¿USCIS adelantó aplicación de “carga pública” contra inmigrantes sin previo aviso?
La norma debería aplicarse a partir del 15 de octubre
Crece el escrutinio contra inmigrantes y sus trámites migratorios Crédito: John Moore/Getty Images
El caso de la mexicana Esmirna Brito, a quien le negaron su visa por los “bajos ingresos” de su esposo, ha desatado alertas de que Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) esté aplicando la regla de “carga pública” por adelantado y sin previo aviso.
La norma que fue publicada el 14 de agosto en el Registro Federal indica que estará vigente para las solicitudes de Residencia Permanente o extensión de estancia que llegen a partir del 15 de octubre. A pregunta expresa hecha por este diario, una fuente de esa dependencia dirigida por Ken Cuccinelli señaló que los casos anteriores a esa fecha no están considerados.
Sin embargo, el caso de Brito envía un mensaje distinto. Ella viajó a Chihuahua, México, para realizar su entrevista con un funcionario de USCIS para obtener la “green card” y contó a la periodista de este medio, Araceli Martínez Ortega, que el funcionario le preguntó los ingresos de su esposo. Ella reportó $30,000 dólares anuales. El oficial afirmó que esa cantidad era insuficiente para la familia, por lo que negaría la visa, sin considerar los $30,000 dólares de ingresos extra de la hija de la pareja.
USCIS no confirmó ni negó que sus oficiales estén aplicando por adelantado la regla, además de indicar que no discute “litigios pendientes” ni puede comentar “casos individuales”.
“Para comentarios sobre la regla en sí, incluida la línea de tiempo, consulte el comunicado de prensa que anuncia la regla de carga pública”, indicó una portavoz.
La regla aplica un castigo a inmigrantes por el abuso de programas sociales, pero también proyecta si una persona podría ser una “carga pública” para los Estados Unidos, por lo que su implementación no solamente impactará a quienes soliciten la “green card”, sino a aquellos extranjeros que soliciten una visa de ingreso al país y a quienes pidan una extensión de estancia.
“Esta regla cambia la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpreta e implementa la carga pública por inadmisibilidad”, indica la normativa, que cita a la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) como referente primario del reglamento.
Establece, entonces, que bajo estos lineamientos un extranjero podría no ser elegible para una visa; no ser elegible de admisión al país y no ser elegible para ajuste de estatus (“green card”), ya que los oficiales podrán evaluar si esa persona podría convertirse en cualquier momento en una “carga pública”.
La regla indica que un extranjero podría calificar positivamente para evitar la norma, si tiene ingresos, activos o recursos propios y un apoyo de al menos 250 porcentaje de las Pautas Federales de Pobreza (FPG, en inglés) para su tamaño de hogar.
Es decir, según esa pautas, un hogar de dos personas debe tener ingresos de al menos $58,800 dólares anuales, considerando que el nivel de pobreza para ese grupo –en edad productiva y menor a 65 años– es de $16,815 dólares anuales. En el caso de una familia de tres, incluyendo un niño, los ingresos mínimos deberían ser de $60,500 anuales. Cabe recordar que estas cifras cambian de acuerdo al número de miembros por familia y las edades. La señora Brito reportó ingresos menores a lo requerido.
