Anuncian plan para expandir programa de libertad supervisada en vez de fianzas

Faltan menos de dos meses para que entre en vigor en el estado de Nueva York la reforma al sistema de fianzas, con la que se pone fin al pago de dinero como mecanismo para que acusados deciertos delitos no violentos recobren su libertad mientras son juzgados, cambios vistos por defensores de comunidades afectadas como una herramienta justa para rediseñar el sistema penal, con un enfoque menos punitivo ante delitos menores, que ha afectado de manera desproporcionada a negros y latinos.

Y justo cuando se asegura que por lo menos 900 reclusos acusados, no condenados, serán los primeros beneficiados a partir del 1 de enero con los cambios, pues saldrán de prisión sin tener que pagar dinero por obtener su libertad condicional, la Ciudad anunció este viernes que expandirá el programa de Liberación Supervisada. El plan no solo permite que los jueces utilicen esa alternativa de liberación sin imponer fianzas y que además ofrece incentivos a los procesados para garantizar que acudan a sus citaciones al tribunal, al tiempo que los conecta con servicios de apoyo.

“Con la tasa más baja de encarcelamiento de cualquier ciudad grande, la ciudad de Nueva York está demostrando que no es necesario arrestar para caminar hacia la seguridad”, dijo el alcalde De Blasio, advirtiendo que el plan no es para todos los reclusos, como algunos temen. “Estamos tomando medidas adicionales para garantizar que las personas que pueden ser supervisadas de manera segura en la comunidad puedan permanecer allí, todo mientras mantenemos el crimen en mínimos históricos”.

El programa municipal, que cuenta con una inversión de casi $14 millones y que se comenzó a implementar en 2016, proporciona elementos como MetroCards, teléfonos celulares, cupones de cadenas de comida rápida y hasta boletos a juegos y a cine a acusados de delitos no violentos, para evitar su encarcelamiento innecesario antes de que se compruebe su culpabilidad o inocencia.

La Ciudad defiende el programa, asegurando que ha evitado que 15,500 personas estén encarceladas, 4,200 de ellas en lo que va del 2019, y casi el 90% han cumplido con sus comparecencias ante la corte. Asimismo se asegura que el 92% no tuvo arrestos por delitos graves.

El fiscal de Manhattan Cy Vance, Jr, destacó que el éxito de las nuevas leyes de justicia penal de Nueva York depende de que los neoyorquinos procesados asistan a las citaciones que tienen en la corte y manifestó su apoyo al plan de la Administración De Blasio, porque ofrece “servicios previos al juicio”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, destacó que expandir la iniciativa de libertad supervisada contribuye a mejores resultados tras la implementación en enero de las nuevas reformas a las leyes de fianzas.

“Brindar oportunidades a los defensores privados es una parte fundamental de nuestros esfuerzos generales para reformar un sistema de una manera que priorice la rehabilitación, que es nuestro objetivo final”, dijo Johnson.

Algunos neoyorquinos e incluso miembros del NYPD temen que al retirarse las fianzas y que los jueces tengan la opción de conceder la libertad supervisada a cualquier persona, “independientemente de los cargos” cuando se crea que debe beneficiarse del programa, aumente la criminalidad en la ciudad.

No piensan así defensores del fin de las fianzas, que por años fueron denunciadas como una manera de criminalizar la pobreza y enriquecer a compañías prestamistas, ya que quienes no contaban con dinero para pagar los montos impuestos para tener libertad condicional mientras se adelantan los juicios debían quedarse encarcelados.

Marie Ndiaye, abogada supervisora del Proyecto de Descarcelación de la organización The Legal Aid Society, negó que las reformas pretendan promover mayor criminalidad y aseguró que las alternativas a los programas de encarcelamiento son fundamentales para cerrar la cárcel de Rikers Island y son un paso en la dirección correcta hacia un sistema más justo y equitativo.

“La seguridad pública no está en peligro y el crimen continúa en mínimos históricos, según los propios números de la ciudad (…) nuestras leyes actuales penalizan a los neoyorquinos que no pueden permitirse comprar su propia libertad y erosionan el derecho del acusado a su presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad”, dijo la defensora, destacando que quienes se benefician de los programas no dejan de cumplir con sus citas a la corte.

“Una expansión del programa de libertad supervisada es clave para garantizar que la mayoría de las personas sean liberadas antes del juicio y que esas personas tengan acceso a servicios y recursos”.

Juan Cartagena, director de la asociación Latino Justice aclaró que las reformas no pretenden liberar a condenados sino ser justos con personas que están apenas con cargos y de quienes todavía no se ha comprobado su culpabilidad.

“Es bastante entendible que haya preocupaciones de seguridad pública, especialmente de personas que son víctimas, y sus inquietudes se tiene que tomar en cuenta, pero hay que aclarar que la mayor parte de las reformas no aplican a personas que han cometido crímenes serios y violentos, sino cargos menores”, dijo el activista. “Y lo más importante es que hay que explicar que el sistema aplica para personas que no han sido condenadas todavía ni juzgados, sino que están siendo acusados y eso no es prueba suficiente de culpabilidad y con ello se evita que el sistema de fianzas, que opera de manera dañina para personas acusadas de crímenes menores que no tienen fondos para pagar su fianza y que muchos no reciben sentencias de culpabilidad, siga destruyendo familias”.

Cartagena advirtió que en casos de crímenes violentos “se tienen que hacer otras consideraciones”, y pidió a las autoridades, como al nuevo comisionado de policía, Dermont Shea, que no se oponga a las nuevas leyes y que las respalde para que toda la ciudad “camine hacia un sistema más justo”

Datos liberación supervisada

• $ 100 millones ayudarán a apoyar la liberación supervisada por parte de la Fiscalía de Manhattan
• $ 7 millones en el año fiscal 2020 ha prometido el Concejo Municipal
• $ 37 millones será la inversión en el 2020
• $ 116 millones cada año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022
• casi $14 millones de inversión desde el 2016
• 15,500 personas han evitado estar encarceladas con el programa
• 4,200 de ellas en lo que va del 2019
• casi el 90% han cumplido con sus comparecencias ante la corte
• 92% no tuvo arrestos por delitos graves.