Fiscales temen intimidación y atentados contra testigos en juicio de Genaro García Luna
Debido al poder que sustentó el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa, autoridades estadounidenses buscan proteger la identidad de posibles colaboradores en el proceso
La fiscalía de Nueva York pide cadena perpetua para García Luna. Crédito: ALFREDO ESTRELLA | AFP / Getty Images
Los fiscales que integran las pruebas para el juicio del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, temen que posibles testigos viables de identificar en los documentos que elaboran sean perseguidos o víctimas de atentados.
Por ello solicitaron al juez Brian Cogan aprobar medidas para proteger la información y diferir la divulgación de material sensible que permita ubicar a los posibles testigos y ponerlos en peligro. El impartidor de justicia del Distrito Este de Nueva York aprobó la moción.
“Los materiales… brindan información que podría usarse para identificar posibles testigos de juicio, cuyas identidades no se han revelado al acusado, a su abogado o al público”, advierte la misiva firmada por el fiscla en funciones del Distrito, Mark J. Lesko, acompañada por sus colaboradores, los fiscales Michael Robotti, Ryan Harris, Erin Reid y Felipe Pilmar.
Agrega que los testigos y sus familias podrían enfrentar “graves riesgos de seguridad”, si su identidad es revelada en este momento. La solicitud es entregar hasta el último momento a la defensa y el acusado la información de los personajes “identificables”.
La decisión del juez fue en dos partes, la primera se rechazó la petición de retrasar la entrega de cierto material, debido a que la fecha solicitada había expirado, es decir al 20 de marzo del 2021, pero el juez Cogan respalda proteger otra información que revele la identidad de los posibles testigos.
“Estas preocupaciones gemelas de la seguridad de los testigos y la intimidación de los testigos, junto con la necesidad de proteger las investigaciones en curso, brindan una ‘buena causa’ para aplazar el descubrimiento (de la información) en este caso”, indica el juez Cogan.
La defensa de García, que lidera el abogado César de Castro, no pudo justificar por qué el retraso en la divulgación de cierta información podría afectar a su cliente, cuando no existe una fecha de inicio del jucio, señaló el juez Cogan.
“Aunque es comprensible que el acusado no pueda revisar el material específico en cuestión, no ha explicado por qué se vería perjudicado por una divulgación diferida”, indica la postura del juez. “No se ha fijado una fecha para el juicio y no hay indicios de que una divulgación diferida afecte el derecho del acusado al debido proceso a presentar una defensa”.
Los fiscales, como lo han hecho en otros momentos para justificar sus peticiones, recuerdan que García Luna fue un alto funcionario del Gobierno mexicano, entre 2001 y 2012, particularmente de 2001 a 2005, cuando el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México, pero que entre 2006 a 2012 se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, lo que le permitió controlar a la Policía Federal mexicana.
Ambos periodos corresponden a los gobiernos de los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente.
Se destaca que durante ese tiempo, García Luna colaboró con el Cártel de Sinaloa, del que habría recibido “millones de dólares”, según testigos en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder de esa organización criminal.
“Mientras ocupaba un cargo público en México, el acusado utilizó sus posiciones oficiales para ayudar al Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, a cambio de sobornos multimillonarios”, indican los fiscales.
Las acusaciones contra García Luna son por conspirar para el tráfico de drogas hacia EE.UU. y liderar una organización criminal, señalamientos similares a los que enfrentó Guzmán Loera que lo llevaron a cadena perpetua, pero el exfuncionario también es acusado de mentir a funcionarios federales cuando solicitó la “green card”, pues dijo no haber cometido “actos criminales”. El exfuncionario se declaró no culpable.
Hasta el momento, los fiscales han entregado la mayoría de las pruebas al equipo de defensa de García Luna, incluidas 950,000 páginas de documentos y otros miles de registros de conversaciones.
