Quince latinos serán compensados por redada injustificada de ICE

Los agentes federales entraron a sus hogares sin tener autorización; recibirán $310,000

ICE deporta inmigrantes indocumentados en Arizona.

ICE deporta inmigrantes indocumentados en Arizona. Crédito: John Moore | Getty Images

Charlotte (NC).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Tennessee anunció este lunes que llegó a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para resolver una demanda federal por una redada “injustificada” ocurrida en octubre de 2010 y que involucró a quince indocumentados hispanos.

ICE y el Departamento Metropolitano de Policía de Nashville (MNPD), capital del estado, acordaron beneficiar con un alivio migratorio de siete años a los inmigrantes, y el pago de un total de 310,000 dólares para terminar todas la demandas.

Al menos 20 agentes de ICE y de MNPD rodearon el complejo de apartamentos Clairmont, en Nashville, habitado mayoritariamente por hispanos, y sin aparente orden de registro, comenzaron a golpear puertas y a gritar que eran la “Policía”.

ACLU expuso en la demanda Escobar v. Gaines que los agentes irrumpieron “sin autorización a las vivienda, gritando insultos raciales, y apuntando sus armas en la cabeza a algunas personas”.

Los residentes fueron detenidos sin ninguna sospecha razonable de que habían participado en alguna actividad criminal, y nadie fue acusado de una violación criminal, aseguró ACLU.

La Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente intrusiones sin orden judicial en las residencias privadas, y las protecciones incluyen a los ciudadanos y no ciudadanos estadounidense por igual.

“Ninguna persona debe pasar por lo que experimenté”, afirmó hoy en un comunicado Marvin Benjamin Lopez Raxcaco, uno de los quince demandantes.

“Fue terrible, y espero que este acuerdo sirva para que dejen de pasar estas redada sin motivo“, agregó.

La demanda fue presentada por ACLU y la firma de abogados Ozment Law and Hughes Socol Piers Resnick & Dym a nombre de los hispanos.

El acuerdo envía un fuerte mensaje a las agencias del orden público en todo el país que la “Constitución exige un trato justo a todas la personas, independientemente del color de su piel”,aseguró Andre Segura, abogado de ACLU, en un comunicado.

“Los agentes no pueden pisotear la Constitución debido a sus estereotipos y suposiciones del estatus migratorio de una persona“, acotó Segura.

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