Exigen a Albany no retroceder en avances de reforma a la justicia
Mientras opositores de medidas como la eliminación de fianzas para delitos no violentos intentan empujar cambios en la Legislatura estatal, defensores advierten que hacerlo sería volver a criminalizar a los más pobres, negros y latinos
El año pasado los promotores de la reforma a la justicia penal celebraron con bombos y platillos la aprobación de varias medidas que pretenden, entre otras cosas, que la aplicación de la justicia no dependa ni del nivel de ingresos o de pobreza, ni del perfil racial de los presuntos infractores.
Y aunque han pasado menos de dos meses desde que entró en vigor la nueva Ley de Fianzas, que permite que acusados de delitos no violentos esperen fuera de la cárcel a que llegue el momento de comparecer a juicio, nuevamente hay sobre la mesa un tira y afloje. La presión de diferentes sectores que insisten en que los cambios han aumentado la criminalidad en Nueva York y que pudiera ponerse en riesgo la seguridad, y una iniciativa en el Senado que pareciera representar ese tenor, hace temer que en la actual sesión legislativa en Albany se ponga en juego las normas recientemente aprobadas, lo que ha disparado las alarmas.
Defensores de los cambios en las provisiones del sistema penal, como el concejal de Queens, Daniel Dromm, quien lleva décadas luchando de la mano de activistas y organizaciones para que el sistema judicial sea “verdaderamente justo”, exigieron este martes que la Legislatura estatal no dé pasos hacia atrás en las leyes aprobadas y deje las cosas como están en materia de fianzas.
Ese fue el llamado que hicieron este martes líderes políticos y comunitarios en medio de una manifestación que tuvo lugar en Diversity Plaza, en Jackson Heights, donde aseguraron que si Albany no se compromete a proteger la reforma al sistema de fianzas que está aplicándose desde enero pasado, se regresará a “la política racista que encarcela a miles de neoyorquinos negros e hispanos inocentes”.
“A las personas como Harvey Weinstein, que está en libertad bajo fianza, se les permite deambular, a pesar de tener muchas acusaciones serias, mientras que las personas que tienen una fianza de $250 por una infracción menor, no tenían permitido salir, hasta que esta ley entró en vigencia. Estas son las injusticias de las que hablamos cuando hablamos de luchar por la reforma de las fianzas”, aseguró el concejal Dromm, quien advirtió que detrás del empuje para que Albany retroceda en sus leyes hay fuerzas de derecha que “quieren mentir”, asegurando que la ley de fianzas aumenta el crimen.
“Creo que la PBA ha caracterizado mal a esta ley y ha creado una atmosfera de miedo en la comunidad, algo que tenemos que combatir. En honor a la verdad sabemos que el 85% de la gente que están atrapadas en Rikers Island han cometido delitos menores. Estamos hablando de un asunto de justicia. Es importante que mantengamos la ley de reforma de fianzas como está ahora y que no haya cambios”.
Dromm agregó que la detención preventiva innecesariamente pone a demasiadas personas en riesgo, en especial a poblaciones marginadas como negros, latinos, inmigrantes y comunidades LGBTQ.
Comunidades criminalizadas
Jessica González-Rojas, candidata demócrata a la Asamblea Estatal por el Distrito 34, se sumó al clamor y dijo que no se puede permitir que los avances retrocedan.
“La reforma de la fianza es una reforma vitalmente necesaria que afecta a muchas comunidades de color y personas de bajos ingresos, porque las poblaciones marginadas no pueden pagar la fianza son criminalizadas desproporcionadamente debido a la pobreza”, dijo la política. “Nos mantenemos unidos contra el miedo y con nuestros líderes estatales para mantener las importantes reformas de la justicia penal que se han logrado y necesitamos avanzar más”.
La senadora Julia Salazar manifestó que aunque considera que la cámara alta no retrocederá en lo que ya firmó, es necesario estar muy atentos y luchar unidos para garantizar que no haya cambios.
“Tengo preocupaciones sobre eso, pero hasta ahora no me parece que una nueva propuesta vaya a pasar. Siento que la reforma aprobada el año pasado era importante y tendrá un impacto positivo, y por eso no apoyo ninguna propuesta que eche para atrás lo que ya logramos”, dijo la senadora por Brooklyn.
Jon McFarlane, activista de justicia penal de la organización VOCAL-NY, defendió la ley vigente como un alivio a décadas de injusta criminalización a comunidades pobres.
“La reforma de la fianza permite a hombres y mujeres quedarse con sus hijos. Les permite mantener su empleo y continuar en sus comunidades, pues durante demasiado tiempo, personas pobres de sectores como Corona, Jackson Heights y East Elmhurst han sido víctimas. Esto es una cuestión de derechos humanos y debemos defender la reforma de la fianza”.
Una propuesta preocupante
Sobre la propuesta de tumbar lo logrado, organizaciones como The Legal Aid Society y The Bronx Defenders, entre otras aseguraron que es sumamente preocupante.
“La propuesta de la mayoría del Senado estatal pone la política por encima de las personas al no solo revertir las reformas fundamentales y necesarias que respaldaron y defendieron hace solo unos meses, sino que crearon un sistema mucho más regresivo para la detención preventiva dijeron. “Si se aprueba, esta propuesta (retroceder en las fianzas) aumentaría dramáticamente el número de personas que languidecen en la cárcel que se presumen inocentes. Crearía un sistema en el que incluso personas inocentes serían encarceladas sin posibilidad de liberación.
Al ser consultada sobre las preocupaciones que tiene tanto quienes se oponen a la nueva ley de fianzas como quienes se oponen a que sean cambiadas, la líder de la mayoría demócrata del Senado, Andrea Stewart-Cousins dijo: “Nos estamos deshaciendo de la fianza en efectivo por completo. En pocas palabras, las reformas garantizarán que nadie sea encarcelado simplemente por su incapacidad de pago y que nadie salga de la cárcel debido a su enorme riqueza. Les daríamos a los jueces cierta discreción, pero con pautas y barandillas extremadamente estrictas y casi todos los delitos menores y no violentos no serían elegibles para la prisión preventiva”.