Puerto Rico: LatinoJustice PRLDEF y CBPP favorecen llamado de Biden para paridad en Medicaid, SNAP y SSI

Como parte del presupuesto para el año fiscal 2025, el presidente destacó su intención de lograr paridad para territorios como Puerto Rico en los mencionados programas

Medicaid

Aproximadamente, la mitad de la población en Puerto Rico se beneficia de Medicaid. Crédito: Rogelio V. Solis | AP

Nueva York – La organización de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, con sede en Nueva York, acogió positivamente la solicitud del presidente Joe Biden para eliminar los límites de financiamiento de Medicaid en Puerto Rico y así atajar el problema de disparidad, como parte del presupuesto para el año fiscal 2025.

En su emplazamiento esta semana a líderes del Congreso de Estados Unidos, el primer mandatario además pidió que Puerto Rico sea incluido en SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y en el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad que trabaja para adelantar la equidad y la justicia para los puertorriqueños y otras comunidades latinas considera que por mucho tiempo los residentes en la isla han sido tratados como ciudadanos de segunda clase.

Puertorriqueños han sido tratados como ciudadanos de segunda clase

“Nosotros estamos animados con la propuesta del presidente para finalmente asegurar la paridad para los puertorriqueños en tres programas federales: Medicaid, SNAP y SSI. Por demasiado tiempo, los puertorriqueños han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Puerto Rico tiene un mayor número desproporcionado de personas que son adultos mayores y/ o discapacitados, con 43.5% de los residentes que viven bajo los niveles de pobreza”, planteó la entidad.

La organización añadió que espera que el llamado no se quede solamente en eso.

“LatinoJustice continuará trabajando para asegurar que todos los puertorriqueños y los de la diáspora sean tratados con el respeto y la dignidad que se merecen. Esperamos que la Casa Blanca y el Congreso sigan adelante con la propuesta; es tiempo de corregir un error que le ha denegado a los puertorriqueños asistencia para sus necesidades humanas más básicas”, puntualizaron.

A nivel más general, en el presupuesto presentado por Biden para el año fiscal 2025 que asciende a $7,300 millones de dólares, destaca el financiamiento de programas sociales, así como reducciones fiscales para las rentas medias y bajas, al tiempo que se propone un aumento en los impuestos para los ricos y las grandes empresas.

Muy probablemente el presupuesto no será aprobado hasta después de las elecciones de noviembre.

El Congreso aún no ha aprobado el presupuesto definitivo para el año fiscal 2024. El documento más recientemente divulgado, de 188 páginas, no presenta grandes cambios con respecto al previo.

El llamado que Biden hizo sobre Puerto Rico también alcanza a los otros cuatro territorios: Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los EE. UU. y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities sobre el plan de Biden para los territorios señala que debido a que estas jurisdicciones suelen tener tasas de pobreza más altas, batallan contra crisis económicas, desastres naturales y aumento en la emigración, el mismo sería de beneficio para sus habitantes.

Proporcionar a los territorios un acceso equitativo a estos programas ayudaría enormemente en sus recuperaciones y marcaría un gran paso para remediar las disparidades creadas por políticas que históricamente los han excluido de los programas de seguridad económica y de salud del país”, señalan desde el CBPP.

El financiamiento para los territorios a través de estos programas es limitado o reciben una cantidad inferior de fondos o subvenciones fijas en comparación con los estados.

El caso de Medicaid en Puerto Rico

En el caso de Medicaid, el Gobierno federal provee fondos para Puerto Rico para pagar los gastos médicos de personas con bajos ingresos.

Sin embargo, contrario a los estados, las autoridades en EE.UU. limitan la asignación, a pesar de que aproximadamente la mitad de sus residentes se benefician del programa.

Cada cinco años, el Congreso debe legislar para extender la vigencia de los fondos Medicaid en la isla. A esto se le conoce como “abismo fiscal” de Medicaid.

“Contrario a los 50 estados y el Distrito de Columbia, donde el Gobierno federal parea todos los gastos de Medicaid en el nivel de emparejamiento federal apropiado del Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP) por estado; en Puerto Rico, el FMAP es aplicado hasta que los fondos máximos del Medicaid y la Ley de Ciudado de Salud Accesible se agotan”, lee una entrada en Medicaid.gov.

El financiamiento federal anual de Medicaid para los territorios está sujeto a un límite legal de un FMAP fijo del 55%. Si Puerto Rico y otros territorios como las Islas Vírgenes recibieran la misma cantidad que los estados, les aplicaría la tasa máxima permitida de 83%.

Precisamente, en los pasados días han habido críticas por el curso de los procesos en la isla para la recertificación de los beneficiarios de Medicaid, ya que el personal no da abasto y persiste el desconocimiento entre la población.

A menos de dos semanas para que culmine la fecha límite el 30 de marzo, el Departamento de Salud a nivel local le pidió al Gobierno federal extender el plazo seis meses más.

Adicional, la agencia batalla con el requisito federal de registrar a los proveedores antes del 15 de mayo, debido a que el Gobierno de Puerto Rico recibió los fondos para desarrollar la plataforma el año pasado.

En el caso de SNAP, la presión en el Congreso continúa para que se incluyan provisiones que permitan la transición desde el PAN (Programa de Asistencia Nutricional).

Actualmente, Puerto Rico recibe una asignación en bloque menor bajo SNAP sin opciones para extender la cantidad de fondos en situaciones de emergencia como huracanes.

Mientras que en el caso de SSI, en abril de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó extender los beneficios del programa de la Administración del Seguro Social a los puertorriqueños en la isla.

Una mayoría en el máximo foro determinó que así como no todos los impuestos federales se extienden a los residentes de Puerto Rico, no todos los beneficios sociales federales aplican a los ciudadanos en la isla.

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