Demandan a altos funcionarios por muerte de inmigrante

Buscan dejar un precedente que detenga las muertes en la frontera

Los familiares del mexicano Jesús Alfredo Yañez Reyes, muerto en 2011 durante un incidente con agentes de la Patrulla Fronteriza, presentaron una demanda contra exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional, según confirmaron a Efe abogados de la familia.

La demanda interpuesta en la Corte Federal de San Diego responsabiliza no solamente a los dos agentes involucrados en el incidente, sino también a la en aquel entonces Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y al antiguo Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Alan Bersin.

De acuerdo al abogado de la familia, Gerald Singleton, la acusación motivada por la muerte del inmigrante mexicano, fallecido tras una presunta agresión con piedras, incluye a los antiguos altos funcionarios por permitir el uso de la fuerza letal en respuesta a agresiones con objetos utilizados como proyectiles.

La demanda considera que la falta de atención a políticas relacionadas con el uso de la fuerza derivó en un creciente número de abusos por parte de los agentes federales.

“Estos individuos adoptaron esta política, sabían que era ilegal, sabían que sus agentes estaban matando personas al hacer esto, y no hicieron nada para prevenirlo”, indicó Singleton a Efe, quien agregó que desde el año 2000 a la fecha se han registrado por lo menos 13 muertes de inmigrantes en incidentes similares.

En junio de 2011 Yañez y José Ibarra Murrieta cruzaron sin documentos desde Tijuana hacia San Diego a través de un hoyo en la malla fronteriza, pero fueron interceptados por los agentes Chad Nelson y Dorian Díaz; luego, se originó un incidente en el que Yañez presuntamente cayó abatido a tiros por arrojar piedras a los agentes.

En aquel año, la política de la Patrulla Fronteriza señalaba que los agentes podían utilizar la fuerza letal si existía un miedo inminente de muerte o peligro, pero tras una auditoría interna tres años después se modificó dicha regulación.

La nueva política señala que los oficiales “no deben accionar un arma en respuesta a una persona arrojando proyectiles, salvo que exista una creencia razonable de miedo inminente” y se invocó a otras acciones como cubrirse o alejarse del área de peligro si es posible.

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