Puerto Rico: Economista Caraballo Cueto prevé que Plan de Ajuste de Deuda de la AEE con aumentos en tarifa de luz por 30 años será confirmado
El pasado lunes iniciaron las audiencias previo a la confirmación del plan presentado por la Junta de Control Fiscal a la jueza federal Laura Taylor Swain; el profesor y expresidente de la Asociación de Economistas de P.R. no anticipa buenas noticias para los opositores
Una protesta en la Autopista Las Américas en San Juan, Puerto Rico, contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – El economista puertorriqueño José Caraballo Cueto consideró que es muy poco probable que el contenido del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentado por la Junta de Control Fiscal (FOMB) que incluye aumentos en la tarifa de luz para los boricuas por al menos tres décadas sea alterado en algún sentido en medio del proceso de confirmación en el que se encuentra.
“Muy difícil, una vez llega una vista de confirmación, hemos visto en el pasado, como por ejemplo, con el Plan de Ajuste de la Deuda de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), que era la deuda que se basaba en el impuesto a las ventas, mejor conocido como IVU en Puerto Rico, al igual que el ajuste de deuda del gobierno central; pues una vez llega a la vista de confirmación, ya prácticamente está todo listo y es simplemente darle espacio a las partes para que se expresen, pero es muy difícil que la jueza determine lo contrario basado en lo que hemos visto anteriormente”, explicó el catedrático asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en entrevista con El Diario.
El papel de la jueza Laura Taylor Swain
De hecho, la jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, quien lidera los procesos de quiebra en Puerto Rico bajo Titulo 3 de la Ley PROMESA, reconoció, al inicio de la jornada esta semana, que su labor prácticamente se limita a aprobar o rechazar el plan sometido por la Junta.
La Junta fue creada como resultado de la aprobación de la Ley PROMESA en el Congreso de Estados Unidos en el 2016 con el fin de administrar las finanzas del territorio.
“No es la función de la corte diseñar un plan de ajuste, sino, solo aprobarlo o rechazarlo dentro de los límites de la Constitución de Estados Unidos y decidir si cumple con todos los requisitos legales”, planteó Taylor Swain en la sala del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
En ese sentido, Caraballo Cueto indicó que Taylor Swain usualmente interviene de manera más contundente cuando hay desacuerdos de envergadura como el de cuáles bonos estaban asegurados y cuáles no. En esa disputa, la jueza determinó reducir en casi un 80 % la deuda de la AEE que asciendía a $10,000 millones de dólares. A raíz de la decisión, el total de las reclamaciones presentadas por varios acreedores contra la corporación se redujo a unos $2,500 millones.
“Yo creo que el rol de la jueza es más bien presionar a las partes para que lleguen a un acuerdo, y, si no llegan a un acuerdo, pues entonces ella toma el mallete. Y como en esa discusión sobre qué bonos estaban asegurados o cuáles no y qué recorte era el que procedía, no se pusieron de acuerdo, la jueza decidió. Pero, la mayoría de las veces no han tenido que llegar ahí porque las partes negocian tras bastidores; y lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal hasta el momento, incluyendo ahora en este caso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es que negocia con una parte de los acreedores, no con todos, y pues cuenta con esos votos. Con los que negocia, pues los trata más generosamente, y con los que no negocia, le aplica un recorte amplio que a veces puede llegar hasta el 90 %”, explicó el también investigador visitante en la Universidad de Princeton
Según Caraballo Cueto, las objeciones al plan expuestas en ponencias por decenas de individuos y grupos en los pasados días no tendrían efecto práctico en las decisiones de Taylor Swain.
“Me parece a mí que es algo más protocolar de decir, ‘mira, se le dio espacio a los ciudadanos para que hablen’, ‘se le dio espacio a organizaciones para que hablen, a los opositores’. Pero, antes de llegar ahí tiene que haber una votación, pues ya cuentan con ese quórum, y pues es algo más procesal”, en referencia a las partes encargadas de votar por el plan.
Lo que no ve imposible el expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico es que se dilaten los procesos ante cualquier reparo de acreedores u otros litigantes en el caso.
“Si alguna de las partes que dijo que iba a apoyar el plan, alguno de los grupos, de momento cambia o le vota en contra, pues eso pudiera cambiar el escenario o paralizar la confirmación del plan de ajuste tal como fue propuesto; y pues, si se levanta también algún ‘issue’ de índole constitucional, la de EE.UU., que pasó también en el plan de ajuste anterior, pues puede dilatar el proceso”, matizó.
