Ley de Estatus de Puerto Rico, contrato de LUMA Energy y reconstrucción de la isla temas clave para boricuas en el 2023

NUEVA YORK – El plebiscito aprobado en la Cámara de Representantes de Washington D.C. para iniciar un proceso de descolonización en Puerto Rico, la gestión de la compañía LUMA en el suministro de energía eléctrica a los boricuas tras la extensión de un cuestionado contrato y la estancada reconstrucción en la isla en respuesta a los huracanes María y Fiona son tres de los temas clave que impactarán la cotidianidad de los residentes del territorio y abarcarán la agenda noticiosa en el 2023.

El año nuevo se vislumbra como uno determinante en cuanto al posible avance del debate sobre la Ley de Estatus de Puerto Rico, proyecto aprobado en la Cámara baja que dispone para la celebración de una consultada avalada por el Congreso entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.
La pieza legislativa, que excluye al ELA territorial entre las alternativas en la papeleta, fue aprobado por la entonces mayoría demócrata a poco para el fin de la legislatura 117.

Sin embargo, la movida fue catalogada por analistas como una “simbólica” y sin más efecto que incentivar la discusión sobre la descolonización de la isla o hacerla más visible. El camino del proyecto de ley se anticipa empinado con la llegada de los republicanos al poder a partir de este mes.  
En enero, se renueva el Congreso federal y la configuración del mismo; en resumen, los procesos legislativos prácticamente comienzan de cero.

Aún cuando líderes como la comisionada residente en Washington, la republicana Jennifer González, o demócratas como Nydia Velázquez (dos de las artífices del 8393), volvieran a radicar la pieza legislativa, el control que tendrán los republicanos implica escollos para que la medida prospere.

En el Senado, el panorama no se distancia del todo, a pesar de que los demócratas mantienen mayoría aún cuando Kyrsten Sinema se registró independiente. Incluso, algunos expertos anticipan que, de llegar a ese cuerpo legislativo, una medida de este tipo no lograría los 60 votos requeridos para suprimir el filibusterismo.

Desde antes que se aprobara en la Cámara, el argumento se repetía de manera extraoficial: el estatus de Puerto Rico no está en la agenda del Senado.

A pesar de lo anterior, el gobernador de la isla, el demócrata Pedro Pierluisi, indicó durante las pasadas semanas a medios en la isla que su cabildeo por un proyecto de estatus se centrará en la Cámara alta.

Aunque descartó recomendaciones como las del saliente líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, para un plebiscito criollo usando como modelo el proyecto 8393.

Los siete plebiscitos realizados en la isla desde el 1967 no han sido reconocidos por el Congreso precisamente porque no fueron iniciativas avaladas desde Washington D.C.

Hoyer es otro de los líderes políticos en la capital federal que, tras la aprobación de la Ley de Estatus de Puerto Rico, anticipó su “muerte” en el Congreso como resultado de la considerable oposición republicana, muchos de los que no favorecen  la estadidad para la isla, una de las opciones contenidas en la legislación.

Las declaraciones del republicano de Arkansas, Bruce Westerman, que se vislumbra como nuevo presidente del comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, organismo que evalúa la legislación sobre Puerto Rico, tampoco son alentadoras en cuanto a un posible adelanto del proyecto.

Justo después de que se le diera paso al 8393 en la Cámara, Westerman envió un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, cuestionaba la rapidez con la que se había encaminado el proceso, la falta de audiencias públicas y la exclusión del ELA.

“No hay duda que los residentes de la isla deben tener certeza sobre su futuro político a largo plazo. Desafortunadamente, esta medida apresurada se queda muy corta de ser la solución. No ha pasado por ninguna apariencia de orden regular, falla en incluir todas las opciones de estatus disponibles para que sean consideradas por los votantes puertorriqueños, crea turbias preguntas sobre ciudadanía, y no hace absolutamente nada para mejorar las condiciones económicas, de seguridad energética, infraestructura o estabilidad fiscal”, planteó.

