Editorial: Enfermos mentales merecen mejor trato

Esta es una situación vergonzosa para una sociedad avanzada que ignora a sus integrantes más vulnerables

Ni la prisión ni la cárcel son sitios adecuados para la personas con discapacidades mentales; sin embargo la gran mayoría de ellos están alojados allí en vez de estar en hospitales y centros siquiátricos. Esta dislocación los expone a la violencia a manos de guardias que no están preparados para lidiar con enfermos mentales.

El reporte de Human Rights Watch de ayer revela una situación preocupante en donde el personal en cárceles y prisiones a lo largo del país usa una fuerza innecesaria, excesiva y hasta maliciosa en contra de individuos con problemas mentales como la esquizofrenia y la bipolaridad.

Esta es una situación vergonzosa para una sociedad avanzada que ignora a sus integrantes más vulnerables, prefiriendo almacenarlos y olvidarlos en prisiones en vez de atenderlos de una manera digna y humana.

El movimiento para desinstitucionalizar a los enfermos mentales de décadas atrás los dejó en la calle, al mismo tiempo que se recortaban los presupuestos para la atención médica y las redes de apoyo. Así quedaron a la deriva y en manos de las autoridades policiales cuando causan problema. Los numerosos casos de indigentes muertos por la policía durante su arresto ejemplifica la falta de preparación de los agentes para lidiar con ellos.

Esto empeora en la reclusión donde los detenidos con problemas mentales son castigados con más frecuencia que otros presos, en muchos casos por solo actuar consecuentemente a su enfermedad. La frustración, la falta de preparación y la brutalidad de algunos guardias condujo a descargas eléctricas, atarlos por días a una silla, romperle la mandíbula y hasta dañar órganos internos.

Se estima que cerca del 20% de los presos en las cárceles y 15% de los que están en prisiones tienen enfermedades mentales serias. O sea que hay cerca de 356,000 personas en esta situación, comparados a los casi 35,000 individuos que están en hospitales estatales.

Esto es inhumano. Hay opciones legislativas en el Congreso (S.993 y HR.1854) para financiar programas y estrategias que ayude al discapacitado mental en las distintas etapas del sistema judicial. También urge capacitar al personal carcelario para que sepa lidiar con estos individuos.  Pero fundamentalmente se requiere un cambio de mentalidad para intervenir antes de que el enfermo mental cometa una infracción que lo envíe a la cárcel y  reconocer que la calle y la indigencia no es manera de tratarlos.

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