Judith G. Dein, la jueza con poder detrás del trono
En ese sentido, Caraballo Cueto destacó el trabajo de la jueza Judith G. Dein, figura poco mencionada en los medios de prensa, pero quien parece llevar la batuta tras bastidores en cuanto a los procesos de reestructuración de la deuda de la AEE.
El académico expuso que el impacto económico en cadena o a largo plazo en Puerto Rico por los aumentos propuestos en la tarifa energética afectará a toda la población.
“Yo hice un estudio de cuál sería el impacto del aumento en el costo energético en Puerto Rico en los últimos años y encontré relaciones estadísticamente significativas entre aumento en costo energético y aumento en producto refrigerado, esa fue una relación que encontré. Otra es que un aumento en el costo energético, lleva a más quiebras de pequeños y medianos comerciantes; y cuando quiebran pequeños y medianos comerciantes, se pierden empleos. Y encontré también que estos aumentos van a impactar la competitividad de la economía de Puerto Rico y también va a impactar al sector de los hogares que ya paga actualmente un costo energético que es doble del costo energético que se paga en EE.UU., a pesar de que el ingreso por hogar en Puerto Rico, pues es la mitad del que se paga en EE.UU.”, abundó.
Mayor migración de puertorriqueños a EE.UU.
El escenario que se vislumbra tampoco incentiva a que los puertorriqueños permanezcan en la isla o a un retorno de los que ya se encuentran en la diáspora, consideró el entrevistado.
“En la actualidad, hay unos esfuerzos, no solo para detener la emigración de Puerto Rico a EE.UU., sino para traer de vuelta a parte de los puertorriqueños que salieron en los últimos años; y aumentar el costo energético no hace atractivo que ningún puertorriqueño regrese porque en EE.UU. ganan en promedio más de lo que ganan en Puerto Rico. El costo energético, excepto en Hawái, el costo energético es más bajo que en P.R., así que no tienen muchos incentivos para volver. Así mismo, atraer empresas con un costo energético tan alto va a ser muy difícil. Y es lamentable porque la economía de Puerto Rico si no se reactiva, más allá de los fondos federales que recibe, pues va a ser difícil que pueda cumplir con las obligaciones, como es el caso de la deuda”, alertó el experto.
Aunque no anticipa un segundo proceso de reestructuración en caso de que se apuebe el plan como está, sí mayores recortes en el gasto social.
“Es probable que si en el futuro se entra en una crisis fiscal porque no hay suficientes recaudos para pagar la deuda, lo que va a haber es un recorte en el gasto social y no un recorte en la deuda tal como fue reestructurada, porque para volver a reestructurar la deuda, lo primero que hay que hacer es volver a invocar a PROMESA, y esa decisión nada más la tiene el Congreso, que además le han dado unas protecciones a los nuevos bonos que se han emitido para reestructurar la nueva deuda que va a ser bastante difícil que se pueda reestructurar”, puntualizó.
Múltiples ponencias en contra del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
Durante la primera semana de audiencias, Taylor Swain principalmente ha escuchado las ponencias de sectores que se oponen a la confirmación del plan.
Desde este lunes y hasta que culminen las audiencias el 19 de marzo, empleados y exempleados de la Autoridad liderados por la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) permanecerán en el exterior del tribunal federal en la zona metropolitana de Hato Rey en un campamento diurno en protesta a las medidas de la Junta.
El presidente de la AJAEE, Johnny Rodríguez Ortiz, sentenció que de aprobarse la propuesta que negocia la Junta se sepultará lo que queda del pueblo de Puerto Rico.
“El plan de pagos propuesto por la Junta de Control Fiscal traerá un aumento de más de 4 centavos en el costo por kvh, además del producto de una fórmula de consumo volumétrico adicional a los 4 centavos de aumento”, destacó el líder sindical en su ponencia.
Rodríguez Ortiz mencionó cuatro factores que impiden cumplir con el plan.
“No se puede lograr por la creciente cantidad de instalaciones de sistemas de energía renovable, la emigración masiva de residentes hacia los EE.UU., la drástica reducción de nacimientos en Puerto Rico y el cierre diario de negocios e industrias en nuestra economía”, enumeró.
“No sea la sepulturera que martilla el último clavo en el ataúd de lo que una vez fue la Isla del Encanto, la Perla del Caribe. Muy respetuosamente le urgimos, le invitamos, le rogamos, que escriba su nombre en la historia, del lado del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.
