Ejército entrega informes y bitácora del caso Ayotzinapa
Se cumplen cinco meses de la desaparición de los normalistas
Los padre de los jóvenes exigen justicia. Crédito: EFE
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México cumplió con la entrega de las bitácoras e informes sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre pasado en la ciudad mexicana de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes.
Aunque dicha información forma parte de una investigación abierta, su publicación es necesaria por tratarse de “flagrantes violaciones a los derechos humanos”, explicó a Radio Fórmula el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) Joel Salas.
En virtud de que la noche del 26 de septiembre pasado se registraron violaciones a los derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) también deberá entregar la información que solicitada por estos hechos.
“Esperemos que la PGR haga lo propio y podamos conocer pronto el contenido de las averiguaciones previas en versiones públicas”, señaló.
El IFAI había pedido el 5 de febrero pasado a la Sedena una copia de las fotografías y registros que tomaron miembros del Ejército el 26 de septiembre a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
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Asimismo, “la bitácora y todos los informes con los que cuente de los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes”.
En total, la Sedena entregó un documento de 18 hojas que será entregado a la persona que solicitó la información y después será publicado en la página del IFAI para que la sociedad pueda revisarlo.
Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre pasado tras un ataque armado perpetrado por policías locales por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en el que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas.
De acuerdo con la investigación oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero al creer que se trataba de miembros del grupo rival Los Rojos.
Los familiares de las víctimas no creen en esta versión, construida a partir del testimonio de algunos miembros de Guerreros Unidos, y reclaman al Gobierno que investigue el supuesto papel del Ejército en los hechos.
El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de fuerzas federales y la fiscalía se ha negado a abrir una línea de investigación en ese sentido.
