Puerto Rico espera con expectación reforma de pensiones
La iniciativa, que afectaría a los empleados públicos, está detenida en el Legislativo por falta de acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes
Existe oposición entre algunos legisladores a llevar adelante la reforma, como quedó demostrado después de que la madrugada del martes el Senado rechazara el proyecto que le llegó de la cámara baja. Crédito: AP / Archivo
San Juan – Puerto Rico espera con expectación la anunciada reforma del Sistema de Retiro de los empleados públicos que afecta a un colectivo de 116.000 antiguos funcionarios que ven con inquietud el futuro de sus pensiones.
La reforma, que el Gobierno asegura es necesaria para garantizar a largo plazo el pago de las pensiones de los empleados públicos, está detenida en el Legislativo por falta de acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre las enmiendas a la actual ley.
El líder de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, José Rodríguez, dijo hoy a Efe que la resistencia de algunos legisladores a la reforma es lo que ha frenado que ambas cámaras saquen adelante, de momento, una iniciativa que promueve el gobernador Alejandro García Padilla.
Rodríguez señaló que la reforma supondrá el empobrecimiento de los antiguos empleados públicos y que se trata de una imposición al Gobierno de las casas calificadoras, que según aseguró han amenazado con bajar la nota de la deuda soberana de Puerto Rico si no se recortan los actuales beneficios de las pensiones.
La Federación de Trabajadores de Puerto Rico, la Central Puertorriqueña de Trabajadores y el conjunto de líderes sindicales de la isla suscribieron por ello hoy una declaración conjunta de repudio a la reforma y a cómo las cámaras legislativas han afrontado el asunto.
La declaración subraya que existe oposición entre algunos legisladores a llevar adelante la reforma, como quedó demostrado después de que la madrugada del martes el Senado rechazara el proyecto que le llegó de la cámara baja.
El manifiesto convoca además a los 116.000 antiguos funcionarios que cobran actualmente pensiones a que mañana acudan al Capitolio, sede de las dos cámaras legislativas, para seguir de cerca la continuación de los debates sobre el tema.
El gobernador indicó sobre el asunto que la reforma es necesaria para que el Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado no se quede sin fondos para pagar las pensiones de los funcionarios, que según sus cálculos ocurrirá en el plazo de 6 meses sin no entran en vigor cambios.
García Padilla subrayó que las agencias calificadoras de deuda han tratado a Puerto Rico de forma injusta, pero advirtió al mismo tiempo que las decisiones que tomen pueden ser fundamentales para la economía de la isla caribeña.
Por parte de la oposición, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, catalogó la manera en cómo se lleva a cabo la reforma de accidentada.
De finalmente aprobarse las enmiendas, aumentará la edad de jubilación de los 61 a los 65 años para los funcionarios en puestos de oficina, mientras que en el caso de policías y bomberos se extiende de los actuales 50 a los 55.
Además, la aportación de los actuales empleados públicos al sistema a través de sus salarios aumentará del 8,2 % al 10 %.
Los pensionistas verán además deteriorados sus beneficios, por lo que quienes reciben 1.500 dólares mensuales o menos -el 80 %- verán reducida en un 30 % la cuantía de la paga de Navidad, además de eliminarse la paga de verano.
El proyecto que espera aprobarse esta semana establece también que la futura pensión de los empleados públicos dependerá, en parte, de las aportaciones de su salario que haga el funcionario desde el próximo 1 de julio y hasta el momento de su jubilación.
Analistas locales han sugerido que la reforma está condicionada por la presión de las casas calificadoras, que ven con preocupación el estado de las cuentas públicas de la isla caribeña.
A principios de marzo, una delegación económica del Gobierno de Puerto Rico se reunió en Nueva York con las agencias S&P, Fitch Ratings y Moody’s con el objetivo de evitar una bajada de la nota de la deuda del Estado Libre Asociado, objetivo finalmente no alcanzado.
Fitch igualó a Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s al rebajar en marzo la nota de la deuda soberana de Puerto Rico de BBB+ a BBB-, al nivel previo de “bono basura” con perspectiva “negativa”.
El presupuesto de Puerto Rico presenta un déficit estimado de 2.157 millones de dólares para el presente año fiscal, una de las razones de la bajada de la clasificación de su deuda soberana por parte de las agencias.
