Presentan versión en el Senado de EE.UU. de proyecto 2757 para resolver estatus de Puerto Rico

NUEVA YORK – El tema del estatus de Puerto Rico comenzó a dar sus primeros pasos en el Senado de Estados Unidos en esta sesión a través del proyecto 3231 presentado esta semana y que dispone para la realización de un plebiscito con aval federal entre las opciones no territoriales de estadidad, libre asociación o independencia.

El proyecto presentado el martes por Martin Heinrich, senador demócrata de Nuevo México y aliado del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, viene a ser la versión del 2757 que demócratas junto a la comisionada residente de ideología republicana Jenniffer González, presentaron en la Cámara de Representantes en abril pasado.

Una versión previa, el 8393, fue aprobada en diciembre pasado en el pleno de la Cámara por los demócratas y la comisionada residente a poco para el cierre de la sesión.

En una conferencia este miércoles en la capital federal, Pierluisi encabezó las declaraciones a la prensa sobre el proyecto para cederle el turno a González, quien es su rival de partido (Nuevo Progresista) de cara a la contienda por la gobernación de Puerto Rico.

“Todos estos senadores han dado un paso al frente para estar del lado correcto de la historia y responder al llamado de que hay que darle acceso a la democracia plena a los más de 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico, tal y como lo esboza la Constitución de EE.UU.”, planteó Pierluisi.

El gobernador añadió que el proyecto 3132 para resolver el problema del estatus de Puerto Rico cuenta con el mayor número de coauspiciadores originales o 21 senadores, para ser precisos.

“Eso es una buena señal para nuestra lucha por la igualdad”, consideró Pierluisi.

“Este proyecto de ley, al igual que el proyecto similar de la Cámara de Representantes federal, responde al imperativo moral de poner fin al centenario estatus colonial de Puerto Rico y proveer una solución permanente no territorial. Nuestro estatus no es digno de EE.UU.”, añadió el primer ejecutivo.

En parte de su mensaje, la comisionada destacó la supuesta unidad entre ambos en cuanto al tema del estatus.

“Yo creo que es un privilegio tener al gobernador de Puerto Rico haciendo este esfuerzo. Estamos unidos peleando por la estadidad y ese es un mensaje que republicanos y demócratas deben mirar, que nosotros estamos dando la pelea porque la gente de Puerto Rico ya decidió esto, no solo una vez sino tres veces consecutivas…”, planteó la comisionada en referencia a las consultas electorales previas no vinculantes en el Congreso en las que prevaleció esa fórmula de estatus.

¿Qué ha pasado con la Ley de Estatus de Puerto Rico en la Cámara?

Hasta el 1 de noviembre, González enfocaba esfuerzos para avanzar con la evaluación del 2757 en la Cámara donde la mayoría republicana a la que pertenece torpedea cualquier iniciativa sobre el tema. En un comunicado divulgado ese día, indicó que los republicanos Nicole Malliotakis, de Nueva York; Bill Posey, de Florida; y James Moylan, delegado del territorio de Guam, se sumaron como coautores del proyecto.

“Siempre dije que aumentar el apoyo a favor de la causa de la estadidad sería parte central de mi agenda legislativa, y así lo hemos cumplido. Agradezco que mis colegas Malliotakis, con quien llevo trabajando desde el 2021, y Moylan, con quien sirvo en el Comité de Recursos Naturales, hayan respaldado este importante proyecto de ley para los ciudadanos americanos en Puerto Rico,” expresó en declaraciones escritas la comisionada.

Una semana antes, González Colón informó que, tras sostener varias reuniones con congresistas en la Capital federal, los republicanos Milke Lawler, de Nueva York; Bill Huizenga, de Míchigan; y Amata Coleman Radewagen de Samoa americana se sumaron como coasupiciadores de la medida.

Ayer en sus redes sociales, la delegada de Puerto Rico en Washington D.C., agradeció la iniciativa de Heinrich para presentar la legislación y destacó el hecho de que se excluya el ELA territorial como alternativa.

De paso, se atribuyó indirectamente parte de los movimientos en el Senado para resolver el estatus.

“Esta medida crea un nuevo marco para la discusión del estatus de la isla en el Congreso, pues reconoce que el estatus actual del ELA no es opción descolonizadora. Seguimos avanzando ese esfuerzo histórico para la #Estadidad de #PuertoRico”, lee una de las entradas en su perfil de Facebook.

“Agradezco al senador Heinrich por sumarse a este esfuerzo para poner fin al estatus territorial actual a través de un referéndum vinculante, presentando la versión en el Senado de nuestra medida Ley del Estatus de Puerto Rico”, añadió la política.

Contenido del proyecto de estatus 3132

La legislación propone para la realización de un plebiscito en la isla el 2 de noviembre de 2025. Si ninguna de las alternativas obtiene mayoría, se deberá llevar a cabo una segunda vuelta el 8 de marzo de 2026.

A esos fines, provee para una campaña de educación para los votantes previo a la consulta, que según describe una entrada en el sitio web de Heinrich, será objetiva, no partidista y financiada a nivel federal.

