Tribunal de apelaciones restablece acceso del Departamento de Justicia a archivos confidenciales incautados a Trump

Este fallo de un panel de tres jueces allana el camino para que el Departamento de Justicia reanude el uso de los documentos mientras evalúa si presenta cargos penales en su investigación

Mar-a-Lago Resort en Palm Beach, Florida.
Mar-a-Lago Resort en Palm Beach, Florida.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

Un panel federal de apelaciones levantó la suspensión de un juez sobre la capacidad del Departamento de Justicia de usar registros clasificados incautados de los bienes del expresidente Donald Trump en Florida en su investigación criminal en curso.

El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos es una victoria para el Departamento de Justicia, que allana el camino para que reanude de inmediato el uso de los documentos mientras evalúa si presenta cargos penales en su investigación, en presencia de registros gubernamentales de alto secreto retenidos en Mar-a-Lago después de que Trump dejó la Casa Blanca.

El gobierno había argumentado que su investigación se había visto obstaculizada por la orden de la juez federal de distrito Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores continuar usando los documentos en la investigación. Cannon, una persona designada por Trump, había dicho que la retención permanecería en vigor hasta que un maestro especial que ella había designado a pedido del equipo de Trump la revisara por separado.

El mes pasado, el FBI incautó aproximadamente 11,000 documentos, incluidos unos 100 con marcas de clasificación, durante una búsqueda autorizada por la corte en el club de Palm Beach. Ha iniciado una investigación criminal sobre si los registros fueron mal manejados o comprometidos. 

Cannon dictaminó el 5 de septiembre que nombraría un árbitro independiente, o perito especial, para realizar una revisión independiente de esos registros y segregar cualquiera que pueda estar cubierto por reclamos de privilegio abogado-cliente o privilegio ejecutivo y determinar si alguno de los los materiales deben ser devueltos a Trump. Raymond Dearie, ex juez principal de la corte federal con sede en Brooklyn, fue nombrado para el cargo.

El Departamento de Justicia había argumentado que no era necesaria una revisión maestra especial de los documentos clasificados. Dijo que Trump, como expresidente, no podía invocar el privilegio ejecutivo sobre los documentos, ni podían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente porque no involucran comunicaciones entre Trump y sus abogados.

Los abogados de Trump argumentaron que una revisión independiente de los registros era esencial dada la naturaleza sin precedentes de la investigación. Los abogados también dijeron que el departamento aún no había probado que los documentos incautados fueran clasificados, aunque en particular no llegaron a afirmar, como Trump lo ha hecho repetidamente, que los registros fueron previamente desclasificados.


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