Impunidad y migración

La impunidad en Centroamérica afecta la defensa de casos de asilo de migrantes centroamericanos en EE.UU

Las familias centroamericanas  más pobres son las más expuestas porque no tienen a dónde ir.

Las familias centroamericanas más pobres son las más expuestas porque no tienen a dónde ir. Crédito: Getty Images

¿Cómo puede un niño o un adolescente migrante probar en una corte de EE.UU. que su vida corre peligro en el triángulo norte de Centroamérica cuando en la región la impunidad oscila entre el 70 por ciento y el 90 por ciento en los crímenes denunciados?

Estos niños y adolescentes y sus padres vivían en países donde llegan a juicio entre uno y tres casos de cada diez denunciados. Usualmente no hay evidencias porque el análisis de la escena del crimen fue deficiente, o porque los testigos o la víctima fueron amenazados y se retractaron.

Un ex pandillero de la Mara Salvatrucha en Guatemala narró que hace 16 años protagonizó una balacera, junto a otros pandilleros, como consecuencia de la cual murieron una niña y un policía. Él permaneció menos de un año en la cárcel porque su clica se encargó de amenazar a los testigos y, sin alguien que le acusara, salió libre. Eso ocurrió cuando el índice de impunidad en la región era menor, y cuando en Guatemala había un promedio de 10 homicidios por día. En los últimos cinco años el promedio ha rondado los 14 a 16 diarios.

La mayoría de casos de petición de asilo en EE.UU., porque el migrante cree que su vida corre peligro por la violencia, involucra a familias que huyen de las pandillas. Sin embargo, si no consiguen que la justicia les proteja en sus países, ¿cómo pueden probar en EE.UU. que migraron literalmente para salvar sus vidas, porque no tenían a dónde más ir?

Lo decía Oscar Martínez de El Faro en un artículo de prensa: “el verbo correcto no es ‘migrar’, sino ‘huir’”. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge De León, encontró en un albergue México a una madre que huyó con sus tres hijas (una adolescente y dos menores de cinco años) porque los pandilleros le exigían que les entregara a su hija mayor. Huyó a media noche de Villa Nueva, un municipio a 15 minutos de la capital, y una meca para pandilleros (un ex funcionario de gobierno dijo que en Villa Nueva los pandilleros reúnen hasta $8 millones anuales en extorsiones). La mujer no tenía a dónde ir, ningún familiar que la pudiera alojar con sus hijas, y entonces decidió tratar de llegar indocumentadamente a EE.UU. Sólo llegó hasta Veracruz donde la detuvieron autoridades mexicanas. Pero el intento le bastó para preferir ser devuelta Guatemala. Le dijo a De León que intentaría encontrar otro vecindario dónde vivir, eso, aunque las rentas más accesibles por lo general están en vecindarios infestados de pandilleros.

En el artículo de prensa, Martínez relató una historia similar: la una familia que abandonó la casa de madrugada para huir del vecindario donde las pandillas querían reclutar a un hijo adolescente. Luego, en Honduras, una mujer que decidió no huir, murió calcinada después que no pagó la extorsión que le exigían los pandilleros por permitirle operar un pequeño restaurante. En represalia, lanzaron una granada al negocio.

Los que deciden huir, y pedir asilo, necesitan un testigo que verifique su versión, y/o que un experto en su país pueda explicar al juez de migración por qué algunos centroamericanos se sienten tan desprotegidos por sus autoridades que prefieren abandonar su país.

Pero si las amenazas son una constante, ¿qué probabilidades tiene un solicitante de asilo de conseguir un testigo quiera hablar en su favor? El grado de dificultad es aún mayor si, como indican algunos artículos de prensa, los solicitantes reciben en ocasiones plazos de 15 días para conseguir un abogado y preparar sus casos antes de su siguiente audiencia.

Las familias más pobres son las más expuestas porque no tienen a dónde ir. Huyen porque no tienen opciones para evadir la violencia. Pero la impunidad hace aún más difícil probar que su caso es creíble. Si tienen dificultades para conseguir un abogado, serán mayores sus dificultades para persuadir a un juez de migración para que le otorgue asilo.

The New York Times y NPR reportaron en meses pasados que la mayoría de los migrantes menores de edad detenidos en la frontera sur de los EE.UU., y entregados a familiares este año, sí acudían a su primera cita con un juez de migración en Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, si las cifras del año fiscal pasado son un indicativo, sólo el 4 por ciento de los solicitantes de asilo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños lo obtuvieron.

EE.UU. podría sentirse sin obligación alguna de ayudar a estos niños y a sus desesperadas familias. Al final de cuentas, esta crisis (que ya palideció en los medios, pero que aún es real) fue creada por la negligencia de los estados de Guatemala, El Salvador y Honduras, durante varias administraciones presidenciales. Pero, ¿entonces quién los ayuda? ¿Están en un callejón sin salida?

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