Defensores de migrantes demandan a la Administración Biden por nueva regla de asilo en la frontera
Grupos en defensa de inmigrantes y derechos civiles demandaron a la Administración Biden por la orden en la frontera que complica las peticiones de asilo y procesa la deportación acelerada de no ciudadanos
La Administración Biden impuso una nueva regla de asilo en la frontera que ahora enfrenta un desafío ante un tribunal. Crédito: David J. Phillip | AP
Varias organizaciones civiles en defensa de los inmigrantes y los derechos civiles presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden por una nueva norma que restringe el asilo y acelera las deportaciones.
“No nos quedó otra alternativa que demandar”, dijo Lee Gelernt, subdirector de la Oficina de Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Agregó que el Gobierno federal no puede apelar a una autoridad “unilateral”, para anular una ley aprobada por el Congreso, en referencia a las peticiones de asilo.
“La administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la Administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, dijo Gelernt.
ACLU se sumó al Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Jenner & Block LLP, ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) para presentar la demanda federal en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).
“Estas acciones ejecutivas cerrarán efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos”, advierten los demandantes. “La proclamación se hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración Trump, que los defensores de los derechos de los inmigrantes desafiaron con éxito [en tribunales]”.
La demanda indica que el acceso al asilo sólo es para personas que pueden conseguir una cita a través de la plataforma CBP One, la cual califican de limitada, además de que las nuevas evaluaciones son “limitadas”.
Agrega que estas disposiciones son contrarias a lo que estableció el Congreso.
“En todo el mundo, las personas huyen de la persecución y la tortura a un ritmo mayor que nunca. Es vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos haya optado por responder cerrando el acceso al asilo a quienes llegan a nuestra frontera necesitados”, expuso Keren Zwick, directora de litigios del NIJC. “No tenemos ninguna duda de que esta norma está haciendo retroceder a personas que, si el gobierno cumpliera con sus obligaciones legales, calificarían para recibir protección”.
Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados, se expresó en el mismo sentido, además de criticar al presidente Biden por sus acciones.
“El presidente no puede borrar décadas de leyes establecidas por mandato ejecutivo”, consideró.
La ley de inmigración
Javier Hidalgo, director legal de RAICES, destacó la promulgación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1965, así como la Ley de refugiados de 1980 que establecen los lineamientos para la protección de peticionarios de asilo.
“Nuestros funcionarios electos han revertido el espíritu mismo de las leyes que protegen los derechos humanos y legales no sólo de aquellos que buscan seguridad en el Estados Unidos, sino de todos nosotros”, consideró. “Sigue siendo impactante, si ya no sorprendente, que los mismos funcionarios electos que prometieron restaurar nuestro compromiso con las protecciones humanitarias estén más que dispuestos a sacrificar vidas, especialmente de personas de raza negra y de color, por puntos políticos y beneficios personales”.
La orden del presidente Biden especifica el cierre de la frontera cuando los encuentros con inmigrantes superen las 2,500 personas por día, esto además endurecerá las peticiones de asilo y permitirá las deportaciones aceleradas.
La decisión de reapertura será evaluada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, una vez que los encuentros con inmigrantes bajen a menos de 1,500 personas por día.
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