Alerta: podrían regresar las estafas con la llegada del tercer cheque de estímulo

La mayoría de los fraudes provienen de reclamaciones falsas por desempleo que realizan las redes del crimen organizado. Algunos legisladores han presionando para que el Congreso considere medidas más estrictas para detectar los fraudes

Alerta: podrían regresar las estafas con la llegada del tercer cheque de estímulo
En 2020 los estafadores desviaron más de $40,000 millones de dólares destinados para beneficios de desempleo.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

El Congreso se está preparando para aprobar el proyecto de estímulo que podría estar listo a finales de esta semana. En el proyecto de ley el Congreso se dispone aprobar otros $260,000 millones de dólares en prestaciones de desempleo.

Se espera que ese dinero pasará por los mismos sistemas estatales que los estafadores utilizaron para desviar más de $40,000 millones de dólares en ayudas por pandemia destinadas a los estadounidenses que perdieron su empleo el año pasado.

Los expertos en ciberdelincuencia advierten que las estafas podría repetirse de nuevo por lo que han recomendado que el gobierno adopte medidas antifraude más estrictas para verificar la identidad, el historial laboral y la ubicación de los solicitantes, de lo contrario podría tratarse de una época de “Navidad para los defraudadores”, según dijo Haywood Talcove, director ejecutivo de la empresa de información LexisNexis Risk Solutions a Los Angeles Times. Talcove dijo que los delincuentes se han vuelto más inteligentes, sin embargo el gobierno federal no.

Los funcionarios federales calculan que al menos el 10% de los $450,000 millones de dólares asignados el año pasado a la ampliación de las prestaciones por desempleo fueron robados por los delincuentes. Tan solo California perdió al menos entre $11,000 millones de dólares o cerca de un tercio de lo que recibió el gobierno federal.

El proyecto de ley de ayuda por coronavirus que se discute en el Congreso incluye por lo menos $2,000 millones de dólares para mejorar los sistemas de desempleo estatal y federales, sin embargo, el dinero no es solo para ayudar a los estados a prevenir el fraude. El Departamento del Trabajo tendrá la facultad de gastar el dinero en costos administrativos federales, para mejorar la infraestructura del sistema, acelerar los reclamos y perseguir al fraude. Algunos legisladores están presionando para que el Congreso considere medidas más estrictas contra el fraude.

Los expertos estiman que las nuevas reclamaciones falsas por desempleo provienen gracias a la ampliación que el Congreso hizo en marzo de 2020 en donde incluyó a los trabajadores autónomos y contratistas.

Según explica el informe del periódico, cada estado y territorio gestiona su propio sistema de desempleo y dependen en gran medida de los empleadores para verificar que un trabajador ha perdido su empleo. Sin embargo, esas comprobaciones no son posibles realizar con los trabajadores que son contratistas y los que no cuentan con un empleador independiente.

Las redes de delincuencia internacional han descubierto cómo pueden presentar reclamaciones fraudulentas en todo el país con tan solo un nombre, la fecha de nacimiento, dirección, número de seguridad social y cuenta bancaria.

En la llamada “dark web” un número de seguridad social e información personal pueden conseguirse hasta por $4 dólares y una copia del permiso de conducir que muchos estados utilizan ahora para verificar la identidad cuesta quizás otros $25 dólares.

En ocasiones los criminales utilizan ciudadanos estadounidenses para recoger el dinero y enviarlo al extranjero o inventan empresas falsas para simular que tienen un número de empleados.

Lamentablemente las personas cuya identidad ha sido robada no tienen ni idea hasta que solicitan ellos mismos la ayuda por desempleo y descubren que las prestaciones se han agotado o reciben un aviso del gobierno que deben impuestos por prestaciones de desempleo que nunca recibieron.

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Fue hasta diciembre cuando el Congreso tuvo que intervenir para ordenar a los estados verificar la identidad de los solicitantes y decirles qué información deben recopilar para comprobar el historial de trabajo. Esa media no entró en vigor hasta finales de enero.

El actual proyecto de ley aún carece de nuevas medidas para evitar nuevos fraudes pero la velocidad con que se está discutiendo el proyecto de ley del presidente Biden que busca que sea firmado antes de que las prestaciones de desempleo se agoten el 14 de marzo, lo que haría que cerca de 10 millones de estadounidenses perdieran sus beneficios.

Aún así los requisitos y burocracia en los trámites del Departamento del Trabajo y de las oficinas de los estados podría denegar los pagos a personas que reúnen los requisitos y que necesitan el dinero. Las oficinas de los estados han registrado retrasos en el pago de las solicitudes de desempleo.

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