Estafa de $770,000 dólares con préstamos COVID: empleado MTA y funcionario judicial sentenciados en Nueva York
Dos socios se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia, cuando uno era empleado de la MTA y el otro trabajaba en el Tribunal Civil de Queens (NYC)
Arthur Cornwall (43) y Sean Williams (42) se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados a 18 meses de cárcel en Nueva York.
En el momento del crimen Cornwall era un empleado de mantenimiento de señales de la MTA y Williams solía trabajar en el Tribunal Civil de Queens (NYC). Ambos se declararon culpables de conspiración de fraude electrónico en junio pasado y la jueza Joan Azrack, del Tribunal Federal de Long Island, les dictó las sentencias el miércoles.
El dúo había creado corporaciones en 2019, el año anterior a la pandemia, para realizar inversiones inmobiliarias, pero no tenían empleados ni generaban ganancias. Cuando llegó la pandemia y el cierre económico en marzo de 2020, el gobierno federal comenzó a ofrecer el Programa de Protección de Cheques de Pago (Paycheck Protection Program, PPP) y otros préstamos como estímulos a pequeñas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces Cornwall y Williams vieron una oportunidad para enriquecerse, según los fiscales.
Los préstamos PPP se condonarían si el dinero se gastaba en esfuerzos de retención de empleos y costos de nómina. Cornwall y Williams afirmaron falsamente que una de sus empresas tenía ocho empleados y que estaban obligados a pagar $22,000 dólares mensuales en salarios, y que en la otra había cinco trabajadores a los que se les pagaba un salario colectivo de $10,000 cada mes.
Esos 13 empleados no existían y, en cambio, el dúo utilizó el préstamo para saldar deudas, sacar dinero en efectivo y pagar sobornos a los cómplices. Williams también compró más de $33,000 dólares en criptomonedas y pagó $110,000 en bienes raíces.
“El robo de dinero de ayuda por parte de los acusados, a pesar de tener trabajos con buenos salarios y beneficios, para poder comprar bienes raíces, criptomonedas y pagar facturas de tarjetas de crédito con los fondos robados, merece sentencias de cárcel”, destacó el miércoles el fiscal federal Breon Peace.
La abogada defensora de ambos residentes de Long Island, Karen Charrington, los describió en los documentos judiciales como hombres de familia que recurrieron al plan porque estaban financieramente arruinados, “no por malicia o premeditación subrepticia, sino por prisa, desesperación y, francamente, es una tontería mantener a flote un negocio que se hunde”, citó Daily News.
En otro caso reciente de estafa con fondos públicos en Nueva York, esta semana una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.
A principios de este mes, un latino ex policía NYPD fue acusado de defraudar a inversores por $3,5 millones de dólares después de cortejarlos con historias falsas, incluyendo afirmar que podrían recuperar sus pérdidas a través de la inteligencia artificial, según un expediente judicial civil.
Días después unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.
También este mes una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).
En febrero, otro hispano fue arrestado por supuestamente afirmar falsa y repetidamente que era el dueño del “The New Yorker”, hotel icónico abierto en 1930 en Midtown Manhattan.
El mes pasado hubo otros tres escándalos relacionados con empleados municipales en Nueva York: el 29 de febrero el FBI llevó a cabo redadas en dos casas en El Bronx propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Previamente los hogares y oficinas de dos jefes de inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) fueron allanados como parte de una investigación de supuesta corrupción del FBI.
Días antes 55 empleados actuales de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).