¿Por qué la fiscalía pide dos años de cárcel y $10 millones de dólares de multa para Neymar?
El fondo brasieño DIS reclama una indemnización por daños y perjuicios de $150 millones de dólares, cinco años de prisión para Neyamar y otros ocho años de prisión para Rosell y Bartomeu
El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión y $10 millones de dólares de multa para Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje de Neymar Jr. Para el delantero brasileño también solicita dos años de cárcel y otros $10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios.
En cambio, exonera al también expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos, entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.
El juicio oral empezará el próximo 17 de octubre, en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, y durará hasta el 31 de octubre. En él comparecerán como acusaciones particulares el fondo brasileño DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil (FAAP).
Hasta el momento del traspaso al Barça, DIS era poseedor del 40% de los derechos económicos de Neymar, tras el acuerdo que alcanzó en 2009 con el futbolista, ahora en el PSG, y a quien pagó el equivalente a $2 millones de dólares.
No obstante, aunque el Barcelona acabó desembolsando $26 millones de dólares al Santos por los derechos del jugador, y otros $60 millones por diversos conceptos a N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar dirigida por el padre de Neymar, DIS solo percibió $7 millones por su 40%. Esta empresa ahora reclama una indemnización por daños y perjuicios de $150 millones de dólares, cinco años de prisión para el jugador y otros ocho años de prisión para Rosell y Bartomeu.
Igualmente, la FAAP considera que, en aquella operación presuntamente fraudulenta entre Barcelona y Santos, también fueron vulnerados sus derechos, establecidos con fines sociales y consistentes en un pequeño porcentaje de los derechos de traspaso. Además de Neymar, Rosell y Bartomeu están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide dos años y un año de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, así como Odilio Rodrígues, exdirigente del Santos, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.
También serán juzgadas por su participación en el caso tres personas jurídicas: FC Barcelona, Santos FC y N & N Consultoría Esportiva, para los que la fiscalía solicita penas de multas equivalentes a $8.5, $7 y $1.50 millones de dólares, respectivamente. El traspaso de Neymar lleva un recorrido judicial desde hace años, con varios frentes abiertos que le han ocasionado numerosos problemas jurídicos y financieros al equipo azulgrana.
En 2016, el Barcelona aceptó pagar $5.5 millones de dólares por sendos delitos fiscales, en una sentencia de conformidad que convirtió al Barça en el primer equipo de fútbol condenado como persona jurídica. Aquel pacto con la Fiscalía permitió exonerar de responsabilidad penal al entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell.
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