La diáspora de Puerto Rico clama justicia y equidad a Washington
Los políticos de Nueva York aseguran que la austeridad no es solución y piden que se pueda aplicar la ley de quiebras en la isla
La diáspora puertorriqueña está pidiendo apoyo ante la crítica situación económica de la isla al presidente Barack Obama y al Congreso. Y ayer lo hicieron desde Nueva York, Orlando (Florida) y Washington D.C. arropados por políticos que unieron su voz a la petición de un plan de inversión para Puerto Rico, la enmienda de la Jones Act (una legislación que encarece las importaciones a la isla) pero, sobre todo, la inclusión de las municipalidades y empresas públicas en la ley de quiebras como el resto de ciudades del país.
En los actos se advirtió que la inacción tendrá consecuencias en las urnas en 2016. “Que no se olvide a Obama como la comunidad latina le ayudó a llegar a la Casa Blanca”, recordó este martes Marcos Crespo, puertorriqueño y asambleísta en Albany. “Necesitamos y merecemos atención y acción federal”. Shirley Aldebol, vicepresidenta del 32BJ, dijo ayer en NY que los sindicatos van a organizar “a los puertorriqueños de Florida para que voten en las siguientes elecciones, a los trabajadores y a la comunidad latina”. En Florida, se ha asentado buena parte de la comunidad que ha salido de la isla, y, al ser un estado indeciso (swing state), su voto es clave.
Puerto Rico, que lleva años en una fuerte recesión, tiene una deuda de más de $72,000 millones y el gobernador Alejandro García Padilla advirtió hace unas semanas que son impagables. El 1 de agosto vence parte de una deuda que las autoridades admitieron el lunes no será fácil devolver. Un grupo formado por una treintena de hedge funds que tienen deuda de la isla en sus carteras encargaron un informe a una serie de execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que han recomendado que el gobierno de Puerto Rico recaude más impuestos, venda infraestructura pública y reduzca más el gasto público, sobre todo en educación, para poder hacer frente a sus pagos de deuda.
Melissa Mark-Viverito, presidenta del concejo de Nueva York y también puertorriqueña, tomó prestado ayer el apelativo usado en Argentina para referirse a estos fondos y los llamó “buitres”. Desde las escalinatas de la alcaldía dijo que estos fondos no pueden esperar una solución “a expensas de la clase trabajadora y los más vulnerables. La política de austeridad no es la respuesta”. Mark-Viverito agregó que los fondos están cabildeando al Gobierno para que no tomen acciones que ayuden a la isla y demandó al presidente explicaciones sobre “por qué no está tomando acciones”.
El alcalde de la ciudad Bill de Blasio indicó que no se puede dejar solos “a nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños. Nuestra obligación es estar a su lado y actuar es una obligación federal”. De Blasio abogó también por la inclusión de la isla en el Capítulo 9 de bancarrotas que permite a las municipalidades y empresas públicas optar por esta medida judicial que es clave para poder negociar rebajas de la deuda. Puerto Rico y otros territorios del país se quedaron fuera de esta ley, una omisión que carece de explicación jurídica y que ha ayudado a ciudades como Detroit a negociar su deuda con los acreedores.
“Si no se ayuda a reestructurar la deuda será dificil que salgan de la crisis”, sostuvo el alcalde. La defensora del pueblo, Letitia James, y Scott Stringer, el contralor de la ciudad, coincidieron en rechazar la austeridad como fórmula económica para la isla. El presidente de la Asamblea de Albany, Carl Heastie, también ha pedido ayuda para reestructurar la deuda. “Los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico necesitan ayuda desesperadamente y no podemos dejarlos solos”, dijo.
En el Congreso, hay una fuerte presión por parte de grupos conservadores como 60 Plus Association para evitar que se incluya al país en el Capítulo 9, y, a pesar de que es un proceso que no cuesta dinero a los contribuyentes, no hacen más que referirse a la quiebra como un rescate financiero.
Asistencia técnica no es suficiente
El consenso fue que la asistencia técnica que ha ofrecido EEUU no es suficiente y que no se trata de un “rescate financiero” sino de permitir que las entidades municipales en Puerto Rico puedan ampararse al Capítulo 9 de la ley de bancarrota federal, tal como propone una medida del comisionado residente en la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, estancada en el Congreso.
“Esto ya no se puede seguir ignorando… estamos enviando un mensaje claro: los puertorriqueños (en EEUU) no olvidarán quiénes contestaron este llamado a la acción”, afirmó Nydia Velázquez, demócrata por NY.
Su colega demócrata, José Serrano, señaló que la crisis no solo terminará afectando Wall Street, sino que ha dado pie a un éxodo masivo de la isla y que, tan solo en Florida, hay casi un millón de puertorriqueños, cuyo voto será decisivo en 2016.
El legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez pidió durante discurso en el pleno de la Cámara Baja que la diáspora puertorriqueña mantenga la presión sobre el Congreso porque, a su juicio, está claro que Wall Street no velará ni por el ciudadano de a pie ni por los policías, doctores o maestros.
“La situación actual favorece a los multimillonarios y a los fondos de inversión de alto riesgo porque son los que recibirán pago primero… los boricuas deben involucrarse en este momento para que Puerto Rico tenga un plan económico que pueda crear empleos y no seguir empujando a los jóvenes fuera de la isla hacia los EEUU en Jet Blue”, planteó Gutiérrez.
Piden herramientas para resolver crisis
La Agenda Nacional de Liderazgo Hispana (NHLA, en inglés), que aglutina a 39 de las organizaciones latinas más prominentes de EEUU, ha criticado el “silencio ensordecedor” del Congreso.
El pasado 16 de julio, el grupo envió una carta al presidente Barack Obama y a los líderes republicanos de ambas cámaras del Congreso en busca de respuestas. Ahora ha solicitado reuniones con los principales precandidatos presidenciales.
Los activistas coincidieron en que el gobierno de Puerto Rico ya ha impuesto medidas de austeridad que suponen un gran sacrificio para los 3.5 millones de puertorriqueños en la isla, mediante despidos, recortes masivos al gasto público por $2,200 millones, y un aumento a los impuestos sobre las ventas.
En la actualidad, la tasa de desempleo en Puerto Rico es del 15%, más del doble y medio que la tasa nacional en EEUU, y el 41% de las familias puertorriqueñas en la isla vive por debajo del umbral de la línea de la pobreza, cifra que podría escalar conforme se prolongue la crisis.
Trump pudo pedir la bancarrota
Luis Garden Acosta, director de la organización El Puente, dijo que la diferencia entre la crisis de Grecia y la de Puerto Rico es que los europeos están hablando de ello y están intentando solucionarlo. En el acto de Nueva York se recordó una y otra vez que los puertorriqueños son ciudadanos americanos y que merecen lo mismo que el resto. “Si Donald Trump, que no es tan buen empresario como él dice, tuvo el derecho a solicitar la quiebra, por qué Puerto Rico no puede tenerlo”.