Guerrero, un congreso infiltrado por el narco
Algunos legisladores del estado mexicano enfrentan acusaciones relacionadas con las redes del narcotráfico
El estado de Guerrero enfrenta una crisis en la que depende de su congreso para restaurar el orden y gobernar. Crédito: EFE
MÉXICO.- Inmerso en una crisis política, legal y de derechos humanos, el estado de Guerrero recurre a su congreso como pieza clave para reestructurar el gobierno tras la desaparición de estudiantes, pero pesan sobre varios de sus diputados acusaciones previas de vínculos con el narcotráfico.
El líder del legislativo local, Bernardo Ortega, es uno de ellos, quien presidió la sesión para elegir hoy el relevo de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala preso, presunto autor intelectual del secuestro de los 43 alumnos de Ayotzinapa y miembro de la organización Guerreros Unidos.
El padre de Ortega, Celso Ortega Rosas “El Ardillo”, estuvo preso durante poco más de dos años tras el secuestro y asesinato de dos agentes federales que realizaban investigaciones sobre narcotráfico en el municipio de Quechultenango. La Procuraduría General de la República lo acusó de ser miembro de la organización criminal Guerreros Unidos pero fue liberado en 2011 y asesinado en los días siguientes.
Ortega ha negado estar relacionado con la banda de su padre, pero sus rivales políticos llaman al grupo de legisladores que encabeza “Los Ardillos”.
Otro perfil de acusaciones provienen desde los mismos grupos criminales que se pelean la plaza, principalmente desde Los Rojos, otra célula derivada del cartel de los Beltrán Leyva.
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En 2009, el legislador local Olaguer Hernández fue acusado de ser parte de los políticos que brindaban protección a los criminales en el municipio de Heliodoro cuando era alcalde, según testimonios de Jesús Basilio Araujo “El Pollo”, un narcotraficante detenido en Jiutepec, Morelos.
Ya como diputado estatal, Hernández fue secuestrado el año pasado en un casino de Chilpancingo, la capital guerrerense, por un grupo de sicarios de “Los Rojos” que lo liberó en dos días. La familia dijo que pagó un rescate.
En Huitzuco, un municipio cercano a Chilpancingo, el 3 de febrero de 2010 un diario de circulación nacional dio cuenta de una “narcomanta” en la que se exhibió al público los nombres de políticos que presuntamente daban protección a dos cabecillas regionales del crimen organizado apodados “El Pescado” y “El Pony”.
En el mensaje aparecieron los nombres de los legisladores José Luis Ávila López y José Rubén Figueroa Smutny, hijo del ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa, quien a su vez había llamado previamente “narcoalcalde” de Acapulco al hoy diputado federal Manuel Añorve.