Comunidades Seguras desapareció, el temor a deportación no
Activistas exigen transparencia en implementación del nuevo programa para deportación de criminales
Un guardia escolta a un inmigrante detenido bajo custodia de ICE. Crédito: Getty Images
Washington, D.C.– La Administración Obama prometió mejoras en el sistema de detención y deportación de indocumentados con antecedentes criminales, y pese a que eliminó el controvertido programa policial de “Comunidades Seguras”, activistas proinmigrantes temen que su reemplazo sea “más de lo mismo”.
Ante el rechazo de numerosas ciudades, organizaciones cívicas y agencias policiales, Obama puso fin a Comunidades Seguras, también conocido en inglés como “S-Comm” en noviembre pasado, reemplazándolo con el “Programa Prioritario de Aplicación de la Ley” (“Priority Enforcement Program”, PEP), para enfocarse, esta vez, “en criminales, no en familias”.
S-Comm permitía a las cárceles locales compartir las huellas digitales y demás datos de los detenidos con las autoridades de Inmigración para su deportación. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) presuntamente debía dar prioridad a quienes representasen un peligro para la seguridad nacional.
Pero el “S-Comm”, que facilitó la deportación de 406,441 individuos entre octubre de 2008 y febrero pasado, según el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), atrapó en sus redes a personas condenadas por delitos menores, ciudadanos estadounidenses y hasta víctimas de violencia doméstica.
Según un mapa interactivo de CIS, los tres condados con el mayor número de deportaciones durante ese período bajo “S-Comm” fueron el condado de Los Angeles (California), seguido por el de Maricopa, en Arizona, y el de Harris, en Texas.
¿Cambios cosméticos o sustanciales?
En las últimas semanas, funcionarios de alto rango de la Administración Obama han recorrido el país reuniéndose con alcaldes y jefes de policía para recabar apoyo a la deportación de inmigrantes condenados por delitos.
En un documento de tres páginas emitido en noviembre pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, explicó que bajo “PEP”, las cárceles locales sólo tendrán que emitir una “notificación” a las autoridades federales antes de dejar en libertad a un detenido.
La prioridad, según ICE, será detener y deportar a personas condenadas por delitos graves, que sean un peligro para la seguridad nacional, o cuando exista “causa probable” de que es una persona “deportable”.
No está claro si las autoridades continuarán tomando las huellas digitales de todo detenido, que en el pasado fueron cotejadas con la base de datos de Inmigración para deportar a indocumentados aún sin antecedentes criminales.
Dudas y recelos
Activistas consultadas por este diario afirmaron que el reto del gobierno federal será demostrar que en realidad ha habido un “cambio de paradigma” y que “PEP” no será un reinicio de “S-Comm”.
“Comunidades Seguras sembró la desconfianza de las comunidades hacia la policía, que no debería hacer tareas de inmigración. Preocupa que PEP sea más de lo mismo y que todo dependa de la buena voluntad de los funcionarios de ICE para cumplir con las nuevas directrices”, dijo Melissa Keaney, abogada en Los Angeles del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC)
“Hemos hecho recomendaciones para mejorar los formularios. Nos han dicho que las tomarán en cuenta, pero no han explicado en qué etapa están ahora”, precisó.
Silky Shah, codirectora del grupo “Detention Watch Network”, dijo que “PEP es otra táctica para aumentar las detenciones y deportaciones, y eso nos preocupa porque nuestro sistema de justicia criminal ya tiene bastantes problemas”.
“Hay mucha confusión y pocas respuestas claras sobre cómo se implementará PEP”, señaló Shah.
Mientras, activistas de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) desconfían de las promesas de ICE porque, según un borrador del formulario que usarán los agentes cuando “PEP” entre en vigor, además de la notificación anticipada, se mantiene la autoridad para detener hasta 48 horas a los individuos.
El documento, que NDLON obtuvo mediante un litigio, no provee una determinación judicial de causa probable para sustentar la detención y “PEP” enviaría el mensaje de que los inmigrantes no tienen derecho a una justicia equitativa, dijo el grupo en un comunicado.
Para Jennie Pasquarella, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), el formulario de tres páginas no deja duda de que ICE piensa seguir el uso rutinario de solicitudes de detenciones –conocidas en inglés como “detainers”-, que han sido rechazadas en los tribunales.
En el año fiscal 2015 en curso, ICE ha emitido 58,500 solicitudes de detenciones en las cárceles –solo en marzo realizó 8,088-, de las cuales 16, 384 fueron para personas con delitos graves.
Del total, casi 14,000 fueron solicitudes para personas con delitos menores, y más de 20,746 para personas que no encajaron en ninguna de las categorías de prioridades de deportación.
Las autoridades locales que siguen cooperando con ICE rechazaron 4,230 solicitudes, según datos oficiales.
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