Puerto Rico: “Junta 3.0”, ¿en qué consiste el proceso para nombrar a los miembros del organismo que maneja la quiebra en la isla?
En cualquier momento, las autoridades federales estarían designando a los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal o renombrando a los que ya ocupan posiciones en el organismo; el economista José Caraballo Cueto explica el alcance de este proceso y las partes involucradas
Por años, varios sectores en Puerto Rico han planteado que la deuda de Puerto Rico es ilegal y que necesita ser auditada. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – El economista puertorriqueño José Caraballo Cueto dijo que el hecho de que la Junta de Control Fiscal (FOMB), ente federal que maneja las finanzas de Puerto Rico, no cuente con la totalidad de sus miembros no tendrá gran efecto en las decisiones que tome el grupo en procesos como el relacionado a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se discute actualmente en la corte federal en la isla.
“Ya en esta etapa que está el proceso de reestructuración de deuda realmente estos nombramientos que se hagan ahora, renominaciones de los actuales…, realmente (los miembros de la Junta) van a estar más a cargo de lo que es la política fiscal, que es cómo el gobierno gasta su dinero y cómo establece los impuestos; pero no van a tomar decisiones sobre la deuda porque ya va a estar reestructurada. En unos meses se habrá acabado el proceso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico”, consideró Caraballo Cueto en entrevista con El Diario de NY.
El catedrático asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estimó que antes de las elecciones de noviembre se podría tomar una decisión definitiva sobre los nombramientos como parte de la llamada “Junta 3.0” o tercera edición del organismo, creado como resultado de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA (Ley de Administración, Supervisión y Estabilidad Económica de Puerto Rico) en el 2016.
“Yo creo que algunos de estos nombramientos se van a dar antes de las elecciones. Es algo común que los presidentes una vez se está acercando el periodo eleccionario, cada vez que hay vacantes las quieren llenar y no dejársela al próximo presidente porque no se sabe si va a ganar el mismo incumbente”, anticipó el expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Al momento, cinco de los nombramientos en la Junta están vencidos.
Integrantes como Andrew Biggs, académico en American Enterprise Institute (AEI) desde el 2008 y quien ha ocupado varias posiciones en la Administración del Seguro Social (SSA), llevan en el cargo desde que se creó la entidad.
En declaraciones a El Nuevo Día en febrero pasado, tras una audiencia del Comité de Finanzas del Senado en la que se evaluó su nombramiento a la Junta Asesora del Seguro Social, Biggs mostró disponibilidad de mantenerse en el organismo.
“Tengo cierta disposición a continuar sirviendo, pero si deciden ir en una dirección distinta, eso conmigo estará bien también”, expresó Biggs.
El de Biggs es una de las posiciones que ya venció.
Precisamente, ante hechos como el anterior, es que a juicio de Caraballo Cueto llamar a la Junta la 3.0 no hace mucho sentido.
“Esos puestos caducan cada cuatro años, y cuando caducan se pueden quedar hasta que haya un nuevo nombramiento. Hay algunos de ellos que los han repetido y se han quedado. Lo que pasa es que vuelven y los nombran, vuelven y los recomiendan, y siguen estando entonces desde el principio. Uno de ellos es el presidente actual que lleva desde el inicio, Andrew Biggs, que es un economista republicano que trabajó también con George W. Bush y ha sido uno de los más grandes opositores en EE.UU. de los planes de retiro público como es el caso del Seguro Social…Así que cuando se dice que es la Junta 3.0, pues no tanto porque no era que la 1.0 y 2.0 fueran diametralmente diferentes, porque tenían miembros que habían estado ya”, abundó.
Caraballo Cueto, quien ha sido llamado en dos ocasiones para formar parte del ente fiscal y ha rechazado las ofertas, añadió que parte del problema es que la ley federal no especifica término de tiempo para llenar vacantes.
“La Ley PROMESA lo que dice es que tienen que ser siete miembros y tiene que haber quórum. En la actualidad ya hay quórum (con 5 miembros); pero no le da un mandato bien específico al presidente ni al Congreso de que si a tal fecha no llenan las vacantes, pues va a quedar inoperante la Junta o va a desaparecer la Junta…”, planteó.
Solo en el caso de que se quiera abrir un nuevo proceso de quiebra, se requiere el voto de todos los miembros.
Bajo PROMESA, el presidente hace una designación directa, mientras que las otras seis posiciones se asignan con base en recomendaciones del portavoz de la mayoría en la Cámara, quien sugiere dos; su homólogo en el Senado también propone dos, mientras que los líderes de minoría tanto en Senado como en la Cámara, uno, respectivamente.
Esta vez será la primera que líderes del Partido Demócrata podrán escoger la mayoría (4 de 7) de los miembros de la Junta, ya que dominan el Senado.
Sobre este particular, Caraballo Cueto destacó: “Hay algunos nombramientos a la Junta de Control Fiscal que parten de lo que decida el presidente de la Cámara (federal), el del Senado, y otros que los asigna directamente el presidente de EE.UU. Así que lo que está por verse en este caso es que, si bien Biden es demócrata, pues va a tener que incluir republicanos, toda vez que el presidente de la Cámara es un representante republicano”.
