Fiscal general de Oklahoma pide ejecutar por inyección letal a 25 sentenciados a la pena de muerte
La solicitud se da pocos días después que un juez federal determinó que el grupo de presos no probó que el protocolo de ejecución violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe el castigo cruel e inusual
El cuarto para administrar la inyección letal en la cárcel de Florence, Arizona. Crédito: MIKE FIALA | AFP / Getty Images
El fiscal general de Oklahoma pidió a una corte de apelaciones este viernes que establezca las fechas de ejecución por inyección letal para 25 sentenciados a la pena de muerte.
Las notificaciones para las fechas de ejecución ante la Corte Criminal de Apelaciones de Oklahoma se pidieron en los casos contra Richard Glossip y otros 24 reos en el corredor de la muerte quienes agotaron sus apelaciones.
La solicitud se da pocos días después que un juez federal determinó que el grupo de presos no probó que el protocolo de ejecución violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe el castigo cruel e inusual.
Los sentenciados habían argumentando que una de las tres drogas utilizadas en la mezcla para la inyección letal, el sedante Midazolam, implica el riesgo de dolor severo y sufrimiento para el ejecutado.
En su decisión, el juez de distrito federal, Stephen P. Friot, determinó que la Corte Suprema no clarificó los requisitos de una inyección letal efectiva bajo la referida enmienda.
Abogados alertaron del proceso tortuoso tras la ejecución en octubre pasado de John Grant, quien vomitó y convulsionó en medio del proceso.
Friot determinó que el vomito se dio porque Grant tenía el estómago lleno y la convulsión como resultado de una vía respiratoria bloqueada.
La solicitud de la fiscalía general solicita que las fechas de ejecución sean los jueves y no menos de cuatro semanas entre una y otra.
Según los documentos de oficiales de la prisión estatal a los que hace referencia McAlester News-Capital, la primera ejecución se realizaría no antes del 25 de agosto de 2022 y con al menos 35 días de aviso para que las autoridades se preparen y para que haya tiempo para las audiencias de clemencia.
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