El plan bajo consideración no garantiza el pago de pensiones futuras a los empleados de la AEE.
La AEE le debe a su sistema de retiro alrededor de $4,400 millones en obligaciones presentes y futuras.
Otra de las deponentes fue la analista del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa), Cathy Kunkel, quien le advirtió a la jueza federal que, al plan priorizar el pago a los bonistas, dificultará la reconstrucción y transformación de la red energética de la AEE.
“Serían millones que anualmente serían destinados al pago de bonistas que podrían usarse para mejorar el sistema, que se trata en estos momentos de una situación de vida o muerte para personas que dependen de equipos eléctricos. El plan no va a funcionar, puede que en papel parezca ser viable, pero en la práctica sería condenar al País a un sistema ineficiente”, argumentó la ingeniera.
La vicepresidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Ivette Pérez, alertó que más aumentos en la factura de luz se traducirían en la pérdida de viviendas para muchas de las familias que representa la organización.
Actualmente, la asociación representa a medio millón de hogares.
“¡No tenemos forma de pagar eso!”, exclamó a El Nuevo Día. “Si se aprueba el plan de ajuste, probablemente habrá titulares que no podrán pagar las cuotas de mantenimiento. Eso tiene un efecto cascada. Me subes la luz y todos van a incrementar sus costos”, continuó.
“Puede que haya titulares que no podrán pagar”, añadió. “Entonces, van a tener que vender sus propiedades y casi regalarlas”, anticipó.
Pérez explicó que, por la forma en que están construidas estas estructuras, se complica cualquier instalación de equipos de energía renovable que se traduzcan en una reducción en la tarifa de electricidad.
Aumento en el costo de bienes y servicios
Por su parte, el presidente de la Asociación de Detallistas, Ramón Ortiz Erazo, alertó que los comerciantes tendrán que pasar el aumento en la factura a los consumidores, lo que incrementará el costo de bienes y servicios.
José “Pucho” Miranda, presidente de la Asociación de Residentes de la Urbanización Venus Gardens, en San Juan, y de la fundación Boricuas en la Brega, destacó el impacto que tienen las ya altas facturas de electricidad en las poblaciones más vulnerables como los adultos mayores.
“Estoy aquí por los que no pueden levantarse de la cama para venir a protestar, pero que les están cortando la luz”, declaró Miranda al referido medio. “Desde María, hemos visto a personas mayores en las montañas que prefieren estar sin luz para tener un plato de comida y los medicamentos”, agregó.
Aunque el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, dijo que los testimonios en sala fueron impactantes, defendió el plan como está redactado al momento.
“Fueron expresiones del corazón de personas que se van a ver bien impactadas por este plan que, sin embargo, reduce la deuda en un 80% de lo que se había acordado previamente por el gobierno y la AEE. Eso es una gran reducción”, planteó Mujica.
Supuesta jurisdicción del Negociado de Energía en los aumentos de luz
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, quien previo a asumir el cargo fue abogado de la Junta, indicó que la postura de su Administración es que se reduzca la misma tanto como sea posible y se respete la jurisdicción del Negociado de Energía sobre aumentos en la tarifa de electricidad.
“Lo que nosotros queremos, en el gobierno, es la mayor reducción de la deuda posible, deuda de la AEE, y que se respete la jurisdicción y el mandato de ley que tiene el Negociado de Energía en Puerto Rico para establecer las tarifas que pagamos todos los que consumimos el servicio eléctrico en la isla”, declaró Pierluisi en conferencia de prensa a principios de semana.
Está por verse si en efecto el Negociado tiene la facultad de frenar aumentos establecidos en el PAD.
¿En qué consiste el cargo heredado?
El borrador del plan propone aumentos en la factura para los abonados de la AEE por tres décadas que incluyen un cargo legado que a su vez está dividido en tres tarifas.
Una corresponde al cargo fijo mensual, que comenzará en $1 dólar para residencias, y alcanzará $112.50 en el caso de empresas e industrias grandes. A lo anterior, se suman dos cargos por consumo.
Uno, fluctuará entre 0.74 centavos y casi tres centavos por los primeros 425 kilovatios hora (kvh) de consumo; y el segundo iniciaría en 1.49 centavos y podría llegar a casi tres centavos kvh por exceso de consumo de 425 kvh.
