En el aire la acción ejecutiva y la esperanza de los indocumentados
El año 2015 comenzó con la alegría de millones, ante la posibilidad de que este año se implementaran programas para legalizar temporalmente a 4 millones de indocumentados. Pero los mismos continúan siendo estudiados por los tribunales y se espera una resolución para 2016
El júbilo duró poco. La celebración con la que millones de inmigrantes despidieron el año 2014 y recibieron el 2015, se esfumó apenas dos meses después que el Presidente Barack Obama anunciara programas para legalizar temporalmente a 4 millones de inmigrantes. El año comenzaba con otra desilusión para la gran comunidad indocumentada y trabajadora de los Estados Unidos.
La alegría de pensar que esta vez sí tenían al alcance de sus manos un permiso de trabajo y la esperanza de perderle el miedo a la deportación, quedó en suspenso en febrero, pocas horas antes de abrirse las inscripciones para un programa, más amplio que el que existía desde 2012, de Acción Diferida para Inmigrantes en la Infancia (DACA).
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Veintiséis estados liderados por Texas habían presentado en diciembre una demanda alegando que el presidente no tiene autoridad para permitir que grupos de inmigrantes permanezcan legalmente y trabajen en Estados Unidos. Su argumento legal, sin embargo, estribó en detalles de la forma en que se realizó el anuncio del programa, más que el fondo del mismo.
Un juez federal conservador en Brownsville, Texas, seleccionado especialmente por los gobernadores republicanos que demandaron a Obama para detenerlo todo, falló como muchos esperaban: con una orden de prohibición.
Ante este primer fallo el mandatario, quien también es abogado constitucionalista, dijo discrepar con la decisión judicial.
“La ley está de nuestro lado, y la historia está de nuestro lado”, dijo Obama. “Esta no es la primera vez que un juez de una corte menor bloquea algo o intenta bloquear algo que al final va a ser legal, y estoy seguro de que esto está dentro de mi autoridad”.
En mayo, el Quinto Circuito negó una solicitud de emergencia para levantar la prohibición y en noviembre, un panel dividido falló a favor de los demandantes, manteniendo la prohibición. Según expertos y activistas, la decisión se “excedió” en sus argumentos legales y anticiparon que la Corte Suprema dará una audiencia más justa al asunto.
El 20 de Noviembre, un año después del anuncio de Obama, su gobierno pidió a la Corte Suprema de Justicia que decida el caso.
Sally Kinoshita, subdirectora del Centro de Regursos Legales de Inmigración en San Francisco, dijo que el hecho de que 2016 es un año electoral puede ayudar a ejercer presión para que la Corte tome el caso en su período actual y no lo deje para el siguiente, en la segunda mitad del año.
“Una vez que vayamos a conferencia ante el tribunal, los jueces deben estar de acuerdo en tomar el caso”, dijo Kinoshita. “Allí es donde la parte política puede tener un efecto, saber que si retrasan la audiencia el asunto se politizará aún más acercándose a las elecciones”.
Es posible que el tribunal anuncie en enero o febrero, si toma o no el caso, y la resolución del mismo podría llegar hacia junio, si la Corte no decide otra cosa.
