Denuncian que policías locales en NY incriminan a jóvenes con pandillas

La Administración Trump, en asocio con policías de diferentes localidades de Nueva York,  especialmente en Long Island, han arreciado su táctica de incriminar falsamente a jóvenes inmigrantes de ser miembros de pandillas, como la MS-13, a fin de arrestarlos y posteriormente hacer más fácil su deportación.

Esta es la conclusión de un informe de grupos defensores de inmigrantes que analizaron casos ocurridos en el estado entre el año pasado hasta marzo del 2018 y determinaron que ‘La Migra’, junto con otras agencias federales y municipales, utiliza métodos arbitrarios para identificar a los jóvenes inmigrantes de color y alegar la afiliación a pandillas.

“Como resultado, los jóvenes inmigrantes son detenidos por períodos prolongados, se les han denegado las solicitudes de visa y han sido deportados sin el debido proceso legal”, advierte el reporte “Barridos en el barrido: el impacto de las denuncias de pandillas sobre los inmigrantes neoyorquinos”, elaborado por la New York Immigration Coalition (NYIC) y la Immigrant and Non-Citizen Rights Clinic (INRC) de la Escuela de Leyes de CUNY.

Anu Joshi, directora de Políticas de Inmigración de la NYIC, denunció con mucha preocupación que el informe corroboró que la violencia de pandillas que azota a varias localidades del estado, sigue siendo usada como el gran pretexto para perfilar y detener a jóvenes inmigrantes, sembrando el miedo en las comunidades.

“Una gorra de béisbol hacia atrás no es una excusa para una política de inmigración que camine hacia atrás. Nueva York estará más segura si la aplicación de la ley puede generar confianza en nuestras comunidades de inmigrantes”, agregó Joshi.

La activista advirtió que las autoridades insisten en mantener bases de datos de pandilleros en secreto, en las cuales cualquier joven puede ser incluido de manera arbitraria solo por la manera en que se viste o la información que publique en sus redes sociales.

Violan derechos constitucionales

Nermeen Arastu, codirectora del consultorio jurídico de inmigración de la Escuela de Leyes de CUNY, dijo que el estudio muestra que en muchos casos la evidencia de las autoridades no tiene soporte.

“Nuestra investigación muestra que la llamada ‘prueba’, como el color de la ropa, la bodega en la que compraron el almuerzo o la forma de un tatuaje, pueden ser utilizadas por el gobierno para justificar una alegación de pandillas y deportar”, dijo la investigadora, advirtiendo que con esas tácticas las autoridades están violando los derechos constitucionales y civiles de las comunidades de color.

Y aunque las policías locales se defienden asegurando que realizan operativos con el único objetivo de poner fin al terror de las pandillas, que los últimos dos años ha dejado más de 20 jóvenes muertos en comunidades como Nassau y Suffolk, entre otros sitios, el reporte muestra que sí habría tintes racistas en sus acciones y un plan de trabajo conjunto con ‘La Migra’.

“Vemos que ICE y la Policía local trabajan juntos en amplios barridos sin ninguna evidencia de actividad delictiva y sin ninguna base para que haya una sospecha, diferente al asunto étnico”, dijo Emily Torstveit Ngara, directora de la Clínica de Defensa de Deportación de Hofstra School of Law. “Como resultado de estos barridos, la policía está actuando en nombre de ICE para recoger personas sin antecedentes penales. En muchos casos, no hay base para cargos criminales, y en lugar de liberarlos, la policía entrega a estas personas detenidas ilegalmente a ICE”.

Babe Howell, profesora de la Escuela de Leyes de Cuny, destacó además la gravedad de que la policía use sus bases de datos de pandillas, basadas puramente en estereotipos, y agregó que los efectos sobre los casos de inmigración son muy graves.

“Esas bases de datos no requieren antecedentes criminales o incluso pruebas de ser miembro de una pandilla, en su lugar incluyen que las personas sean vistas con vecinos, amigos o familiares, observadas en bodegas locales o restaurantes o parques y contenidos de redes sociales y video”, mencionó la experta. “Confiar en estas bases de datos de pandillas para decisiones de inmigración o detención viola el debido proceso, la protección equitativa y la adhesión a la toma de decisiones basadas en hechos”.

Demandarán a ‘La Migra’

El reporte agrega que ‘La Migra’ negó una solicitud para que revelaran información de manera pública de los casos de arrestos relacionados con pandillas.

La NYIC va a entablar una demanda en el Distrito Sur de Nueva York para obligar a ICE y al CBP a divulgar información con respecto a la Operación Matador,  lanzada el año pasado en Nueva York liderada por diversas áreas del Departamento de Seguridad Nacional, como ICE, la Oficina de Detención y Deportación (ERO), la Iniciativa contra el Crimen Organizado Internacional (TOCI) y las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para combatir a las pandillas. Decenas de arrestos se han registrado en medio de ese operativo, y gran parte de los presuntos pandilleros no tienen récord criminal.

Una vocera de la Policía del Condado de Nassau, rechazó los señalamientos y aseguró que la labor de la Uniformada es arrestar solo a aquellas personas que cometen crímenes dentro de esa jurisdicción. “En ningún momento arrestamos personas sin motivo”, agregó.

Rachael Yong, vocera de la oficina de ICE en Nueva York, negó las acusaciones de los activistas y aseguró que el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional actúa de acuerdo a la ley y principios justos. “HSI no discrimina ni hace arrestos con prejuicios, sino que usa información confiable recopilada a través de múltiples fuentes que resultan en el arresto de un individuo”, dijo la funcionaria de la agencia federal.

Hallazgos principales del informe:

• 78% de los proveedores de servicios informan que la policía hizo acusaciones relacionadas con pandillas contra clientes inmigrantes o miembros de la comunidad.
• 50% de los afectados denunciaron que las autoridades hacen esas acusaciones en las calles.
• 33% denunciaron incursiones en sus domicilios.
• Las autoridades usan criterios cuestionables para afirmar que los individuos latinos son miembros de pandillas: ciertos tipos de ropa, cuadernos escolares o porque son de barrios de alta actividad de pandillas.
• La evidencia mayormente no es corroborada y no cumple con los estándares probatorios en un tribunal penal, aunque el umbral es más bajo en el tribunal de inmigración.
• El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han utilizado acusaciones de pandillas para denegar el asilo o la residencia legal permanente, y justificar la detención y deportación de jóvenes hispanos.
• Las bases de datos de presuntos pandilleros son secretas y cualquier persona puede ser incluida sin pruebas reales