Decenas de activistas boricuas agrupados bajo Power4PuertoRico se movilizan a Washington, D.C. para pedir aprobación de proyecto 2070 para Asamblea constitucional de estatus
El grupo en apoyo al H.R. 2070 incluye líderes de más de 12 estados y a Ana Irma Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadana y el representante José Bernardo Márquez, del mismo partido en Puerto Rico
El proyecto de autodeterminación para Puerto Rico, presentado por las representantes Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez cuenta con una versión en el Senado. Crédito: Alex Wong | Getty Images
Más de 100 líderes políticos y activistas tanto de Puerto Rico como de la diáspora liderados por Power4PuertoRico se encuentran esta semana en Washington, D.C., para expresar su apoyo al proyecto de la Cámara de Representantes federal que dispone la creación de una Asamblea Constitucional de Estatus para resolver el centenario problema territorial en Puerto Rico.
El grupo en apoyo al H.R. 2070 incluye líderes de más de 12 estados y a Ana Irma Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadana y el representante José Bernardo Márquez, del mismo partido en Puerto Rico.
En el grupo además destacan las miembros del Concejo Municipal de Nueva York, Tiffany Cabán y Alexa Avilés; y la expresidenta de ese cuerpo municipal, Melissa Mark-Viverito.
Los simpatizantes del Acta de Autodeterminación para Puerto Rico (Puerto Rico Self-Determination Act / PRSDA), presentado por las representantes de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, participarán de más de 30 reuniones seguidos de una serie de encuentros virtuales.
Además realizarán una manifestación en Lafayette Square, así como una campaña vía texto en coordinación con Movement Labs.
Adicional, iniciaron una proyecto para que usuarios firmen y envíen virtualmente una carta al Congreso de Estados Unidos en respaldo a la legislación.
La carta va dirigida específicamente al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, encabezada por el legislador demócrata de Arizona, Raúl Grijalva. Este organismo tiene ante su consideración tanto la resolución de las representantes demócratas, así como el proyecto competidor H.R. 1522 que busca la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.
“Los constituyentes puertorriqueños en todo el país están aquí para pedirle al Congreso que apoye y apruebe la única legislación transparente y democrática sobre la mesa, el HR 2070. En lugar de retrasar, intervenir o imponer, es tiempo que Estados Unidos termine con el pasado colonial, y presente y apoye el derecho de los puertorriqueños para determinar su propio futuro, con toda la información y cambios que se pudieran realizar en cuanto a idioma, propiedad, restriccione marítimas, y más sobre cada una de las opciones de estatus”, planteó Erica González, directora de la coalición Power 4 Puerto Rico.
“Si estamos de acuerdo que los puertorriqueños tienen diferencias sobre la solución, aprobemos PRSDA, un proceso realmente transparente, inclusivo y democrático mediante el que podemos resolver el impasse de manera democrática”, expuso Marcos Vilar, presidente de Alianza for Progress.
“El presidente Biden, el presidente de comité Grijalva, y la administración demócrata le ha fallado a la gente de Puerto Rico. No necesitamos más palabrerías, dependencia o clichés sobre igualdad, nosotros necesitamos terminar con más de 123 años de colonialismo estadounidense y opresión sobre nuestra isla. El bienestar de los puertorriqueños depende de un proceso, serio, democrático, inclusivo y vinculante que finalmente lleve a nuestra descolonización y libertad”, argumentó Edil Sepúlveda, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR).
Los activistas además emplazaron al representante demócrata Steny Hoyer, segundo de mayor rango en ese cuerpo legislativo, para que atienda el proyecto 2070. El grupo ha cuestionado que Hoyer no es un árbitro imparcial en este debate, ya que por años se ha pronunciado a favor de la estadidad para Puerto Rico.
El proyecto 2070, que al momento cuenta con 77 co-auspiciadores, establece la creación de una “Asamblea Constitucional de Estatus”, cuyos delegados deben ser elegidos por los votantes puertorriqueños. Estos representantes deberán redactar un plan de transición para acompañar a cada una de las opciones de autodeterminación, que pueden ser la estadidad, la independencia y libre asociación libre, entre otras.
Para evitar el mal uso de fondos públicos para la elección, se establecerá un Fondo Público de Pareo para la Asamblea Constitucional de Estatus, que será supervisado por la Comisión Federal de Elecciones. La legislación dispone la creación de una Comisión de Negociación Bilateral, que estará compuesta por varios miembros del Congreso para brindar asesoramiento y consultoría a los delegados de la Asamblea Constitucional de Estatus.
La movilización a Washington se da a solo días de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara a favor de la Administración Biden para negarle a los ciudadanos en Puerto Rico el acceso a fondos federales por Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) de la Administración del Seguro Social bajo el argumento de que no viola disposiciones de la Constitución de EE.UU. sobre igualdad de derechos.
El SSI es un programa que reciben los ciudadanos estadounidenses en los estados de EE.UU. mediante el cual se paga una mensualidad a adultos y a niños con discapacidad o ciegos con ingresos bajos.
El único voto disidente fue el de la jueza de origen boricua Sonia Sotomayor.