De paso, catalogó la acción como una política por parte de los demócratas.

“Los demócratas en la Cámara deben avergonzarse por apretujar una medida para votación a solo días de perder la mayoría. Es una movida política, y los mayores perdedores son la gente de Puerto Rico….”, añadió.

Activistas boricuas en EE.UU. sazonan el debate

Líderes de la diáspora también le añadirían más sal a la discusión con sus argumentos en contra. La coalición nacional de activistas boricuas “Power4Puerto Rico”, desde antes de la aprobación, cuestionó las supuestas carencias de la legislación.

El grupo planteó la falta de precisión sobre el idioma oficial en la isla en caso de que prevalezca la estadidad; el pago de impuestos bajo las distintas alternativas; la representación de Puerto Rico en eventos internacionales deportivos; el futuro de las leyes de cabotaje; y  las reparaciones por 124 años de colonialismo, entre otros. El hecho de que la medida no ha sido sometida a audiencias públicas también es otro de los reclamos del grupo.

La estancia de LUMA Energy y más aumentos en la factura de luz

Sumado al tema del estatus de Puerto Rico y las acciones desde el Congreso federal, otro que ha ganado atención en Washington y que seguirá marcando las dinámicas diarias de los boricuas es la gestión de la empresa LUMA en los procesos de suministro y transmisión de la energía eléctrica.

A pesar de que, no solo en Puerto Rico, también en estados como Nueva York y en la capital federal se ha protestado por meses contra LUMA y cuestionado la ineficiencia del consorcio canadiense para brindar un servicio confiable a pesar de los siete aumentos en la factura desde que asumieron control de la AEE, el convenio con el Gobierno de la isla fue extendido temporalmente el 30 de noviembre.

La extensión a 15 años del contrato dependerá si la jueza de Nueva York, Laura Taylor Swain, quien lleva la batuta en el proceso de reestructuración de la deuda del territorio con los bonistas bajo Ley PROMESA, confirma el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Si el tribunal confirma un PAD para la Autoridad entonces entrarán en vigor todas las disposiciones del contrato de 15 años entre la Alianzas Público Privadas (APP), la AEE y LUMA, que se firmó a mediados de 2020. En ese momento, cambiará la cuantía a la empresa y se establecerá un sistema de bonificaciones o penalidades a base de su desempeño”, explicó el primer ejecutivo al momento de anunciar la extensión del contrato.

Precisamente, a principios del mes pasado, la Junta de Control Fiscal (JSF), que maneja las finanzas de Puerto Rico, llegó a un primer acuerdo con los tenedores de aproximadamente $700 millones de dólares en préstamos a la Autoridad para las líneas de combustible.

Según el informe de la agencia de noticias Efe, el acuerdo reduciría el reclamo de los prestamistas de líneas de combustible en un 16 % a través de nuevos bonos emitidos por la AEE. La deuda de la corporación asciende a $9,000 millones de dólares.

Al momento de hacer el anuncio, la Junta anticipó sobre nuevos aumentos en la factura a los abonados, uno de los principales cuestionamientos de boricuas dentro y fuera de la isla.

La entidad precisó que el capital y los intereses de los nuevos bonos se pagarán mediante un cargo híbrido que se sumaría a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE.

La intención de LUMA, según los más recientes reportes de medios en la isla, es  un
aumento en la factura de luz de 20 centavos por cada $100 dólares.

Esto se traduciría en un “cargo fijo” mensual en las facturas de luz y un “cargo volumétrico” o por kilovatio-hora de energía consumida, según un análisis de la organización CAMBIO PR.

Los llamados “Legacy Charges” estarán en efecto durante los próximos 35 a 50 años.

La Junta propone eximir a los clientes de bajos ingresos del cargo fijo y de la mayoría del cargo volumétrico. Esta exclusión beneficiaría a clientes que ya reciben ciertos subsidios y a los que viven con ingresos por debajo del umbral similar al requerido para cualificar para el programa de salud Medicaid.

