Narcos mexicanos secuestran a migrantes en albergues

MÉXICO, D.F.—Pandilleros centroamericanos de la Mara Salvatrucha en alianza con células de los Zetas acosan el albergue fundado por el premio Nacional de Derechos Humanos, el sacerdote Alejandro Solalinde, con nuevas formas de secuestro de las que son víctimas alrededor de dos mil inmigrantes mensualmente.

Al refugio “Hermanos en el Camino”, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, se filtran espías –principalmente mujeres- de los delincuentes para indagar sobre los vínculos familiares o futuros movimientos de las personas que utilizarán el tren de carga como polizones rumbo a Estados Unidos.

Una vez que son identificados, los migrantes son acosados por grupos de hasta 30 hombres armados que asaltan el ferrocarril conocido como “La Bestia” para exigir una cuota de 100 dólares por “derecho de piso” .

“Como saben que los migrantes no llevan dinero, los obligan a llamar a sus familias en Estados Unidos para que depositen en cuentas bancarias”, revela Solalinde en entrevista con este diario. “Si nadie contesta allá, los tiran del tren donde pueden ser arrollados”.

El defensor de los migrantes está sorprendido por el retorno de estas bandas que por un par de años redujo los ataques contra los indocumentados que transitaban en el lugar, aún cuando mantenían con saña los abusos hacia el sureste, principalmente en Tabasco y Veracruz.

“En Veracruz está lo peor, allá es donde pagas o te tablean, pero la cuota ya se exige desde Oaxaca”, precisa el religioso que desde hace más de seis años mantiene una lucha frontal contra los criminales.

En 2007, acompañado de decenas de centroamericanos, marchó hasta una casa de seguridad donde zetas y policías municipales tenían retenidos a varios “sin papeles”. Meses después, los criminales tomaron venganza e intentaron quemarlo vivo junto con el albergue al que rociaron con gasolina.

Luego de múltiples denuncias desde diversas organizaciones civiles y religiosas, los malandrines se distanciaron hasta inicios de este año.

“Con amenazas retienen a los migrantes sobre el tren, hasta que pagan: es otra variedad de secuestro”, narra Solalinde con base en testimonios de algunos de los afectados que lograron escapar. “La delincuencia otra vez está descontrolada”.

De pláticas con el gobierno federal desde un lustro atrás, Solalinde ignora las razones por las cuáles el gobierno no utiliza la información que ha proporcionado sobre los grupos delictivos de la zona.

Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano (M3), quien fue amenazado de muerte en Tabasco, tiene su propia interpretación al respecto: “Parece que el gobierno de México tiene interés en que operen estos grupos para que frenen la migración centroamericana; si no es así, que lo demuestre: las autoridades saben los nombres y dónde operan las bandas, nosotros le hemos dado esos datos para que las detenga”.

En junio pasado, Figueroa abandonó el albergue “La 72”, ubicado en la fronteriza ciudad de Tenosique, Tabasco, después de que el Ministerio Público Federal liberó al líder de una banda delictiva que él denunció por extorsionar a los inmigrantes.

Frente a tal inseguridad, M3 insiste, desde la aprobación de la Ley de Migración en 2011, en una estancia legal de seis meses para los centroamericanos en México a través de una propuesta de “visa de tranamigrante” que no ha prosperado.

Otra acción que ha tenido éxito en el estado de Chiapas es la vigilancia permanente.

“La custodia del tren es una opción, se podría analizar cuál de las instituciones de seguridad podría vigilarlo: no se trata de escoltar a los indocumentados o pasarlos, sino de proteger su vida”, opina Solalinde.

La vigilancia incluiría a los estados “más afectados” según las organizaciones no gubernamentales afectadas por la intimidación de los criminales.