Qué pasa si alguien fallece sin dejar un testamento
Especialistas advierten que no dejar instrucciones legales puede provocar conflictos familiares y costosos procesos judiciales
Si la persona fallecida tenía hijos menores de edad y nunca dejó instrucciones legales, será un tribunal quien nombre al tutor. Crédito: Nin2530 | Shutterstock
Morir sin dejar un testamento puede generar problemas legales, gastos inesperados y conflictos familiares que podrían durar años.
Expertos en planificación patrimonial advierten que, cuando una persona fallece sin establecer por escrito cómo quiere repartir sus bienes, es el estado quien termina tomando muchas de las decisiones importantes.
Las leyes que regulan estos casos, conocidas como sucesión intestada, cambian dependiendo del estado y no necesariamente reflejan los deseos reales de la persona fallecida.
El estado decide cómo repartir los bienes
Cuando alguien muere sin testamento, la ley establece automáticamente quién heredará sus propiedades, dinero y pertenencias.
En algunos estados, el cónyuge recibe todo. En otros, la herencia se divide entre pareja, hijos, padres o hermanos.
Los especialistas señalan que el sistema simplemente sigue fórmulas legales basadas en parentescos y no considera relaciones personales o dinámicas familiares complejas.
Parejas no casadas podrían quedarse sin nada
Uno de los problemas más delicados afecta a parejas que vivieron juntas durante años pero nunca se casaron legalmente.
Aunque hayan compartido casa, gastos y vida familiar durante décadas, la pareja sobreviviente podría no recibir absolutamente nada si no existe un testamento.
En esos casos, los bienes suelen pasar a familiares directos por sangre, incluso si hacía años no existía relación con ellos.
Un juez podría decidir quién cuidará a los hijos
Si la persona fallecida tenía hijos menores de edad y nunca dejó instrucciones legales, será un tribunal quien nombre al tutor.
Eso puede provocar disputas familiares y procesos judiciales largos sobre la custodia de los menores.
Los expertos señalan que un simple testamento permite designar tutores específicos y establecer alternativas en caso de emergencia.
El proceso legal puede durar años
La sucesión legal, conocida como probate, suele implicar tribunales, abogados y costos administrativos.
Según análisis de SmartAsset citados en el reporte, este proceso puede consumir entre 3% y 10% del valor total de la herencia.
En un patrimonio de $500,000, eso podría representar entre $15,000 y $50,000 en gastos legales y judiciales.
Además, morir sin testamento suele hacer el proceso todavía más lento porque el tribunal debe identificar herederos, localizar familiares y resolver posibles conflictos.
Algunos casos pueden tardar entre 18 meses y hasta tres años en resolverse.
Las deudas y bienes se vuelven públicos
Otro aspecto importante es que los procesos de sucesión suelen convertirse en registros públicos.
Eso significa que cualquier persona podría consultar información sobre propiedades, cuentas, deudas y herencias.
Especialistas advierten que esto incluso puede exponer a familiares a fraudes o estafas.
Hijos podrían perder beneficios gubernamentales
El reporte también advierte sobre problemas para hijos con discapacidades o beneficiarios de programas gubernamentales.
Si un menor recibe directamente una herencia sin protección legal adecuada, podría perder apoyos como Medicaid o el Ingreso Suplementario de Seguridad.
Además, jóvenes de apenas 18 años podrían recibir grandes cantidades de dinero sin supervisión financiera.
Por ello, muchos expertos recomiendan utilizar fideicomisos especiales que permitan distribuir el dinero gradualmente.
Expertos recomiendan actuar cuanto antes
Los especialistas aseguran que elaborar un testamento básico suele ser más rápido y económico de lo que muchas personas creen.
Además del testamento, recomiendan preparar:
–Poder legal duradero.
–Documento de decisiones médicas.
–Actualización de beneficiarios en seguros y cuentas bancarias.
–Instrucciones claras sobre dónde guardar los documentos.
También aconsejan revisar estos documentos cada tres o cinco años o después de eventos importantes como divorcios, nacimientos o fallecimientos familiares.
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