Mientras, la lupa a LUMA continuará desde Washington a juzgar por las más recientes cuestionamientos públicos hechos por líderes legislativos como los senadores Kirsten Gillibrand, de Nueva York, y Richard Blumenthal, de Connecticut, quienes enviaron una carta a Pierluisi señalando la crisis energética en el país y la supuesta incapacidad de LUMA para resolverla.

También pidieron rendición de cuentas sobre el lento proceso para transformar el sistema de energía en uno mayoritariamente de fuentes renovables.  

“Estamos cada vez más preocupados por la creciente crisis energética en toda la isla. El estado de la red ha sido problemática durante años, e incluso después de múltiples intervenciones, continúa peor. A pesar de que LUMA Energy se hizo cargo de la red en junio de 2021, el Negociado de Energía de Puerto Rico desde entonces ha descubierto que los clientes están sujetos a apagones más largos y frecuentes que el resto de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los residentes puertorriqueños pagan casi el doble de lo que pagan las familias estadounidenses”, plantearon los senadores justo cuando se anunciaba la extensión del contrato.

En una noticia más positiva, unos $1,000 millones asignados por el Congreso para paneles solares en Puerto Rico, como parte del proyecto de presupuesto conocido como el ómnibus para financiar el Gobierno federal, se espera que sean distribuidos próximamente a boricuas.

El desembolso, que sería a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, impactaría a residentes de bajos recursos y/o discapacitados en la isla.

La organización local “Queremos sol”, que impulsa el desarrollo de proyectos de energía renovable, catalogó como un paso adelante la asignación.

“Desde 2018, organizaciones y grupos comunitarios, incluyendo Queremos Sol, han estado abogando por el uso de fondos federales para desplegar sistemas solares y de almacenamiento en los techos de hogares en la isla para permitir una transformación muy necesaria de nuestra red eléctrica, la cual es vulnerable y que depende de combustibles fósiles. Esta apropiación es un primer paso para reconocer el importante rol que desempeña la energía solar y el almacenamiento en los techos de hogares para garantizar una reconstrucción resiliente y sostenible de nuestro sector eléctrico. Apuntar a $ 1 mil millones para la instalación de estos sistemas en comunidades de bajos ingresos también es un reconocimiento importante de que los beneficios de la energía solar de techo deben llegar a quienes más los necesitan”, dijo Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO y quien también dirige la propuesta Queremos sol.

“Esperamos que se establezca un proceso de participación transparente y amplio que garantice que las organizaciones y comunidades locales participen en la planificación, diseño e implementación del programa”, agregó la ingeniera y activista del medio ambiente.

“Creo que la asignación propuesta comenzaría a abordar la inseguridad energética, la cual es potencialmente mortal y que enfrentaron los residentes de Puerto Rico durante eventos como el huracán Fiona y en general”, señaló por su parte indicó por su parte, la abogada Ruth “Tata” Santiago Quiñones, integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de Casa Blanca.

“Es importante tener en cuenta que, para abordar los constantes cortes de energía, la cantidad histórica de fondos de recuperación de desastres de FEMA ($ 9.6B) y fondos de mitigación ($ 4B) previamente asignado para el sistema eléctrico de Puerto Rico que no se ha gastado debe usarse para proporcionar energía solar en los techos a los residentes, pequeñas empresas e instituciones en Puerto Rico en lugar de reconstruir los cables, postes, torres y subestaciones centralizadas vulnerables como lo proponen el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy “, añadió la experta.

Proyectos de energía renovable a paso lento

Mientras avanza la discusión del plan de ajuste, los  proyectos de energía renovable continúan a paso lento.

Previamente, en una de las audiencias en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara sobre el desempeño de la compañía, el Gobierno de Pierluisi defendió la gestión de LUMA bajo el argumento de que en 18 meses han adelantado más proyectos que la AEE antes del arribo de la compañía canadiense.

