La Junta dice que ya Puerto Rico pasó lo más difícil en cuanto a medidas de austeridad por reestructuración de la deuda
“Había que adaptar el presupuesto a los ingresos fiscales recolectados a los residentes de Puerto Rico. Esto fue doloroso. Ahora ya está hecho; las decisiones más difíciles quedaron atrás...", indicó el ente fiscal en declaraciones escritas a El Diario de NY
El plan de infraestructura aprobado en el Congreso asigna fondos para reparar la red eléctrica en Puerto Rico. Crédito: Thais LLorca | EFE
Nueva York – La Junta de Control Fiscal (FOMBPR), ente federal que administra las finanzas de Puerto Rico como resultado de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA en el 2016, alegó que las decisiones más difíciles en cuanto a medidas de austeridad en el territorio ya se tomaron.
En declaraciones escritas a El Diario de Nueva York, el organismo encargado del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico con los bonistas, argumentó que la discusión no debe centrarse en lo que llamaron la “falsa” premisa de que el proceso es uno meramente de austeridad versus prosperidad.
“Nunca es fácil balancear un presupuesto, más aún cuando hay tanto en juego como en Puerto Rico que ha sufrido grandemente de desastres naturales, tiene una larga recesión económica, y más de una década de déficit presupuestarios que terminaron en la bancarrota”, planteó la entidad.
“Había que adaptar el presupuesto a los ingresos fiscales recolectados a los residentes de Puerto Rico. Esto fue doloroso. Ahora ya está hecho; las decisiones más difíciles quedaron atrás. Estas decisiones muchas veces son presentadas bajo la falsa alternativa entre austeridad y prosperidad. Este no es el caso. La responsabilidad fiscal conduce a la estabilidad que hoy tenemos en Puerto Rico”, consideró la Junta.
“A lo largo de este difícil momento de ajustes fiscales, los Planes Fiscales y los presupuestos certificados por la Junta incluyen inversiones significativas, particularmente en salud y seguridad pública. Nosotros continuamos invirtiendo en estas áreas sabiendo lo importantes que son para las vidas de todos en Puerto Rico. La Junta y el Gobierno también han hecho grandes inversions a la infraestructura, Desarrollo económico y servicios civiles, y apenas estamos empezando. El punto es que Puerto Rico ha dado un giro”, puntualizaron desde la Junta.
El comunicado no especifica cuáles han sido esas inversiones.
Las expresiones enviadas por la Junta se dieron a raíz de una petición de este rotativo en el marco de la controversia judicial por la eliminación de los convenios colectivos a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La Junta ha solicitado a la jueza de Nueva York, Laura Taylor Swain, que dejé sin efecto estos contratos con los sindicatos bajo el argumento de que no hay fondos disponibles para cumplir con los mismos.
La semana pasada, la jueza pospuso de manera indefinida la audiencia para evaluar las mociones que los gremios y su representación legal presentaron en respuesta.
Entre otras cosas, los sindicatos plantean que la Junta no ha actuado de buena fe para resolver la controversia.
Además, han cuestionado el argumento de la Junta en el sentido de que la UTIER se negó a negociar para llegar a un acuerdo sobre el Sistema de Pensiones de la AEE que en estos momentos se encuentra insolvente.
“La Junta fue responsable de todos los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica…donde nunca le pagaron al Sistema de Retiro lo que tenían que pagarle. Entonces eso generó una deuda de más de $1,300 millones que si se hubiera pagado a tiempo, pues eso se invierte en el mercado de valores, genera unos créditos, y el Sistema de Retiro estuviera operando; o sea que ellos lo quebraron. Ellos dicen, ‘ok, el Sistema de Retiro ahora no se puede pagar a la luz de la reestructuración (de la deuda) de la Autoridad, pues hay que eliminarlo; y ellos quieren eliminar el Sistema de Retiro como está actualmente, y para eso quieren eliminar el convenio colectivo. O sea, le echan la culpa a la UTIER de que haya negociado eso y lo tenga en su convenio colectivo por un problema que ellos causaron….”, declaró el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez en entrevista previa con este rotativo.
Sobre este particular la Junta señaló que han hecho todo lo posible para que los pensionados continúen recibiendo sus pagos.
“Los empleados pensionados de PREPA (AEE) están recibiendo su pensión. La Junta ha hecho todo lo posible para asegurarse que los retirados continúan recibiendo las pensiones que necesitan. Más recientemente, la Junta aprobó un préstamo del Gobierno de Puerto Rico a la AEE para continuar pagando las pensiones porque la AEE no podía hacerlo”, señalaron.
“La necesidad de reformar el Sistema de Pensiones es inevitable y urgente. La mala gestión de la AEE dejó insolvente su sistema de pensiones. Por casi un año y medio, la Junta negoció con las uniones para evitar el rechazo de un convenio colectivo. La pendencia de la audiencia de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad dejó a la Junta sin alternativa”, argumentó el organismo federal.
El proceso de quiebra en Puerto Rico es el más grande en un territorio estadounidense.
Como parte del proceso de Título III bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), la jueza federal encabeza el pleito judicial dirigido a la confirmación de un plan que le permita al territorio salir de la quiebra y reingresar a los mercados financieros.
En este proceso, es la Junta quien negocia los planes de ajuste para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles.
Los opositores a la presencia y gestión de la Junta en la isla han denunciado entre otras cosas que la totalidad de la deuda debe ser cancelada, ya que se emitió de manera ilegal o por encima de los límites permitidos por la Constitución. Además solicitan que la deuda sea auditada y que los responsables de la quiebra rindan cuentas.
También sostienen que las reducciones de presupuestos en las distintas agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico continúan afectando los servicios esenciales a los residentes del territorio.
En marzo del 2022, bajo el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central, la obligación de pago se redujo en 80 %, o de $34,000 millones a $7,400 millones.
Sobre la mesa el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
Actualmente, las autoridades buscan llegar a un acuerdo sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.
Se supone que el 4 de marzo inicien las audiencias para ver si la jueza determina que el plan es “confirmable”.
Como parte de la discusión, se contempla un aumento en la tarifa de electricidad mediante un “cargo heredado” que los abonados de la Autoridad deberán pagar por más de tres décadas.
Hasta el momento, el borrador propone el pago de unos $2,536 millones en bonos reestructurados.
Precisamente, esta semana el gobierno de Puerto Rico presentó una objeción a la cuarta versión enmendada del PAD en la que plantean que debe ser el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPD) el que finalmente determine las tarifas y cargos en la factura acorde con legislación local.
“Algo que hemos sostenido consistentemente y se incluyó en la objeción limitada es el hecho de que es el Negociado de Energía quien tiene la última palabra en cuanto a qué tarifa se debe establecer para generar los ingresos necesarios para pagar la deuda reestructurada. Al final del día, la ley de Puerto Rico así lo establece y PROMESA señala que para que un plan sea confirmable tiene que cumplir con las leyes locales”, planteó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, según citado por EL VOCERO.
A juicio del funcionario, será esa entidad la que tendrá potestad de determinar cómo es la mejor manera de generar los ingresos de una manera “económicamente neutral”.
“Se trata de un proceso legal que hay que seguir. La jueza confirmará el plan y establecerá cuanto es la deuda, pero luego el Negociado es quien tiene que establecer, a través de su proceso regulatorio de revisión tarifario, cuánto es la tarifa que finalmente tiene que establecerse, no solamente para cubrir los gastos operacionales de la utilidad, pero también para pagar la deuda reestructurada”, añadió el también secretario del Departamento de Estado.
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