Editorial: El NSA y los llamados telefónicos
El Congreso tiene la oportunidad de hacer cambios a la ley cuando venza en junio
La información obtenida y almacenada por el gobierno federal sobre sus llamados telefónicos está basada en una interpretación errada de la ley destinada a combatir el terrorismo. El Congreso tiene la oportunidad de corregir el problema eliminando un programa cuya constitucionalidad sigue siendo dudosa.
La decisión de ayer del Segundo Tribunal de Apelaciones declaró que la sección 215 de la Ley Patriota no autoriza a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a recaudar y guardar los datos de las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses bajo los cuales no hay sospecha alguna. Los jueces rechazaron el argumento gubernamental de que la ley autoriza una masiva recolección de información, como tirar una red para ver si cae algún sospechoso, sino que está dirigida a investigaciones específicas. Los magistrados también rechazaron el argumento que la intención del Congreso era impedir que “un investigado” pueda en estos casos recurrir a los tribunales.
Los datos telefónicos incluyen, por ejemplo, la duración de la llamada y los números telefónicos de donde y a donde se llama, no agrega el contenido de las conversaciones. Esto no parece ser mucho, pero se sabe que conociendo el destino de una llamada se puede deducir información del que llama, por eso se archivan las millones de llamadas. Según los jueces la ley aprobada por el Congreso no autoriza esta recolección de información.
El Congreso tiene la oportunidad de hacer cambios a la ley cuando venza en junio. Ambas cámaras legislativas tienen proyectos de ley en marcha en donde se enfrentan libertarios y progresistas a favor de eliminar la sección 215 y cualquier sustituto, contra quienes creen que es necesario para proteger al país del terrorismo. El reciente incidente ocurrido en Texas lamentablemente refuerza la mano en favor del NSA.
Creemos que el programa, denunciado por Edward Snowden en su momento, entra en conflicto con las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución que exige una “causa probable” para que haya una investigación. Los jueces eludieron hábilmente la palabra constitucionalidad, pero dijeron que la ley no autoriza las acciones del gobierno. Habrá que ver si en algún momento se decide sobre el meollo de la cuestión.
No hay que ponerse contento, sus llamadas, y nuestras llamadas, seguirán siendo registradas por el NSA ya que los jueces no ordenaron su suspensión; ahora hay que esperar la acción del Congreso.