Pierluisi destacó que, en cuanto a proyectos en construcción o en servicio con fondos de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), antes de la entrada de LUMA no había ninguno registrado y que a estas fechas hay 23.

LUMA además se ha atribuido la conexión de más de 36,500 clientes a paneles solares.

Las críticas contra LUMA incrementaron tras el impacto del huracán Fiona el 18 de septiembre cuando a la entidad le tomó unas tres semanas restaurar el servicio eléctrico al 90% de la población. Sin embargo, a juicio de sus ejecutivos, la empresa avanzó a un ritmo histórico y sin precedentes ante la furia del sistema y los destrozos generalizados.

Adicional la Junta de Gobierno de la AEE aprobó recientemente aumentar la cantidad de energía renovable que le comprará a la empresa Ciro One desde las plantas que operarán en Salinas y en Guayama.

Francisco Santos, asesor sénior en asuntos de energía renovable de la AEE, indicó que, ante el alza en costos que podía afectar el proyecto, la compañía le propuso a la autoridad enmendar el contrato de compra de generación de energía para aumentar la cantidad de megavatios, sin que implique un costo para la corporación pública.

Cabe señalar que la  Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico del 2019  establece que Puerto Rico debe obtener un 40% de su energía de fuentes renovables para el 2025; 60% para el 2040, y  100% para el 2050.

Una reconstrucción que va mucho más allá

La transición a energía renovable en la isla es solo una parte de lo que implican las labores de recuperación y reconstrucción que van a paso lento desde que el huracán María azotó el país en septiembre de 2017.  

De hecho, Pierluisi, en una entrevista con El Nuevo Día a finales de año, dijo que una de las prioridades de su Administración en el 2023 es que se agilice la reconstrucción a cinco años de María y a más de cinco meses de Fiona.

El mandatario admitió que la cifra de trabajos completados aún no alcanza el 50%.

Pero añadió que espera que ese número se logre antes de que finalice el cuatrienio.

“Que siga acelerándose (los proyectos de reconstrucción), o sea, vimos que los primeros tres años después del huracán María, trabajos de emergencia y eso es típico después de cualquier desastre. La obra permanente comenzó en mi gobernación y lo que hicimos -fácilmente duró seis meses en algunos casos hasta más- fue pedirle al gobierno federal que cambiara algunos de los requisitos burocráticos que estaban atrasando la obra. Y lo logramos”, argumentó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El funcionario estimó que completar este proceso tomaría mínimo 12 años.

“La reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar fácilmente como 12 años, si contamos desde que María impacto la isla. Fácilmente 12 años. Puede extenderse hasta 15. Llevamos alrededor de cinco, poco más de cinco años. Yo lo que espero es que ciertamente para el final de este cuatrienio ya estemos cercano a ese 50% de las obras o del gasto que el gobierno federal tiene comprometido con Puerto Rico, pero después, para el siguiente cuatrienio, estarás hablando del resto y cuando sumas y haces la matemática, por eso es que suma en total como unos doce años. Puede ser 13 años. Lo importante es seguir ahí, ahí con mucha concentración. Mucha disciplina”, añadió.

Por su parte, la abogada y líder comunitaria, Adi Martínez Román declaró a El Diario NY que muchos activistas del tercer sector están decepcionados con la gestión de Pierluisi, entre otras cosas porque su plan no contempla los retos del cambio climático.

“La cuestión de no cuidar el ambiente, no permitir que los grupos (de base comunitaria) tengan inherencia en asuntos medioambientales son indicaciones de que el gobernador no está escuchando a los grupos que estamos trabajando el asunto del cambio climático, y que queremos que esta recuperación sea ágil. Nosotros  en el UPR Resiliency Law Center tuvimos que demandar al Departamento de Recursos Naturales para que se hicieran los planes de mitigación y adaptación al cambio climático que se supone que estuvieran para octubre del año 2021. No vemos como acciones afirmativas con lo que ya existe. Vamos a ver qué pasa, seguimos con la disponibilidad para dialogar y tratar de hacer de esto un proceso realmente efectivo”, planteó la coordinadora de UPR Resiliency Law Center y directora de FURIA Inc.

