Fiscalía federal en Puerto Rico no dio razones para descartar la pena de muerte contra exboxeador Félix Verdejo por asesinato de embarazada Keishla Rodríguez Ortiz

La Fiscalía federal en Puerto Rico no dio razones para descartar la pena de muerte contra el exboxeador boricua Félix Verdejo, acusado de asesinar junto a un compinche a Keishla Rodríguez Ortiz, quien se encontraba embarazada del púgil.

En la moción presentada el lunes por las autoridades federales en el territorio estadounidense solo se informa de la decisión por la que la defensa en el caso llevaba meses esperando.

Sin embargo, el documento firmado por el jefe de fiscales en la isla, Stephen Muldrown, no especifica las razones que llevaron a la determinación de desistir de solicitar la pena de muerte para Verdejo y el coacusado en el caso, Luis Antonio Cádiz-Martínez, quien confesó a agentes federales los hechos. “Los Estados Unidos de América (el Ministerio Público) notifica a la corte que no buscarán la pena de muerte en el caso contra Félix Verdejo-Sánchez y Luis Antonio Cádiz-Martínez”, lee la notificación.

Verdejo y Cádiz-Martínez, ahora se exponen a una sentencia de cadena perpetua en caso de resultar convictos por el secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez Ortiz y del bebé que estaba por nacer.

Verdejo enfrenta cargos por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, un cargo por el asesinato de un niño que no había nacido y un cargo por uso y portación de un arma de fuego durante un delito violento.

Mientras, Cádiz Martínez enfrenta tres cargos por cometer un carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona y un cargo por el asesinato de un niño no había nacido.

A finales de junio pasado, fiscales federales indicaron en una audiencia virtual del caso que el proceso para determinar si solicitarían la pena capital estaba en etapa inicial.

 “Sería prematuro poner un tiempo (de cuándo habrá una decisión) para eso”, declaró el fiscal Jonathan L. Gottfried en la vista ante el juez  Pedro Delgado

“Pudiera tener uno para la próxima vista de status. Hablaremos con la defensa con relación a cualquier espacio de tiempo”, agregó según citado por El Nuevo Día.

La defensa, por su parte, pidió que se estableciera una audiencia de estatus en 60 o 90 días para saber si para ese momento ya se ha tomado una decisión. Los abogados sugirieron un encuentro en septiembre.

“Estamos armando el equipo de defensa en este momento, asumiendo que será un caso capital, que es lo que la Constitución (de Estados Unidos) nos requiere hacer, hasta que conozcamos distinto de parte de la fiscalía”, dijo David Arthur Ruhnke, abogado de Verdejo y experto en casos de pena de muerte.

Sin embargo, no fue hasta esta semana, unos ocho meses después del intercambio judicial que se informó de la decisión.

Usualmente, los procesos para  solicitar la pena capital son largos ya que constan de varias fases. Como parte del proceso, se requiere una investigación de la defensa para lo que se conoce como la presentación de los factores mitigantes ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ese organismo es el encargado de establecer si el caso finalmente será certificado como uno de pena de muerte. El comité también debe recibir una recomendación de la fiscalía federal de Puerto Rico.

Administración Biden no favorece la pena de muerte

La última palabra sobre si el caso sería certificado como de pena capital le corresponde al secretario de Justicia de Estados Unidos, en este caso, Merrick Garland.

En este contexto, es importante destacar que la Administración del presidente Joe Biden, del que forma parte Garland, se inclina a la postura de abolir la pena de muerte federal.

De hecho, como promesa de campaña, el demócrata se expresó sobre su intención de eliminar el castigo a nivel federal.

“Debido a que no podemos asegurarnos de que los casos de pena de muerte siempre sean correctos, Biden trabajará para aprobar una legislación que elimine la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal”, indicó en el 2020 a través del sitio web de su campaña.

Los hechos por los que acusan a Verdejo y a Cádiz-Martínez

Según la confesión de Cádiz-Martínez a las autoridades federales, Verdejo citó a la víctima la mañana del 29 de abril. Supuestamente, la joven le mostraría una prueba de sangre que confirmaba que estaba embarazada del púgil.

Al llegar al punto de encuentro en la zona metropolitana, la muchacha entró en la camioneta Dodge Durango de Verdejo.

“Luego de una conversación entre Verdejo y la víctima en el carro de Verdejo, Verdejo golpeó a la víctima en el rostro, y ella fue inyectada con una jeringa llena de sustancias compradas en un punto de drogas en el residencial Llorens Torres. Verdejo y el testigo luego amarraron a la víctima de pies y manos con un cable. A la víctima se le ató un bloque de cemento. El testigo tomó las llaves de la víctima y condujo el auto de esta que estaba cerca”, lee la denuncia de las autoridades federales que cita el testimonio de Cádiz-Martínez.

La autopsia al cadáver de Rodríguez Ortiz, de 27 años, reveló que su mandíbula estaba fracturada, presentaba otro golpe contundente en la nariz y que había sido inyectada con una mezcla de heroína y fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.

La embarazada murió por asfixia de inmersión tras ser lanzada por el puente Teodoro Moscoso hacia la laguna San José, entre San Juan y Carolina.

Mientras el cuerpo aún con vida de Rodríguez Ortiz se precipitaba al agua, el boxeador le habría disparado al menos dos veces a la chica sin alcanzarla.

Al momento de los hechos, Verdejo mantenía una relación oficial con Eliz Marie Santiago Sierra, con quien procreó una niña.

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