Impulsan ley para acabar con las fianzas comerciales en NY

Cuatro meses después de que el contralor municipal Scott Stringer presentara un reporte en el que denunciaba que a pesar de la disminución de la criminalidad en Nueva York, arrestos y encarcelamientos, las fianzas comerciales habían aumentado 12%, un proyecto de ley para acabar con ese tipo de pagos, que fue introducido en la Legislatura estatal, sigue ganando adeptos. La iniciativa, promovida por el asambleísta Michael Blake y el senador Brian Benjamin, busca poner fin al “negocio de la libertad”, en el cual muchos reclusos de bajos ingresos, mayormente hispanos y afroamericanos, no pueden tener la opción real de salir de prisión al no poder cubrir esos pagos.

“No podemos seguir con la idea de que alguien tenga justicia basado en el dinero que tenga. Eso es discriminatorio e injusto y está muy mal”, aseguró Blake, quien agregó que la próxima semana, cuando regrese a Albany, espera promover con fuerza el debate del proyecto. “Cómo se puede pensar en un cambio de sistema penal y en el cierre de Rikers Island si muchas familias no tienen dinero y tienen que elegir entre pagar una fianza para sacar a un pariente o comprar comida o medicinas”.

Esa misma postura manifestó el contralor Stringer, quien destacó que prohibir el mecanismo de fianzas comerciales, una herramienta con fines de lucro, donde las familias o un acusado pagan a un agente para garantizar la liberación de una persona antes del juicio, es un acto de justicia con las comunidades de color, que han sido las más vulnerables.

“Estamos tomando un paso enorme para acabar con un sistema que castiga a la gente solamente por ser de bajos ingresos y que solo sirve para enriquecer las cuentas bancarias de partes privadas”, comentó el funcionario. “Se piensa que la fianza es un antibiótico para la infección y la verdad es que son la infección”, agregó Stringer.

Una industria millonaria

Anualmente la industria de fianzas obtiene de los internos entre $16 y $27 millones cada año y se calcula en $28 millones la suma de quienes no pueden pagar y deben quedarse encarcelados.

El senador Benjamin, criticó por su parte que con el sistema de fianzas comerciales se esté jugando con la vida de miles de personas que cada año pasan por el sistema de justicia penal del Estado, a quienes la falta de dinero les niega la posibilidad de salir.

“No es justo que existan dos sistemas de justicia, uno para aquellos con dinero y otro para los que no tienen, eso no marca una sociedad justa”, comentó el líder político, quien puso como ejemplo a la cárcel de Rikers Island, donde “a más del 80% no se le ha probado todavía que ha cometido un crimen”.

“No podía pagar”

Marilyn Reyes, madre de seis hijos, quien estuvo detenida en 1995, vivió en carne propia los efectos de no poder acceder a una fianza y asegura que el impacto en la vida de quienes viven esa encrucijada es devastador.

“Yo estuve un año y medio presa en Rikers porque no pude salir porque no pude pagar la fianza de $2,000 que me pusieron. Yo soy pobre y mi familia igual y no podían pagar”, comenta la mujer, quien agrega que si ese sistema no existiera ella habría podido tener una vida diferente. “Si hubiera tenido el derecho de salir sin pagar, mis hijos no hubieran sufrido y no los hubieran separado y aunque recuperé mi vida, me cogió un tiempito y todavía las hijas mayores sienten ese dolor de que no estuve ahí porque estaba en la cárcel y me recriminan”.

La exreclusa, quien hoy es activista de la organización Vocal NY, manifestó que es necesario que todos los sectores se unan para apoyar el cambio en las leyes y acabar con esas fianzas.

“Ya yo pasé por eso y no puedo cambiar lo que pasó pero tenemos que pensar en los que vienen detrás para que no les pase lo mismo en un sistema que es racista y contra los pobres”, advirtió la puertorriqueña.

Asimismo TJ Shivers, quien en 2016 logró salir gracias al pago de $350 dólares mensuales de una fianza comercial, aseguró que cuando los reclusos pobres pueden hacer los pagos, muchos se enfrentan a otros problemas más serios.

“Yo pude pagar para estar con mi hijo de 12, pero con ingresos mensuales de $695, por ponerme a pagar la fianza no pude pagar renta y muchas veces tuve que dejar de comer y ahora me van a desalojar de mi casa y voy a terminar en la calle”, dijo la exinterna, advirtiendo que el sistema pone a los pobres contra la pared. “O pagas y sales, peor dejas de comer o te quedas allá encerrada”.

Tanto el Contralor como los legisladores proponentes de la nueva ley anticipan desde ya que el sector de finanzas comerciales hará lo que sea para evitar perder “su minita de oro”, pero Blake manifestó que están listos “para dar la pelea”.

“Se trata de acabar con la discriminación porque nadie debe tener que enfrentar que la oportunidad de justicia dependa del dinero que hay en sus cuentas de banco o de lo que tengan que sacrificar”, concluyó el legislador.

Datos de fianzas:

• $16 y $27 millones recibe la industria de fianzas comerciales cada año.
• $28 millones equivalen al monto que los presos con opciones de salir bajo fianza no pueden pagar.
• 50% y más de los reclusos con opción de salir no pueden pagar sus fianzas.
• 12% ha aumentado el movimiento de fianzas comerciales en los últimos 2 años.
• 18% ha aumentado el movimiento de bonos de pago en los últimos dos años.