Una lista preliminar de candidatos que comienza a ser filtrada
El experto explicó que, a partir de un proceso de selección preliminar, se empieza a filtrar la lista de candidatos.
“Lo primero que hacen los congresistas es que llaman a posibles candidatos, incluso a mí me han llamado; ‘mira, tú estás dispuesto a participar en la Junta de Control Fiscal’. Yo siempre le he dicho que no, las dos veces que me han llamado”, reveló Caraballo Cueto aduciendo su rechazo al hecho de que la Junta gobierna al pueblo de Puerto Rico sin su consentimiento.
Agregó: “Otras personas que han dicho que sí, entonces pasan a un grupo, y empiezan ahí unas discusiones para filtrar ese grupo, y dicen, ‘pues, mira, al final nos vamos a quedar con esta terna, con estos finalistas’. Ese proceso se develó recientemente por la demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de cuáles eran las consideraciones. No podía ser una persona que fuera muy liberal o progresista; no podía ser una persona que tuviera muchas afiliaciones con sindicatos o entidades del tercer sector”.
“Eventualmente, empieza una negociación política entre las partes y al final se da la recomendación al presidente, y le dicen, ‘mira, por parte de nosotros aquí en la minoría en la Cámara de Representantes, por dar un ejemplo, este es el candidato que escogimos’, y el presidente lo nombra”, puntualizó sobre el proceso de selección de los miembros.
En enero pasado, el presidente Joe Biden anunció el nombramiento del inversionista Juan Sabater para ocupar la vacante de Justin Peterson, una de las dos que quedaban para completar la plantilla de siete miembros.
Partiendo de esa decisión, el entrevistado no anticipa que en la plantilla renovada destaquen figuras menos afines a Wall Street o ajenas al mundo financiero y las inversiones.
“Hemos visto que Biden ha tomado unas decisiones bastante conservadoras en muchos ámbitos y en el caso de P.R. no es la excepción. Y en el último nombramiento que hace de este señor, Juan Sabater, esta es una persona que viene del mundo financiero, conservadora, y ese es el que nombra el presidente, que uno hubiese esperado que hubiera nombrado a una persona más progresista, que haya estado envuelta con trabajo comunitario o abogando por las poblaciones vulnerables. Así que, si eso es lo que se espera de un presidente progresista, entre comillas, no queremos saber qué pasaría si gana Trump, cuáles serían los nombramientos. Así que yo tengo cero esperanza de que la Junta con los nuevos nombramientos que se hagan, tengo cero esperanza, de que van a ser más progresistas, van a estar más sensibilizados con la realidad socioeconómica de P.R., que van a cambiar su orientación ideológica en términos de si hay que establecer más austeridad o darle prioridad al bienestar de las personas. No tengo duda de que van a seguir con la misma política que se ha tomado en los últimos años, sino una más dura de la que se ha tomado”, sostuvo.
Los hallazgos del CPI sobre selección de los miembros de la Junta
A principios de febrero, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico divulgó detalles sobre el proceso de selección de los primeros siete miembros de la Junta.
La difusión de más de 3,100 páginas se dio como resultado de una demanda presentada contra el Departamento del Tesoro por el CPI bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA).
La información arrojó que el proceso fue uno “informal” que comenzó meses antes de la aprobación de PROMESA. Como parte del trámite, una veintena de funcionarios bajo la Administración Obama tanto de la mencionada agencia federal como de la Casa Blanca recomendaron candidatos sin criterios de selección claramente definidos, reportó el CPI.
El artículo especifica que, durante la primera ronda de nombramientos, se consideraron a más de 115 personas.
El 30 de agosto de 2016, más de un mes después de los primeros movimientos, el gobierno de Obama anunció a los primeros siete miembros: José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González, David Skeel y Andrew Biggs.
Cabe señalar, que siete años de ese primer proceso, el Tesoro ya no controla el ente fiscal y tampoco el proceso de selección de los integrantes.
Actualmente, la Junta se encuentra inmersa en las audiencias en la isla que buscan que la jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, confirme el plan que presentaron para reestructurar la deuda de la AEE.
A pesar de las múltiples oposiciones por parte de gremios, organizaciones e individuos particulares, muy probablemente, Taylor Swain termine aprobando la propuesta que incluye aumentos en la tarifa eléctrica para los puertorriqueños por al menos tres décadas para pagarle a los bonistas y cubrir el Sistema de Pensiones de los empleados de la AEE.
La Junta ha defendido el borrador bajo la premisa de que el PAD reduciría la deuda de $10,000 millones a unos $2,600 millones.
“El Plan de Ajuste de la AEE es una victoria significativa para Puerto Rico, reduce la deuda de la AEE en un 80% y provee un camino realista para poner fin a la quiebra de la AEE”, indica una entrada en su cuenta en la red social X.
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