Arizona demanda a Biden por nuevas órdenes de vacunación; fiscal alega que mandato privilegia a indocumentados

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, plantea que el mandato del presidente Joe Biden es "inconstitucional", entre otras cosas, porque obliga a ciudadanos estadounidenses a vacunarse más no a indocumentados en la frontera

 El presidente de EE.UU., Joe Biden, en una conferencia desde la Casa Blanca este miércoles.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, en una conferencia desde la Casa Blanca este miércoles.
Foto: Win McNamee / Getty Images

El estado de Arizona se convirtió en el primero en presentar una demanda para retar las nuevas órdenes de vacunación obligatorias de la Administración Biden para negocios con 100 empleados o más.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, alega en el recurso que el mandato del presidente Joe Biden es “inconstitucional”.

Fiscal argumenta que Biden privilegia a indocumentados con nuevos mandatos de vacunación

Entre sus argumentos,  Brnovich plantea que a través de las nuevas directrices se le está dando trato preferencial a los inmigrantes indocumentados en la frontera.

 “No debe haber una discusión seria o científica sobre contener la propagación del virus que no inicie en la frontera sur. Bajo nuestra Constitución, el presidente no es un rey que puede ejercer este tipo de poder desenfrenado unilateralmente”, planteó el funcionario en un mensaje por Twitter el pasado 14 de septiembre.

Brnovich, que corre en la primaria republicana para un puesto en el Senado federal por Arizona, considera que Biden trata a los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes con estatus regularizado diferente que a los indocumentados que cruzan la frontera sin papeles. En estos últimos casos, las autoridades les ofrecen la vacuna, pero no los obligan a someterse a la dosis, sostiene el fiscal.  

A juicio de Brnovich, el mandato ejecutivo viola la Cláusula de Igual Protección al privilegiar a indocumentados antes los ciudadanos estadounidenses.

“La Administración Biden le permite a inmigrantes rechazar la vacuna, protegiendo su libertad y autonomía corporal más que a los ciudadanos estadounidenses”, expuso la Fiscalía.

La denuncia le pide a la Corte de Distrito de Arizona que declare la ordenanza de Biden sobre vacunación y las políticas de pruebas regulares como inconstitucionales  y que le devuelva el poder de decisión a los ciudadanos.

El Gobierno de Biden defendió las nuevas reglas bajo el argumento de que los no vacunados están poniendo en riesgo la salud del resto de la población.

“Nosotros hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y tu negativa nos ha costado a todos”, dijo Biden en una conferencia de prensa la semana pasada sobre la resistencia de millones de estadounidenses para ponerse una de las tres vacunas disponibles, Pfizer-BioNTech, Moderna o Johnson & Johnson.

Biden agregó que para detener a la variante delta, mucho más contagiosa que la original, es necesario reforzar las medidas para incrementar los niveles de vacunación contra la COVID-19.

“Aunque Estados Unidos está en mucha mejor forma que lo que estaba siete meses atrás cuando asumí la posición, tengo que darte un segundo dato: nosotros estamos en un tramo duro y va a durar por un tiempo“, añadió Biden.

Aparte del mandato de vacunación para negocios con 100 o más empleados, la Administración ha requerido la vacunación para 2.1 millones de empleados del Gobierno federal, que hasta ahora tenían la opción de no vacunarse si se sometían a pruebas de COVID-19 regularmente.

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