La Corte Suprema erró contra los votantes

Cuando la Corte Suprema invalidó la Ley de Derecho al Voto de 1965 el mes pasado, borró toda una generación de protección jurídica que nació de la lucha y la desobediencia civil de Selma, Alabama, y es una ley que también protege los votantes de la ciudad de Nueva York directamente.

La decisión fue un grave error que ha retrocedido el progreso a los derechos electorales en esta nación, y es un error que Nueva York puede y debe corregir – pasando su propia versión de la Ley de Derechos Electorales.

En el 1968, el registro de votantes hispanos era tan bajo en Nueva York, debido en parte a una ley discriminatoria aprobada por el estado de Nueva York en el 1921 que requería una prueba de alfabetización en inglés para votar–que Manhattan, Brooklyn y el Bronx convirtieron en “jurisdicciones cubiertas” bajo la Ley de Derecho al Voto.

Como resultado, durante los últimos 45 años, los cambios en las prácticas y procedimientos de votación de la ciudad, así como planes de reelecciones al Consejo Municipal, se han presentado al Departamento de Justicia para su revisión bajo el artículo 5 de la Ley de Derecho al Voto a través de un proceso conocido como pre-autorización.

Durante ese tiempo, el Departamento de Justicia bloqueó un sinnúmero de esfuerzos que se consideraban discriminatorias.

Mientras ninguna politica o práctica de la Ciudad ha sido bloqueada desde el año 1999, la Ley de Derechos Electorales siguió desempeñando un papel importante en las elecciones de la Ciudad de Nueva York.

El mes pasado, la Corte Suprema anuló la ley, que en el 2006 había sido reautorizada por el Congreso por 25 años más.

El Tribunal señaló que el Congreso podría aprobar una nueva Sección 4– la sección que había sido utilizada para identificar las ciudades y los estados que requieren cumplir con la pre- autorización.

Los votantes de la Ciudad de Nueva York y otros en todo el país no pueden esperar a que el Congreso actúe para proteger su derecho al voto. El Estado de Nueva York debe inmediatamente elaborar un proceso estatal de pre-autorización para revisar cambios en las prácticas y procedimientos electorales locales con el fin de acabar con tácticas discriminatorias.

La Ciudad de Nueva York sufre constantemente con unas de las más bajas participación electoral en la nación.

Durante 48 años, la Ley de Derechos Electorales se presentó como un testimonio a la valentía de Selma y como una promesa para las generaciones presentes y futuras y que el Gobierno haría todo lo posible para proteger el derecho al voto de todos los estadounidenses.

Aunque no haya un substituto para una Ley de Derechos Electorales renovada, un sistema estatal asegurará la continuidad de este gran legado en Nueva York en la marcha hacia la justicia iniciada en Selma hace casi medio siglo.

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