Texas culpa al Congreso al pedir a tribunal terminar con DACA y aplica mismos argumentos usados contra DAPA
El programa DACA enfrenta un nuevo reto en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, donde el Gobierno de Texas urgió a aplicar la misma lógica que para la cancelación de DAPA, mientras la Administración Biden pidió a los jueces no desproteger a los 'dreamers'
Mientras el fiscal de Departamento de Justicia urgió al panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito mantener el programa para los Llegados en la Infancia (DACA), el procurador general de Texas, Judd Stone, pidió al panel rechazar la petición, tomando como argumento que el Congreso no ha querido aprobar esa protección para ‘dreamers’ y el tribunal echó atrás un programa similar.
Stone consideró que los jueces deberían aplicar el mismo razonamiento sobre DACA como el usado ante el Programa de Acción Diferida para Padres (DAPA), impulsado por el expresidente Barack Obama para otorgar una protección similar a padres inmigrantes.
“En 2015, este tribunal sostuvo que DAPA y DACA extendido violaron la APA [proceso administrativo]. DACA fue la base de esos programas. Este tribunal debería llegar al mismo resultado”, dijo Stone.
Antes de ese argumento, el procurador que forma parte del equipo del fiscal general de Texas, Ken Paxton, recordó que el Congreso no ha querido aprobar desde el Dream Act, un proyecto que protegería a los ‘dreamers’.
“El Congreso ha rechazado la Dream Act y cada vez que se ha propuesto, en la medida en que hay una comparación entre los dos programas basada en esos criterios, DACA es un caso mucho más fácil debido a los rechazos intermedios que ha hecho el Congreso”, dijo Stone.
El procurador recordó a los jueces que en 2015 ese mismo tribunal detuvo DAPA, un programa al que se hubieran apegado 4.3 millones de inmigrantes, porque, recordó, “no pasó la prueba bajo la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Cuestionamientos sobre ‘dreamers’
Uno de los momentos álgidos de los argumentos orales a favor y en contra de DACA fue cuando el abogado del DOJ, Brian Byton –que representó al Gobierno del presidente Joe Biden— tuvo que explicar una encuesta sobre que más del 22% de los ‘dreamers’ dejaría el país si el programa de protección desaparecía.
Esto luego de que Boyton indicara que el Gobierno de Texas –el principal demandante– no ha establecido la legitimación de sus reclamos, porque no ha probado que ningún beneficiario de DACA dejaría el estado.
El juez James Ho, designado por el expresidente Donald Trump, hizo referencia a una encuesta a 3,000 beneficiarios de DACA, realizada en 2017, que encontró que alrededor del 22% dijo que era probable que abandonara el país si ese programa era eliminado.
Hubo un estira y afloja entre el juez Ho y el abogado Buyton, quien consideró que esos datos citados por el juez eran inadecuados y especulativos.
“[Los ‘dreamers’] están profundamente arraigados a sus comunidades, por lo que la idea de que se irían es bastante especulativa. […] Al final del día, es casi imposible saber qué pasaría”, argumentó.
Stone aprovechó nuevamente la encuesta para señalar que además del 22% de los ‘dreamers’ que afirmaron que se iría del país, mientras que un 27% dejó la posibilidad abierta.
Un camino incierto
El Tribunal de Apelaciones no tiene una fecha específica para decidir sobre el caso, el cual llegó a esa corte luego de que el juez federal de Distrito Andrew Hanen, designado por George W. Bush, declaró en julio pasado que DACA era ilegal, además de bloquear nuevas aplicaciones.
A la defensa que lidera el Gobierno del presidente Joe Biden se sumaron la Fiscalía General de Nueva Jersey y 22 beneficiarios de DACA.
El fiscal general adjunto de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, dijo que Hanen se equivocó en su decisión sobre DACA al considerar que debió devolver el caso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para corregir “algún error”.
“La eliminación de DACA causaría una interrupción extraordinaria para los beneficiarios, sus hijos ciudadanos estadounidenses, los empleadores y los estados”, dijo Feigenbaum. “En el momento en que haya un juicio final, tendremos a una persona que presta servicio en las fuerzas armadas y que recibe DACA un lunes y que ya no podrá servir allí un martes”.
El programa ha beneficiado a más de 800,000 ‘dreamers’ desde su creación, pero diversos estudios indican que terminar con esa protección a la deportación y la Autorización de Empleo impactaría a unos dos millones de personas, incluidos niños estadounidenses.
Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones es posible que alguna de las dos partes recurra a la Corte Suprema.