Gobierno de Bukele en El Salvador se atribuye arresto de 185 pandilleros en menos de una semana luego de sitiar con militares y policías la ciudad de Soyapango
El presidente de El Salvador no baja la presión en la guerra contra miembros de pandillas como la MS-13 a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias
Soldados patrullan las calles de Soyapango, El Salvador, en busca de presuntos pandilleros. Crédito: MARVIN RECINOS | AFP / Getty Images
El Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador se atribuyó el arresto de al menos 185 presuntos pandilleros desde el fin de semana luego del cerco de las autoridades policiales y militares a la ciudad de Soyapango.
Este martes, el ministro de Defensa, René Merino, confirmó la cifra al indicar que la Administración del presidente Bukele continúa con la doctrina de mano dura contra miembros de grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 acorde con el estado de excepción prorrogado desde marzo.
“A este momento llevamos 185 personas que han sido detenidas y que están dentro de los archivos de la policía con antecedentes penales”, indicó Merino.
En su cuenta de Twitter, Bukele también se expresó sobre la movilización de las autoridades.
“El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada. En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco. El Control Territorial ya es totalmente del Estado“, aseguró el presidente en un mensaje que incluye un video de militares por la zona.
Además de este tuit, el presidente destacó en su cuenta que el 5 y 6 de diciembre supuestamente no se registraron homicidios en el país como resultado de las duras medidas impuestas.
Desde el sábado, 8,500 soldados y 1,500 policías ocuparon Soyapango, dentro del área metropolitana de San Salvador, capital de país, como parte de los operativos contra las pandillas.
No está claro hasta cuándo el Gobierno mantendrá sus efectivos en Soyapango ni tampoco si planea encabezar un operativo similar en otra ciudad.
La guerra de la Administración Bukele contra estas organizaciones no es de ahora.
El régimen de excepción, bajo el que no se requieren órdenes judiciales para realizar arrestos de presuntos pandilleros, inició en marzo pasado.
El presidente declaró ese estado en respuesta a incremento en la violencia que se tradujo en el asesinato de 87 personas del 25 al 27 de marzo. El Congreso de El Salvador ya ha extendido en ocho ocasiones el régimen de excepción.
La más reciente ampliación se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados de la Asamblea Nacional. Ocho diputados opositores votaron en contra, y cuatro no asistieron a la sesión.
La vez anterior se extendió la prórroga hasta el 18 de noviembre. Las autoridades han advertido que continuarán aplicando la medida hasta sacar de las calles a todos los pandilleros.
Varias organizaciones humanitarias han cuestionado la estrategia antipandillas de Bukele por entender que se presta a detenciones arbitrarias y a la violación de derechos civiles.
Por ejemplo, el mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su preocupación por las prórrogas y la detenciones sin garantías judiciales.
Un informe de Human Rights Watch esta semana destaca por su parte que la violación de derechos humanos bajo el régimen son la orden del día en El Salvador.
“Nuestra investigación permite concluir que las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses”, planteó la organización.
La entidad añadió: “En algunos casos, las políticas del Gobierno y la retórica de autoridades gubernamentales de alto nivel, incluido el presidente Bukele, quien está al mando de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, han incentivado los abusos”.
El reporte además denuncia la supuesta política de cuotas a cambio de que policías cumplan con cierto número de arrestos por día.
“Entre marzo y fines de septiembre, algunos jefes policiales parecen haber establecido una política de cuotas que exigía que los agentes cumplieran con un número de arrestos por día”, señala el documento.
A juicio de la organización no gubernamental, el presidente además ha intimidado a jueces y fiscales que buscan actuar conforme a la ley.
“En lugar de adoptar medidas para evitar detenciones arbitrarias, el presidente Bukele ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y ha actuado de manera intimidatoria hacia los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar los abusos. También ha utilizado una retórica deshumanizante contra las personas detenidas y sus familias y ha estigmatizado a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que documentan abusos”, exponen.
