¿Dinero para la frontera? Solo si deportan a los niños migrantes
Los procedimientos de Obama para afrontar crisis en la frontera no vendrán sin confrontaciones
SAN ANTONIO, TEXAS - El centro donde se alojan jóvenes y niños indocumentados en San Antonio, Texas. El estado de Texas pidió 30 millones de dólares al departamento de Seguridad Nacional ante la crisis desatada en la frontera con México al dispararse la cifra de niños inmigrantes que llegan solos al país norteamericano, en su mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. EFE/CONG.HENRY CUELLAR. Crédito: EFE
WASHINGTON, D.C.— Son niños migrantes que escapan de la violencia y nadie lo duda en Washington, pero la asignación de fondos para resolver la crisis que están creando en la frontera sur empieza a ser condicionada al futuro de una ley federal que prohíbe la deportación expedita de menores indocumentados procedentes de Centroamérica.
Mientras los principales líderes republicanos en ambas cámaras del Congreso, John Boehner y Mitch McConnell, han dicho que no entregarán al Presidente Barack Obama un “cheque en blanco”, legisladores del Caucus Hispano del Congreso (CHC) afirmaron hoy que posiblemente voten en contra del paquete de fondos si éste incluye enmendar la “Ley Wilberforce”, promulgada en 2008 para prohibir la deportación expedita de niños indocumentados procedentes de Centroamérica.
Sin embargo, la mayoría de los republicanos, y algunos demócratas, apoyan la idea de cambiar esa ley.
De hecho, esta semana el legislador demócrata Henry Cuéllar y el republicano John Cornyn, ambos de Texas, anunciaron su intención de presentar un proyecto legislativo bipartidista enfocado en agilizar el procesamiento de los menores en la frontera, incluyendo posibles cambios a la ley de 2008.
Los republicanos no han precisado fecha para el voto sobre la asignación de fondos de emergencia presentada por la Administración Obama, pero han dejado en claro que intentarán condicionarl su visto bueno al cambio legislativo en cuestión para así acelerar la deportación de menores.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, advirtió ante un comité del Senado de que su agencia se quedará sin fondos a mediados de agosto próximo a menos de que el Congreso apruebe pronto los fondos que solicitó Obama.
Según Johnson, tanto la Patrulla Fronteriza como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)necesitan con urgencia los fondos para continuar las operaciones de arresto y deportación de los indocumentados, o de lo contrario estos recursos tendrán que ser desviados de otras funciones vitales de DHS.
El presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Hal Rogers, dijo que la solicitud “contiene demasiado dinero” y es más probable que solo aprueben algunos elementos.
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Previo al estallido de la crisis, Obama había ordenado una revisión completa de la política de deportaciones para hacerlas “más humanas”, pero ahora la Casa Blanca ha sugerido que los cambios legislativos que pedirán servirán para agilizar el procesamiento de los niños migrantes, aunque no incluyó ese pedido en la solicitud de $3,700 millones en fondos suplementarios para atender la crisis en la frontera.
La Administración Obama ha transmitido el mensaje a la región de que la mayoría de los niños no calificará para ningún alivio migratorio y serán deportados, lo que ha provocado la repulsa de grupos progresistas en todo el país.
El liderazgo del Caucus Hispano se reunirá con el presidente Obama la próxima semana para insistirle en que recurra a sus poderes ejecutivos para frenar las deportaciones.
“Esperamos que el presidente (Obama) sea tan generoso como han sido de mezquinos los republicanos en el tema de inmigración”, afirmó el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez.
- Fue aprobada para proteger a víctimas del tráfico de personas
- Requiere que los niños migrantes de Centroamérica pasen a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos en un plazo de 72 horas después de su detención en la frontera.
- Requiere que esos niños tengan una cita ante un juez de Inmigración para ventilar sus casos para posible asilo o estatus de refugiado.