Martínez Román añadió que líderes comunitarios de Puerto Rico actualmente trabajan con distintas oficinas del Congreso el lenguaje de la legislación que busca crear un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de 13 miembros elegidos de distintos sectores para que formen parte de la discusión sobre la reconstrucción en la isla y aumentar la transparencia en procesos como el desembolso de fondos federales, por lo que espera que preliminarmente el Senado avance con la medida.

La entrevistada añadió que la comunicación entre las organizaciones se enfocan en los trabajos específicos con las distintas agencias como el Departamento de Vivienda local y federal, y el  Departamento de Energía asociados a los distintos programas a los que los residentes son elegibles.

La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) reveló que de los 7,068 proyectos iniciados, un 25% está en construcción y el total de obra terminada alcanza los 1,400 proyectos, lo representa solo un 20.65%.

FEMA alineada con Administración Pierluisi

Por su parte, FEMA, cuyo personal de prensa limita constantemente el intercambio de sus representantes con medios, aseguraron a Efe poco después de Navidad, que en los próximos 12 meses esperan completar las asignaciones de fondos para todos los proyectos relacionados con el huracán María, lo que representa cerca de 1,000 adicionales a los $28,900 millones de dólares ya aprobados para más de 10,300 proyectos.

“Tenemos como una de las prioridades para el 2023 trabajar para que Puerto Rico sea más resiliente“,  indicó el coordinador federal de recuperación de desastre de FEMA en la isla, José Baquero.

FEMA constantemente criticada por los estrictos requisitos para liberación de fondos para recuperación y reconstrucción y sus extendidos procesos burocráticos.

Precisamente, una medida de la autoría del representante republicano Sam Graves, de Missouri, aprobada en el Congreso recientemente ordena a FEMA a no cobrarles a los ciudadanos asistencia por desastres que haya otorgado por error sin que hubiese fraude.

“Ahora que mi proyecto de ley se convierte en ley, garantizará que las víctimas del desastre no sean victimizadas injustamente por la agencia que se supone debe ayudarlas a reconstruir y restaurar sus vidas”, planteó Graves.

Ojo vigilante de Biden y su equipo

La Administración Biden vigila los retos que enfrenta la isla al punto que a principios de diciembre pasado, el equipo del presidente entre los que se encontraba Susan Rice, copresidenta del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, mantuvo una sesión de trabajo en el que se encontraba Pierluisi y otros miembros de su gabinete.

Entre otras cosas, se planteó la necesidad de que se utilice como corresponde los aproximadamente $120,000 millones que fueron asignados a la isla durante los últimos cinco años para lidiar con los efectos de los desastres naturales y la pandemia de la COVID-19. A preguntas del mencionado rotativo, el subsecretario del Departamento de Comercio, Don Graves, planteó que antes de avanzar con la discusión del estatus de Puerto Rico, la prioridad es fortalecer la economía.

“(Biden) quiere que el pueblo de Puerto Rico decida. Y lo mejor que podemos hacer es poner al archipiélago en una posición en la que tenga la resiliencia económica y el crecimiento a largo plazo, donde esa determinación se pueda tomar de manera adecuada…que la elección no se base demasiado en un lado o en el otro porque la Isla no es autosuficiente. Queremos asegurarnos de que Puerto Rico tenga los recursos, tenga la fortaleza de la economía a largo plazo para que el pueblo de Puerto Rico pueda tomar una decisión honesta, una decisión que esté enfocada en el futuro del archipiélago”, sostuvo el funcionario.

Salvavidas a Medicaid para Puerto Rico

Los fondos federales de Medicaid es otro tema esencial para los boricuas.

A través del proyecto de ley de ómnibus también se asignaron más de $19,000 millones en estos fondos para Puerto Rico por los próximos cinco años.

