300,000 barriles con diésel no han podido entrar a Puerto Rico por imposiciones de la Ley Jones; continúa presión a Administración Biden para que deje sin efecto el estatuto
Líderes republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos así como miembros del Concejo municipal de Nueva York han emplazado a la Casa Blanca para que exima a Puerto Rico de la ley que limita el ingreso de barcos extranjeros con suministros a la isla
Contenedores de mercancía en el puerto de San Juan, Puerto Rico. Crédito: Joe Raedle | Cortesía
Una barco con bandera extranjera que carga 300,000 barriles de combustible diésel, suministro que escasea en Puerto Rico tras el azote del huracán Fiona, no había podido ingresar a la isla por la costa sur hasta este martes debido a las imposiciones de la Ley Jones que limitan la llegada de barcos extranjeros al territorio estadounidense.
El inconveniente se reporta una semana después del impacto del sistema y justo cuando dueños de comercios como supermercados y hasta hospitales han denunciado la falta del combustible para mantener operantes los espacios, y gran parte de la población continúa aún sin el servicio de energía eléctrica.
El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, confirmó el domingo en la noche a través de su cuenta de Twitter que la embarcación de British Pretoleum (BP) esperaba en el puerto de Peñuelas por la autorización del Gobierno federal para poder entrar a Puerto Rico.
“Un barco de bandera extrajera con combustible perteneciente a un suplidor del terminal de peerlees en Peñuelas, y proveniente de Texas, se encuentra a las afueras de nuestra costa. Dicha compañía sometió a @DHSgov una solicitud de “waiver” al Jones Act. (1/2) @fortalezapr“, lee el tuit de Pizá.
El lunes, en entrevista con el periódico local El Nuevo Día, el funcionario indicó que no ha recibido contestación a la solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para una exención a los requisitos a la Ley Jones.
Añadió que no sabe por qué BP envió esta vez un barco de bandera extranjera desde EE.UU., ya que regularmente envía sus barcos con bandera estadounidense para cumplir con las regulaciones.
BP supuestamente solicitó la dispensa desde el martes, según le informaron al operador del terminal, y decidieron enviar el barco confiados en que le iban a conceder la solicitud.
Al momento de ser aprobada en el Congreso de EE.UU. en el 1920, la Ley Jones buscaba proteger a los marineros lesionados en el mar ante la situación los submarinos alemanes que hundieron casi 5,000 barcos durante la Primera Guerra Mundial.
La Ley Jones (Ley de Marina Mercante) requiere que la mercancía que viaje entre puertos estadounidenses sea trasladada en embarcaciones construidas y operadas por personal del país. En el caso contrario, otras tarifas e impuestos son requeridos para embarcaciones extranjeras que atracan en estos puertos.
El impacto del estatuto que asfixia económicamente a Puerto Rico ha sido cuestionado por años por activistas, economistas y políticos.
Ahora el desastre provocado por Fiona reaviva el debate con llamados por parte no solo de demócratas para que la ley sea dejada sin efecto, sino de republicanos.
Republicanos como el representante de Utah Michael Shumway Lee, pidió este lunes por Twitter a la Casa Blanca tomar acción inmediata para rescindir del estatuto y facilitar el flujo de suministros a la isla.
“La Casa Blanca debe inmediatamente conceder la exención a la Ley Jones y proveerle el tan necesitado alivio a la gente de Puerto Rico”, emplaza el mensaje en la red social.
Marco Rubio, senador republicano de Florida, hizo lo propio.
“El presidente Biden debe temporalmente darle paso a la dispensa a la Ley Jones para Puerto Rico para despejar el camino para que combustible adicional y otros bienes lleguen a la isla”, indica un tuit compartido ayer en la red social.
La semana pasada, ocho representantes demócratas encabezados por Nydia Velázquez, de origen boricua, le enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorgas, para que interrumpa por un año las disposiciones de la ley para hacerle la vida menos difícil a los boricuas que aún batallan contra la devastación del huracán María en el 2017.
“Como miembros del Congreso, nosotros creemos que es nuestra responsabilidad asegurarnos que el Gobierno federal promueve el desarrollo económico y seguridad de cada comunidad a lo largo del país. A la gente de Puerto Rico se les ha negado por mucho tiempo los mismos beneficios provistos a los ciudadanos estadounidenses. Ahora mismo, es demasiado lo que está en juego. Por lo tanto, le solicitamos el Departamento de Seguridad Nacional para proveer una exención de un año de los requisitos de la Ley Jones en Puerto Rico…”, plantearon los representantes.
Miembros del Concejo Municipal de Nueva York, la mayoría de origen boricua, también se unieron a este llamado con una carta dirigida no solo al presidente Joe Biden, sino a los líderes demócratas tanto del Senado como de la Cámara federal, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, respectivamente.
La carta fue firmada por la presidenta del organismo, Adrienne Adams; la vicepresidenta Diana Ayala, y los concejales Rafael Salamanca, Carlina Rivera, Marjorie Velázquez, Amanda Farías, Tiffany Cabán y Alexa Avilés.
“Una exención a Puerto Rico durante este periodo permitirá que un suministro de artículos esenciales llegue más rápido y de manera más económica a la isla“, plantea la misiva. “El aislamiento de territorio continental hace la reconstrucción particularmente difícil y cara, y nosotros debemos hacer todo en nuestro poder para mitigar estas situaciones”, exponen. El documento además emplaza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) a reducir la burocracia que socava el acceso a ayuda y a la distribución equitativa de los recursos.
La Administración Biden no ha respondido oficialmente al emplazamiento de los distintos líderes políticos.
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