¿Cuál es la diferencia entre el plan de “carga pública” del DOJ y el que prepara USCIS contra inmigrantes?
El Gobierno castigaría tanto a inmigrantes indocumentados como portadores de "green card"
Las intenciones del Gobierno del presidente Donald Trump para castigar a inmigrantes que utilicen ayudas públicas no es un tema nuevo, pero toma una nueva perspectiva al darse a conocer un borrador del Departamento de Justicia (DOJ) que se enfocaría a quienes tienen Residencia Permanente.
Ese proyecto es paralelo al que actualmente analiza la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que, a decir de activistas y abogados, impactaría principalmente a inmigrantes indocumentados que hayan utilizado ayudas sociales, como seguro médico o cupones de alimentos, como una justificante para rechazarles cualquier beneficio migratorio.
El plan del DOJ ampliaría, en ese sentido, la definición de “carga pública” que USCIS aplica, ya que es poco común que un Residente Permanente o portador de “green card” pierda derechos migratorios por solicitar apoyos del Gobierno a los que tiene derecho, incluidos los food stamps, ayuda de vivienda y Medicaid. De aplicarse, esos inmigrantes podrían hasta enfrentar la deportación.
Es decir, el nuevo proyecto se sumaría a lo que USCIS revisa, luego de que en diciembre pasado terminó de recibir las opiniones públicas, mismas que serán integradas a un nuevo documento, según reportó la agencia a pregunta expresa de este diario.
El director de USCIS, Francis Cissna, ha defendido la redefinición de la “carga pública”, al considerar que los extranjeros deben demostrar que pueden hacerse cargo de sí mismos.
“Desde el siglo XIX, las leyes federales han exigido que los ciudadanos extranjeros puedan cuidarse a sí mismos sin ser una carga pública”, recordó el director Cissna. “Como tal, corresponde al Gobierno de los EEUU evaluar las solicitudes de manera compatible con a ley federal, y creo que la regulación de la carga pública es un paso necesario para lograr ese objetivo“.
El actual plan de “carga pública” en revisión también afectaría a Residentes Permanentes que pretendan solicitar exención de la tarifa para obtener la ciudadanía, indicaron expertos a este diario.