Puerto Rico: Opositores a Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE aseguran que llevará a boricuas a la miseria
Una jueza de Nueva York debe decidir si confirma o no el plan presentado por la Junta de Control Fiscal para pagarle a los bonistas; la propuesta incluye aumentos en la tarifa eléctrica por unos 35 años
Una protesta en el 2017 en San Juan, Puerto Rico, contra las medidas de austeridad impuestas por la Junta. Crédito: Danica Coto | AP
Nueva York – Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), prevé que será “imposible” para Puerto Rico cumplir con el pago de la deuda bajo el plan de ajuste propuesto por la Junta de Control Fiscal (FOMB), por lo que de ser confirmado por la jueza Laura Taylor Swain, llevará a la “miseria” a los habitantes en la isla.
“Aquí estamos sufriendo varias situaciones socioeconómicas que afectan a la AEE; por ejemplo, todos los días hay personas que se están conectando a la energía renovable, son unas 50,000 que se están haciendo anualmente y esas son personas que están dejando de comprarle el servicio de electricidad a la Autoridad y son menos ingresos. A diario, hay compatriotas nuestros que están emigrando a EE.UU. en busca de mejores oportunidades de vida y de empleo. Esos son otros que dejan de consumir energía eléctrica. La tasa de nacimientos fue superada en el 2023 por la tasa de muertes; murió más gente que la que nació. Todos los días hay empresas, industrias y negocios que están cerrando porque no pueden operar. Todos esos ingredientes lo que están haciendo es descontando parte de la demanda por la energía eléctrica, y no se está pagando la deuda aún; imagínese si nos cae encima (ese plan), no nos iremos a la quiebra, nos iremos a la miseria”, expuso Rodríguez en entrevista con El Diario de NY.
La AJAEE es una de varias organizaciones, grupos e individuos particulares que se oponen al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la AEE, cuyas audiencias de confirmación culminaron el pasado 18 de marzo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey.
Ahora le toca a la jueza del distrito sur de Nueva York tomar la decisión de si confirma o no el PAD presentado por la Junta (Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico), ente federal que controla las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 como resultado de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico), aprobada en el Congreso de Estados Unidos.
Se espera que el fallo sea divulgado en algún momento en junio próximo.
Como parte de sus planteamientos en rechazo al PAD, Rodríguez afirmó que en el documento presentado por la Junta ni siquiera se considera el impacto de otros factores en el ecosistema energético como posibles desastres naturales en la isla que podrían traducirse en aumentos adicionales en la tarifa eléctrica.
“Con la admisión que ellos hacen de que la Autoridad debiera tener el dinero para esas contingencias, sencillamente a ellos no le importa. Ellos vinieron a cobrar, y los que vinieron a cobrar son los que, precisamente, no tienen derecho a cobrar…pero los que compraron esos bonos quizás a 50 centavos o a 20 centavos de dólar saben que los compraron bajo las condiciones de pago original, y saben que allí reina el ‘trust agreement’ (acuerdo de fideicomiso) que establece que en caso de una situación como ésta de quiebra, la Autoridad primero ofrecería el servicio, incluido todos los gastos que incidan para proveer el servicio al pueblo; y después, si hay dinero, entonces algo se le pagaría a los bonistas. Es la Junta la que se ha empeñado en pagarle a esas personas, a esas entidades que no tienen derecho a cobrar independientemente de las consecuencias que traiga para el pueblo de Puerto Rico”, expuso el líder sindical.
En ese sentido, Rodríguez añadió que el aumento tarifario que se extendería por unos 35 años podría resultar aún más devastador para los abonados de la AEE.
“Ellos admitieron que el consumo de energía al final del término de esos 35 años podría reducirse a un 40 % del total actual; y lo que estamos hablando es, sin incluir otros gastos como aumento en el costo de vida, por combustible, etc., podríamos estar pagando 140 % más dentro de 35 años en la tarifa. Estamos hablando que si ahora estamos pagando 20 centavos por kilovatios hora, (serán) sobre 60 centavos kilovatios hora cuando ese plan termine. Ese plan no lo aguanta el pueblo”, insistió.
El cargo legado por años
Al momento, el PAD que evalúa Taylor Swain como paso clave para avanzar en la reestructuración de la deuda de la Autoridad, incluye un cargo legado compuesto de tres partes. Una es la porción fija que, en el caso de hogares, será de $1 al mes. A esta tarifa se le sumarán dos adicionales por consumo; una hasta los primeros 425 kilovatios hora (kwh), y otra, por el consumo en exceso de tal umbral.
¿Negociado de Energía puede frenar los aumentos contenidos en el PAD?
Recientemente, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, indicó que el cargo legado, según dispuesto en el PAD, también aplicará de alguna manera a clientes de la Autoridad que cuenten con sistemas de energía renovable. Sin embargo, insistió en que la última palabra sobre cualquier aumento la tiene el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Rodríguez catalogó de “falacia” el argumento de la Administración del gobernador Pedro Pierluisi en el sentido de que el NEPR aplicará sus facultades legales para frenar aumentos incluidos en el PAD.
“¿Hay una disposición en ley que diga que el Negociado pueda frenar un aumento en la tarifa que imponga un Plan de Ajuste para la AEE?”, cuestionó El Diario.
