Puerto Rico: Jueza de NYC accede a reabrir expediente de la quiebra de la AEE por reclamos de bonistas no asegurados que piden más dinero
El grupo de acreedores y bonistas no asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) considera que la corporación puede pagarle más de lo que se contempla en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) presentado por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR)
Una manifestante puertorriqueña protesta contra el pago de la deuda de P.R. a los bonistas. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – Laura Taylor Swain, la jueza federal que ve el caso por la deuda de Puerto Rico, accedió a examinar el pedido de acreedores y bonistas no asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como Assured Guaranty Corp. de reabrir el expediente, ya que que consideran que la entidad puede pagarles más como parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
El grupo le había pedido a la jueza del distrito sur de Nueva York que reabriera el archivo del caso por la quiebra de la AEE bajo Título III, porque entienden que la corporación puede cumplir con más que la cantidad establecida en el PAD que presentó la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que administra las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 como resultado de la Ley PROMESA.
“Las proyecciones de demanda revisadas proveen importante información financiera que demuestra que la AEE puede pagar a sus acreedores más de lo que se ha propuesto bajo el plan”, lee parte de la moción presentada por Assured Guaranty que reseñó esta semana El Nuevo Día.
En la cuarta versión del PAD, la Junta propuso que a los acreedores y bonistas se les pague $2,600 millones de dólares en comparación con el monto previo de $10,000 millones.
Para sostener su solicitud, los acreedores se refieren a nuevos datos de LUMA Energy, compañía privada encargada de la transmisión y distribución de la energía, que supuestamente demuestran que hogares y negocios en Puerto Rico consumirán más energía que lo estimado a mediados del año pasado. Debido a proyecciones de supuesta baja en el consumo energético fue que se redujo en un 75 % el monto inicial de la obligación.
De acuerdo con el grupo, las cifras de LUMA representan $1,500 millones más que lo previsto en recaudos.
“Los bonistas de la AEE solicitaron a la junta fiscal ajustar el plan para que se tome en cuenta esta nueva información crítica, pero la Junta no solo se rehusó a hacerlo, sino que ni tan siquiera consintieron a la solicitud de suplementar el récord de manera que se refleje esta actualización en las proyecciones”, declaró el licenciado Howard R. Hawkins, hijo, en representación de Assured Guaranty, según citado por El Vocero.
Preliminarmente, Taylor Swain coincidió con la postura de los bonistas y acreedores en el sentido de que hay que evaluar si el nuevo estimado presentado por LUMA Energy, el 1 de abril, con base en el Plan Integrado de Recursos (IRP) se debe tomar en consideración para establecer si el borrador es “justo y equitativo”.
La jueza resaltó que el concepto de “justo y equitativo” no se basa en una regla de prioridad absoluta dirigida al repago a los solicitantes.
Taylor Swain aclaró que considerará asuntos como la necesidad de la AEE de contar con suficientes fondos para la continuación y mejoramiento de las operaciones, y sus limitaciones prácticas a la hora de aumentar las tarifas.
La jueza dio hasta 10 de mayo a la Junta y otras partes involucradas para responder al planteamiento.
La carpeta será abierta para agregar el informe de LUMA Energy y la opinión de sus expertos.
El más reciente plan presentado por la Junta incluye un cargo legado compuesto de tres partes. Una es la porción fija que, en el caso de hogares, será de $1 al mes. A esta tarifa se le sumarán dos adicionales por consumo; una hasta los primeros 425 kilovatios hora (kwh), y otra, por el consumo en exceso de tal umbral.
Los propuestos aumentos en la tarifa a los puertorriqueños han generado múltiples protestas en la isla, incluyendo un campamento convocado por el Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), en el exterior del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, por dos semanas durante el transcurso de las audiencias para evaluar el PAD en marzo pasado.
Para los opositores, los aumentos en la factura que se extenderían por más de 30 años llevarán a una mayor crisis económica debido al cierre de negocios y la pérdida de empleos. También anticipan una mayor migración de boricuas a Estados Unidos.
La AJAEE en particular batalla para que no se recorten sus pensiones como parte de las disposiciones del plan.
Convenio de la Utier, otro asunto pendiente
Sobre la controversia por el convenio colectivo de los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la jueza ordenó esta semana a la Junta demostrar mediante una Declaración de Hechos Materiales sin Controversia (SUMF) la pertinencia de cancelar ese contrato como parte del PAD.
Con relación a este pleito, el organismo federal debe reunirse con los abogados del sindicato y responder antes del 13 de mayo.
“Este tribunal continúa urgiendo a las partes a trabajar seriamente y de buena fe para negociar una solución consensuada a sus disputas en conjunto con el Equipo de Mediación”, señaló Taylor Swain.
Se supone que en junio la jueza decida sobre si aprobará el Plan de Ajuste propuesto por la Junta o no.
Sin embargo, en vista de estas controversias, no está claro cuándo finalmente la togada tomará una determinación.
Expertos sobre el tema de la quiebra del Centro para la Nueva Economía (Center for New Democracy) han anticipado que la falta de consenso entre las partes sobre el alcance del plan podría conducir a una apelación del mismo ante el Primer Circuito de Boston.
