, portavoz de prensa de la Casa Blanca, indicó este miércoles por la red social X que la medida temporal busca mitigar las interrupciones en el suministro de combustible a corto plazo.
“La decisión del presidente Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones constituye un paso más para mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las Fuerzas Armadas de los EE.UU. continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”, compartió.
Leavitt argumentó que la expectativa es fortalecer la cadena de suministros críticos.
“Esta medida permitirá que recursos vitales —tales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón— fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días; asimismo, la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticos”, añadió la secretaria de prensa.
En resumen, el gobierno federal busca flexibilizar las normas de transporte marítimo estipuladas a través de la ley del 1920, lo que facilitaría que embarcaciones extranjeras transporten combustible y otros productos esenciales entre puertos estadounidenses. Esto se espera que contribuya a menos interrupciones en el suministro, y, por ende, a costos menos elevados.
El petróleo es la base prima de decenas de productos que no se limitan al combustible, lo que significa que el impacto económico podría ser significativo en distintas áreas e industrias.
Desde la semana pasada, reportes de medios estadounidenses anticiparon una exención a las disposiciones de la “Ley de la Marina Mercante” para intentar estabilizar el flujo de mercancías, incluyendo las derivadas del petróleo.
¿Qué es la Ley Jones o “Ley de la Marina Mercante”?
El estatuto estableció que el transporte de productos que se envían entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico debe hacerse en buques construidos, abanderados y tripulados en EE.UU. La ley se aprobó inicialmente para reforzar la seguridad nacional y proteger la industria marítima tras la Primera Guerra Mundial.
La Ley de la Marina Mercante hace referencia al comercio entre puertos estadounidenses, no a embarcaciones extranjeras que llegan de otros países.
Mediante la misma, se buscaba reconstruir la Marina Mercante Estadounidense después de que los submarinos alemanes redujeran la flota del país norteamericano durante el referido conflicto bélico.
Los opositores han planteado que tiene el efecto negativo de aumentar los costos por flete y operaciones, y que no promueve la competencia.
Impacto en Puerto Rico de la exención a la Ley Jones
Particularmente, en territorios como Puerto Rico, expertos han alertado por años sobre el efecto económico en cadena que suponen las leyes de cabotaje.
Entre otras cosas, plantean que, ante la alta dependencia de las importaciones, el estatuto afecta desproporcionadamente a la isla al incrementar el precio de diversos artículos, y, por ende, del costo de vida en general.
En escenarios de emergencia como huracanes, la aplicación de la ley ha puesto en riesgo la vida de puertorriqueños al limitar la llegada de suministros básicos.
En el 2022, tras el embate del huracán Fiona en Puerto Rico, la Administración Biden ordenó una dispensa temporal para agilizar el flujo de productos a Puerto Rico, incluyendo combustible.
En el 2017, luego del huracán María, Trump hizo lo propio.
El secretario (a) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es quien debe oficializar el trámite para cualquier exención.
En el 2020, el Congreso eliminó la facultad del gobierno federal para emitir exenciones del estatuto a largo plazo, excepto en los casos en los que se requiera una exención para abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, favoreció la pausa temporal de la Ley Jones por parte de la Administración Trump. De acuerdo con un comunicado enviado este miércoles por La Fortaleza, la exención permitirá que embarcaciones de bandera extranjera transporten, de manera temporera productos esenciales, incluyendo petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón, a puertos de Estados Unidos, “ayudando a aliviar restricciones logísticas y asegurar el flujo continuo de recursos”.
“Esta exención temporera es un esfuerzo federal para estabilizar los mercados y proteger directamente las cadenas de suministros esenciales. Además, asegura un flujo de suministros energéticos hacia las bases e instalaciones militares americanas en ambas costas. Con esta acción el presidente Trump está impulsando la continuidad del suministro de recursos críticos mientras se atiende el conflicto actual en el medio oriente”, resaltó González a través del escrito.
La gobernadora consideró que la Ley Jones continúa siendo un pilar fundamental de la política económica y de seguridad nacional de EE.UU., ya que “respalda a la industria marítima nacional y garantiza el acceso a rutas comerciales confiables”.
“Puerto Rico permanece alineado con los esfuerzos federales para fortalecer la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro, salvaguardar las prioridades de seguridad nacional y garantizar la protección de nuestro pueblo durante este periodo de desafíos a nivel global”, puntualizó la primera ejecutiva.
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