“Eso es lo que dice la ley, pero la realidad técnica es que no han logrado hacerlo nunca porque cada vez que Luma (Energy) ha ido con una solicitud de aumento de tarifa, el Negociado ha tenido que concedérselo”, respondió al tiempo que calificó de “inoperantes” las leyes locales relacionadas con la privatización de la AEE bajo esa compañía y Genera PR.
Aunque a raíz de una decisión de Taylor Swain se redujo el monto de la obligación en más de 75 % o de $10,000 millones a unos $2,500, a juicio de Rodríguez, lo anterior no es convincente dado el hecho que los bonos de muchos de los acreedores a los que se le pretende pagar no estaban asegurados.
“La reducción a $2,500 millones podría parecer a simple vista un buen logro. El problema es que a esos acreedores a los que se le pretende pagar es a los que precisamente no hay que pagarles. Aquí la alternativa es, como cualquier caso de quiebra de cualquier hijo de vecino, si no hay la habilidad de pago, pues no se paga. Usted reorganícese y busque la forma de salir hacia adelante; y ustedes que le prestaron sabían que en situaciones como esta tenían el riesgo de no cobrar, y si no aseguraron su deuda, pues van a tener que perder ese dinero”, planteó el líder del gremio que representa a unos 15,783 jubilados de la AEE.
El Plan de Ajuste de la Deuda y las pensiones de los jubilados
El Sistema de Retiro de la AEE se encuentra insolvente desde abril pasado o solo contaba con fondos hasta esa fecha para pagar las pensiones debido a que la Autoridad dejó de aportar al bote.
En diciembre pasado, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó unánimemente un préstamo de $300 millones al Fondo General para poder pagar este año las pensiones de los empleados jubilados.
Las condiciones del préstamo incluyen que el primer repago se haga dentro de 35 años o en 2059, para cuando se supone que se completen los pagos bajo el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.
Aunque la deuda de la AEE con el Sistema de Retiro es parte del proceso de reestructuración bajo el Título 3, Rodríguez indicó que el asunto no ha sido resuelto como parte de la evaluación del Plan de Ajuste de la Deuda ante la consideración de la jueza federal del distrito sur de Nueva York.
“Ese dinero tiene que salir necesariamente de las tarifas. Pero para que no se aumentaran las tarifas, le propusimos al Gobierno y a la Junta, ‘mire, en el gobierno central hay dinero suficiente, hay cerca de 8,000 millones de dinero ocioso que son recaudos sobrantes’. Ustedes están pagándole pensiones a 180,000 jubilados del gobierno central. Eso cuesta $2,500 millones al año y se está pagando de nuestras contribuciones, y nadie se está quejando; pues, entonces, inclúyanos a nosotros en esa nómina donde hay suficiente dinero y sobra para pagar no solamente a los ya jubilados de por vida sino a aquellos que están trabajando y todavía no se han jubilado. Y eso podría tener un costo de $3,000 millones a 30 años”, contabilizó.
Rodríguez argumentó que cumplir con las pensiones de los jubilados no debería ser un desafío mayor en vista de que esa población (15,000) representa, aproximadamente, un 10% en comparación con el número de jubilados del gobierno central a los que se le continúa pagando las pensiones.
A preguntas sobre qué espera de la decisión de la jueza en vista de que esta solo puede confirmar o rechazar el plan y no enmendarlo, Rodríguez contestó: “Basado en los testimonios que hubo allí y las oposiciones y las admisiones, muy importante, que hicieron los promotores del plan de la inviabilidad del mismo, la jueza debe decir no ha lugar a la propuesta de la Junta de Control Fiscal con relación al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE. Hubo 21 oposiciones ante la jueza verbales”.
El entrevistado agregó que, si la jueza aprueba el plan, acreedores y otros sectores no conformes con el contenido del mismo, muy probablemente apelarán, lo que extendería aún más los procesos de quiebra que iniciaron hace 7 años.
“Lo que estamos viendo es que cuando la jueza baje con su fallo, cualquiera de las partes a favor o en contra va a apelar, así que esto pica y se extiende. Es cierto que hay una serie de bonistas que están oponiéndose al plan porque dicen que es muy blando al pueblo, porque nosotros podríamos pagar más; incluso llegaron al extremo de decir que muchos de los puertorriqueños, basados en la edad, no pagan hipotecas ni alquileres. Que las propiedades son nuestras y que basado en eso, pues podríamos pagar más. Van a meter la mano en el bolsillo todavía más abajo para sacarle más dinero a la gente, y esa es la actitud de los bonistas de un lado y de otro”, sostuvo.
Con el cierre del proceso de audiencias el pasado 18 de marzo, la AJAEE removió oficialmente el campamento que habían instalado en el exterior del tribunal federal desde el 4 del mismo mes, fecha de inicio de las audiencias.
En términos de los resultados de la movilización diaria, Rodríguez destacó que la denuncia logró llegar a más sectores del pueblo.
“El efecto para aquellos que están impulsando el plan pudo haber sido nulo, pero el efecto de denuncia, de más información al pueblo, y una manifestación y conciencia del pueblo mayor con relación a lo que nosotros estamos planteando, porque no solamente estábamos allí en lucha por nuestras pensiones, también estamos opuestos al plan porque somos parte de este pueblo, allí nosotros tuvimos grandes logros, y lo muestra el interés de la prensa, algo sin precedente en el caso de la Asociación de Jubilados por cubrir los eventos, porque a diario tuvimos cobertura de la prensa…”, señaló.
