Anatomía de una campaña de odio

El odio, la ignorancia y el miedo son motivos potentes en las maniobras políticas de este país. Cuando se desempeñan estratégicamente, atraen votos. Y cuando el sujeto de las mentiras maquiavélicas es vulnerable – como son las comunidades de indocumentados latinos – la combinación de estos motivos casi garantiza logros políticos.

Esto es el plan de las fuerzas anti-inmigrantes, y su arquitecto es el abogado Kris Kobach. Para él y un núcleo extremo del partido republicano, el plan es convencer a municipios, condados y estados a legislar la intolerancia. Es decir, adoptar proyectos de ley que le hagan la vida imposible a los indocumentados.

El plan tuvo antecedentes en comunidades pequeñas en California pero la inauguración definitiva fue en Hazleton, Pennsylvania, en 2005, un lugar no muy lejos de las comunidades hispanas de Reading, Allentown y, más allá, Bethlehem, donde el poder de tantos latinos no hubiese permitido tal maniobra. Al contrario, Hazleton tenía una comunidad pequeña de inmigrantes latinos de México y Centroamérica que revitalizó la zona comercial de la deprimida ciudad con la fuerza de su sudor y sus pequeños negocios.

Pronto vino Kobach y convenció el alcalde de Hazleton, Lou Barletta, quien ahora es el congresista de esa zona – más evidencia que ser anti-Latino en ciertos lugares atrae votos. Kobach y Barletta reclamaron que el peligro más grande que tiene Hazleton no es una economía letárgica, o escuelas sin recursos adecuados, o una infraestructura envejecida, sino que lo que puede hundir a la ciudad para la eternidad es la presencia de latinos indocumentados.

En 2006 Hazleton aprobó el modelo de leyes anti-inmigrante que después se utilizó en Arizona, Alabama, Indiana, South Carolina y Georgia. Todo bajo el la guía del abogado Kobach. En Hazleton se les prohibió a los negocios contratar a indocumentados, y a los dueños de apartamentos alquilar a personas sin papeles. El poder completo de la fuerza gubernamental se dirigió a eliminar a los inmigrantes indocumentados. Pero como todo lo que nace de un odio irrazonable nutre a los odios personales, la ley anti-inmigrante en Hazleton fue implementada como una licencia anti-latina para hostigar a la comunidad entera.

Esta semana la Corte Suprema negó la última apelación de Kobach y Hazleton, y dejó intactas las decisiones que la comunidad latina ganó en su favor contra estas maniobras intolerantes. Los abogados de LatinoJustice y de la ACLU habían ganado cada “round” de esta batalla legal. Pero Kobach y Hazleton, ahora con un nuevo alcalde que comparte la misma miopía del anterior, siguieron con su cantaleta que la ciudad tiene el poder legitimo de aplicar leyes federales como le dé la gana. Aun después que la Corte Suprema advirtió en 2012 que el poder de decidir asuntos de inmigración en un contexto global está depositado exclusivamente en la rama federal, Hazleton no se detuvo. Siguieron invirtiendo cientos de miles de dólares – dinero del tesoro público que a ninguna ciudad le sobra – en los bolsillos del bufete de Kobach.

¿Y los residentes de Hazleton? Algunos cuestionaron por qué cada apelación – más de 9 mil al año – no es oída por la Corte Suprema. Otros se preocuparon de algo más inmediato, la economía. Y los latinos dijeron ¡por fin!

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