Más de 30 organizaciones de boricuas en EE.UU. piden a Biden cancelar la deuda de Puerto Rico y mucho más

NUEVA YORK – Más de 30 organizaciones que representan a puertorriqueños en la diáspora publicaron una carta abierta en la que enumeran las principales necesidades y problemas que enfrenta la isla con el fin de que la Administración entrante de Joe Biden y Kamala Harris tome acción y garantice los derechos de los habitantes de la isla, territorio estadounidense desde hace más de un siglo.

La misiva pide, en principio, la derogación de la ley PROMESA, aprobada en el 2016, por el Congreso de Estados Unidos mediante la cual se creó la Junta de Control Fiscal. Según los suscribientes, la situación económica de Puerto Rico se ha agravado más desde que se le dio paso al estatuto a nivel federal, a pesar de que con la ley se buscaba ajustar las finanzas del país.

“Esta ley impuso una Junta de Control Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) no elegida y no responsable ante el pueblo, encargada de equilibrar las finanzas de la isla y guiarnos a través de un proceso de reestructuración de la deuda. Desafortunadamente, la Junta ha impuesto medidas de austeridad devastadoras que han debilitado aún más la infraestructura pública de salud, educación, y energía en Puerto Rico”, plantean los activistas en el documento.

“Las medidas de austeridad han incluido recortes a Medicaid, las pensiones, las escuelas públicas en todos los niveles (incluyendo la Universidad de Puerto Rico), la compensación para los empleados públicos y los presupuestos de los municipios que han visto grandes dificultades a raíz de los desastres naturales”, agregan.

En el llamado público que circula desde este lunes en el ciberespacio se emplaza a que Biden y su equipo trabajen para cancelar la deuda que mantiene a la isla atada a disposiciones federales, y, en su lugar, aboguen por la Ley de Alivio Territorial de EE.UU. de 2019, para establecer un fondo de compensación para ciertos acreedores y garantizaría una auditoría integral de las causas y fuentes de la deuda en la isla.

Adicional, la carta destaca el impacto del huracán María en las finanzas locales y la lentitud de las autoridades en EE.UU. para responder a la emergencia. En ese sentido, las organizaciones solicitan el desembolso inmediato de los fondos de ayuda por desastre vía HUD (Departamento de Vivienda Federal), FEMA, y de cualquier otra agencia, que ya hayan sido asignados a Puerto Rico.

También piden dejar sin efecto las condiciones “excesivamente restrictivas” impuestas sobre el uso de fondos de mitigación como CDBG-DR y CDBG.

“Estas medidas no han tenido éxito en encaminarnos hacia una recuperación económica y salud fiscal a largo plazo en Puerto Rico. Al contrario, la población de Puerto Rico vive en un mayor estado de precariedad durante esta pandemia y desastres naturales y antrópicos que parecen no tener fin…”, sostienen.

El inicio de un proceso de descolonización

En ese sentido, la misiva también menciona la necesidad de iniciar un proceso de descolonización en PR bajo la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2020 (Puerto Rico Self-Determination Act of 2020), presentada por las representantes Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.

El proyecto de ley reconoce el derecho de los puertorriqueños para crear una Convención de Estatus que determine una solución a largo plazo del estatus político de la isla y establezca un mecanismo de respuesta del Congreso.

“Creemos que ha llegado el momento para que los Estados Unidos reconsidere seriamente el impacto que sus políticas han tenido en Puerto Rico. La crisis actual que ha dejado a la isla con el índice de pobreza más alto de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, tiene su origen en una relación colonial que le ha fallado al pueblo de Puerto Rico al negarle cualquier tipo de autonomía, y aportación significativa en su propio futuro económico y político”, lee el documento.

Ley Jones afecta a Puerto Rico

Los miembros de las entidades sin ánimo de lucro exigieron también una exención permanente de Puerto Rico de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como Ley Jones.

El estatuto obliga a que los bienes enviados a los estados y territorios costeros sean transportados en barcos construidos y operados principalmente por tripulaciones estadounidenses, lo que le cuesta a la isla unos $500 millones de dólares anuales.

Igualdad en la asignación de fondos federales

Igualdad en el otorgamiento de fondos federales a los puertorriqueños – quienes cuentan con ciudadanía estadounidense- en programas como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), y Medicaid, también forman parte de la lista de peticiones a Biden y Harris, quienes juramentarán como presidente y vicepresidenta de EE.UU., respectivamente, el próximo 20 de enero.

Algunas de las organizaciones que firmaron la carta son: Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Acción, Diáspora en Resistencia, Puerto Rico Me Llama, Power 4 PR, Make the Road, Latino Justice PRLDEF, ACRE, Organize Florida y Friends of Puerto Rico Initiative.

Aquí puedes leer el documento completo en inglés y español

¿Qué ha prometido Biden?

El presidente electo y su compañera de fórmula no se han expresado directamente sobre el tema de Puerto Rico tras la divulgación de la carta.

Sin embargo, durante un evento de campaña en Florida antes de las elecciones, Biden se comprometió a acelerar el desembolso de fondos de recuperación para Puerto Rico, así como a ejecutar un plan para mejorar la infraestructura de la isla con especial atención a las líneas de tendido eléctrico que maneja la Autoridad de Energía Eléctrica a nivel local.

El demócrata también se comprometió a reformar el sistema de Medicaid para garantizar que los boricuas reciban la misma cantidad de fondos que los residentes en los estados.

Sobre la condición colonial de la isla bajo el defectuoso Estado Libre Asociado (ELA) no reconocido por el derecho internacional dijo que dejará en manos de los puertorriqueños la decisión final y el mecanismo procesal para solucionar el problema territorial.

“Trabajaré con representantes que apoyen cada una de las opciones de status en Puerto Rico en un proceso justo y vinculante para que ellos puedan determinar su propio status. Creo que la estadidad sería el medio más eficaz de asegurar que los residentes de Puerto Rico sean tratados por igual, con la misma representación a nivel federal. Pero el pueblo de Puerto Rico debe decidir, y el gobierno federal debe respetar su decisión y actuar en función de la misma”, indicó Biden antes de derrotar a Donald Trump en las elecciones.

Biden y su equipo además se han mostrado a favor de una auditoría a la deuda.

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