Al mismo tiempo, la medida mantiene en 76% el pareo federal por servicios de Medicaid en Puerto Rico durante ese periodo de tiempo y permite aumentar las asignaciones a base del incremento en los costos de los servicios médicos.

Expertos temían que la interrupción en la cobertura desatara una crisis de atención médica y por ende de salud. Contrario al resto de los estados,  el Gobierno federal limita la cantidad de fondos Medicaid que le otorga a Puerto Rico cada año esto debido a su condición territorial.

Aunque el Congreso ha aumentado los fondos federales para Medicaid en la isla, es siempre temporalmente y por medio de extensiones.

Si el Congreso no hubiera actuado por medio de la ley de financiación, al menos 1 millón de puertorriqueños se habrían visto afectados por la inacción con reducciones en este beneficios y poniendo en peligro el acceso médico a este grupo.

Este año fiscal federal que empezó en octubre y finaliza en septiembre de 2023,  el aumento en fondos de Medicaid para la isla puede superar los $600 millones.

“Puerto Rico no solo evita el precipicio de financiamiento de Medicaid que se avecina, sino que los niveles récord de financiamiento provistos en el proyecto de ley nos permitirán ampliar el acceso a la atención médica para nuestros conciudadanos estadounidenses en la isla y garantizar la estabilidad a largo plazo para los hospitales, los proveedores y el sistema de salud de Puerto Rico”, indicó por medio de un comunicado el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer (NY).

Feminicidios, el mal de nunca acabar

El último en este artículo, pero no menos importante para muchos puertorriqueños es el incremento en el número de feminicidios o asesinatos de mujeres a manos de hombres por machismo o misoginia .

Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, desde comienzos de año hasta el pasado 30 de noviembre se registraron en la isla un total de 62 feminicidios, entre directos e indirectos, de los que 14 fueron catalogados como íntimos. Los datos resultan alarmantes en una isla de poco más de 3 millones de habitantes.

La escalada violenta contra las mujeres y los asesinatos se registra a pesar de que el gobernador extendió este año el estado de emergencia por violencia de género, que había entrado en vigor en enero de 2021.

Es por esto que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) encaminará en el 2023 la campaña “Edúcate para el cambio” que buscar aumentar la capacidad de respuesta y la concienciación ciudadana con el fin de reducir las cifras.

“Se darán charlas, habrá mesas redondas y actividades divulgativas individuales y grupales en áreas públicas de todas las comunidades”, indicó a EFE la procuradora interina de la oficina, Madeline Bermúdez.

Adicional, Bermúdez dijo que el próximo año se enfocará en trabajar más de cerca con todas las asociaciones puertorriqueñas que luchan por los derechos de la mujer para desarrollar planes de acción en común.  

Según la funcionaria, en el 2022, la oficina realizó más talleres y actividades y atendió a una mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia.

En esta discusión, el currículum con perspectiva de género quedó descartado, a pesar de que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que sería parte del  sistema público de enseñanza.

Sin embargo, en agosto del año pasado, la agencia reveló su nuevo modelo de enseñanza más general, basado en la equidad y el respeto, que reemplazaría la iniciativa propuesta por la Administración Pierluisi a solicitud de grupos de derechos humanos.

Lo último que se supo del comité PARE (Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género , grupo creado mediante orden ejecutiva y que sometió las recomendaciones para el nuevo currículum, es que había sido disuelto.

Un artículo de octubre pasado del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expuso que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con un plan efectivo para víctimas de violencia doméstica en medio de desastres como Fiona, cuando están más vulnerables.

“El Gobierno no ha hecho una campaña lo suficientemente buena y amplia para que las mujeres tengan información sobre los indicadores de violencia de género, dónde buscar ayuda y qué hacer en una situación de violencia de género, y eso hace que estén en una situación de alta letalidad sin saberlo, sin buscar ayuda”, consideró Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Proyecto Matria.

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