La medida establece además un proceso y un término de tiempo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revise los materiales educativos y las boletas del plebiscito.

Las autoridades federales también serán las encargadas de costear la consulta en sí y una segunda, en caso de ser necesaria.

El Gobierno federal también será el encargado de asegurarse que le opción elegida por mayoría se implemente en la isla.

En el comunicado en el que anunció la presentación del proyecto, Heinrich expuso que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral con los boricuas.

“Han sido más de 100 años desde que los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Ellos merecen una respuesta para su estatus politico que ya está retrasada y que debe ser permanente y democrática”, indicó.

“Es nuestra responsabilidad moral asegurarnos que los millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico puedan decidir su propio futuro. Eso es lo que hace esta legislación”, puntualizó.

“Todos los ciudadanos de Estados Unidos deben disfrutar de los mismos derechos civiles fundamentales, independientemente del país en el que nacieron o residen. Pero por 100 años, el pueblo de Puerto Rico han vivido como ciudadanos estadounidenses sin todos los beneficios de la ciudadanía”, planteó por su parte el senador demócrata de California Alex Padilla, coautor de de la medida.

“A pesar de contribuir con miles de millones de dólares en impuestos federales cada año, los puertorriqueños no pueden votar por sus representantes en el Congreso y tampoco pueden acceder a programas financiados con dinero de impuestos como SNAP y el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Esta es una contradicción viviente que rompe con la esencia de lo que somos como democracia, y debemos hacerlo mejor…”, agregó el legislador.

Camino tortuoso para el 3132 por división entre senadores

Al momento, 21 senadores demócratas apoyan el 3132.

El trámite para presentar la pieza legislativa está liderada, aparte de Heinrich y Padilla, por Catherine Cortez-Masto, de Nevada.

Con una división de sillas de 51 versus 49 en el Senado en favor de los demócratas, avanzar un proyecto como este es cuesta arriba.

La intención de Pierluisi es que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata conservador de Virginia Joe Manchin, autorice a Cortez Masto a celebrar una audiencia, ya que es presidenta del subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería, que incluye asuntos territoriales.

Sin embargo, Manchin se ha mostrado reacio a priorizar un proyecto de ley que incluya la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C. hasta que no se celebre un referéndum nacional en Estados Unidos para decidir si se quiere admitir un nuevo estado.

“El pueblo de Estados Unidos debe tener el derecho a votar para determinar si quieren que Puerto Rico sea un estado. Tengo la misma posición”, insistió Manchin a El Nuevo Día el martes.

El político no contestó sobre la posibilidad de realizar una audiencia pública sobre el particular.

En la Cámara, las voluntades tampoco están alineadas en cuanto a la discusión del proyecto 2757.

Señal de esto es la postura del presidente del Comité de Recursos Naturales de ese cuerpo el republicano de Arkansas Bruce Westerman. Entre otras cosas, este ha planteado que cualquier potencial cambio de estatus en la isla debe estar precedido con el cumplimiento por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de los objetivos fiscales referentes a la deuda de Puerto Rico y el proceso de quiebra.

Por su parte, el Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico, el segundo de mayoría, respalda (como institución) el proyecto que incluye el ELA territorial y que fue nuevamente presentado por el senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, el 28 de septiembre.

Bajo esta medida, también se podrían realizar hasta dos consultas en la isla.

En la primera votación que se celebraría el 4 de agosto de 2024, los boricuas deberán decidir entre las alternativas de estadidad, independencia, soberanía con libre asociación o el ELA.

Posteriormente, el 16 de marzo del 2025, se realizaría una segunda vuelta entre las dos opciones que hayan obtenido más votos en caso de que ninguna haya alcanzado una mayoría absoluta en la primera consulta.

A las reservas anteriores, se suman las de la de grupos de la diáspora que esta semana esbozaron en una carta a líderes del Senado.

Diáspora tampoco está conforme con contenido del proyecto

La postura de al menos 10 grupos como Power 4 Puerto Rico Coalition, Alianza for Progress, LatinoJustice PRLDEF, Colectividad Puertorriqueña de Houston, es que cualquier proyecto inspirado en el 2757 no debe ser coaspuciado por los senadores ya que es “defectuoso” e “incompleto”.

“Aunque en algunos aspectos es un paso adelante, la Ley de Estatus de Puerto Rico (PRSA) falla en atender asuntos de transparencia y decisiones informadas tomadas por la gente de Puerto Rico”, señala la carta.

“Esperamos que ustedes coincidan en que los puertorriqueños, que han batallado largamente por la autodeterminación, tienen el derecho a la información completa antes de votar por un cambio monumental en el país caribeño. Nosotros le damos la bienvenida a la oportunidad de clarificar cualquier asunto ANTES de tomar una decision sobre la medida para evitar repetir los mismos errores del pasado, que son ofrecer referéndums construidos con lenguaje incompleto, vago y sesgado que históricamente han resultado en boicot por parte de los puertorriqueños”, plantearon las organizaciones.

Según los suscribientes, cualquier proyecto que busque la descolonización de la isla debe incluir información clara sobre el idioma oficial en Puerto Rico y la transición a impuestos federales, entre otros temas.

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